En los casos de corrupción de políticos, con ser muy grave que se lleven dinero, lo es mucho más lo que obtiene la empresa que soborna: que sus intereses se antepongan al interés general, esto es, torcer la voluntad ciudadana a favor de quien tiene dinero
¿Puede existir un corrupto sin que exista un corruptor? Para ser más precisos, ¿puede un responsable político o un alto cargo de la Administración cometer cohecho, es decir, ser sobornado, sin que alguien le soborne? La lógica dice que no. Si algún responsable público recibe o solicita dinero, o favores, habrá otro alguien que se lo da. Lo contrario sería algo así como un partido de tenis en el que sólo jugara un tenista. Esta lógica apenas se refleja en la cultura mediática en España.
Parece entenderse que el malo es el sobornado, que toma la iniciativa y chantajea al sobornador. ¿Siempre es así? Lo cierto es que el propio soborno conlleva esa pena. El corrupto que cobra da a cambio de ello dos cosas: el favor que se le retribuye y el asumir el riesgo y la culpa.
Algunas muestras de ello, ya conocidas.
El caso Filesa. Fue una trama del PSOE para costear sus campañas electorales. Se descubrió en 1991. La sentencia declaró probado que 10 grandes empresas habían pagado entre todas casi 1.000 millones de pesetas, en dinero de hoy serían 8,5 millones de euros. Entre ellas figuraban el Banco Central, el BBV, la petrolera CEPSA, Pryca, Focsa, luego transformada en FCC, Abengoa o Enasa. No hubo por ello adjudicaciones de obras, contratas o cosas por el estilo. ¿Qué obtuvieron a cambio? Sólo cabe entender que ganarse al partido en el poder con carácter general, lo que supone mucho más que una adjudicación aislada. Fueron condenados seis miembros de la trama y sólo dos empresarios. Estos, tan sólo a seis meses de arresto. ¿Iba implícita esta benevolencia del sistema judicial en el trato?
Caja B del PP. Los Papeles de Bárcenas, que el propio extesorero del PP ha confirmado como auténticos, recogen pagos al PP de unos 3 millones de euros, entre ellos, de grandes empresas: las constructoras OHL, Sacyr y FCC o Mercadona. Bárcenas ha negado que recibieran adjudicaciones concretas. ¿Por qué pagaban? Sólo cabe entender que por sostener el Partido Popular… y sus políticas.
El Código Penal no contempla esto como cohecho, pese a ser un soborno, porque no hay una contraprestación concreta del responsable político. Pero lo que se obtiene es mucho mayor: mantener en el poder al que puede favorecer sus intereses. De hecho, hay muchas maneras de ganarse a políticos o de sostener a partidos que favorecen los intereses de los poderosos, como la citada financiación por vías indirectas, colocarlos en puestos bien retribuidos en las empresas una vez finalizado su mandato público o apoyar a los medios de comunicación que les son más proclives. Todo ello por vía legal.
En los casos de corrupción de responsables políticos, con ser muy grave que se lleven dinero, lo es mucho más lo que obtiene la contraparte: que sus intereses se antepongan al interés general. En democracia, donde el interés general debe responder a la voluntad de los ciudadanos, consiste en torcer esa voluntad general a favor de quien tiene dinero para hacerlo.
Se entenderá esto más claro con un ejemplo: si un equipo de fútbol soborna a un árbitro, incluso aunque sea el mismo árbitro quien se ofrezca al trato, lo más grave para todo el mundo no será el dinero que se lleva el árbitro, sino que con la operación el club corruptor ha ganado ilícitamente el partido.
Me proponía escribir un artículo sobre el otro lado de la corrupción en nuestro país. Y no suponía que fuera tan difícil. Ya lo sabemos, a un lado juegan políticos, responsables de la Administración. En la otra parte de la pista ¿quién está? La cosa debería resultar elemental. Pues no lo es tanto. No quiere decir que los investigadores de los casos manifiestamente ilegales no lo puedan saber, pero los ciudadanos tienen poco conocimiento de ello. Se dice una vez, dos, en los medios de comunicación y apenas hay reproche social hacia esa parte que juega, si no oculta, sí en el lado sombrío de la pista.
Hago una prueba bien simple. Enciendo el ordenador. Voy a Google. Escribo «políticos acusados de corrupción en España». Le doy a return y ya está. Lo primero, Wikipedia. «Políticos de España implicados en casos judiciales». Sólo hay que abrir la página y allí los tenemos: más de 500 políticos. Y es una lista creo que incompleta. Pero ahí está. Le siguen otros artículos más o menos precisos: «Así se reparte la corrupción en España». «Cataluña lidera el ranking de corruptos procesados». «En España hay un total de 3.000 personas investigadas en causas de corrupción». En este se recuerda que hay políticos y empresarios de renombre, aunque de empresarios no se cita ni uno. Y así podemos seguir una, dos tres y tropecientas páginas.
Acto seguido tecleo en el buscador «empresas acusadas de corrupción en España». De nuevo le doy a return y encuentro «Tres empresas acusadas de corrupción en España fueron elegidas…» bueno, algo es algo… ¡ah, no! Se trata de una página de Chile. Lo mismo que la siguiente,… y la siguiente. La cuarta ya es española: una noticia de El País. Se refiere a las acusaciones que pesan sobre empresas que hicieron obras del AVE, pero no da nombres. En fin, el resto de las páginas que veo se ocupa de corrupción de empresas alemanas en Grecia, un soborno en Guinea y cosas así. No es que no se puedan encontrar. Es posible, pero tienden a pasar desapercibidas y en su gran mayoría son empresas pequeñas y medianas. Y eso que, según el Índice de Pagadores de Sobornos, de Transparencia Internacional, de 2002, citado por un estudio del Real Instituto Elcano, «las empresas españolas estarían en Latinoamérica situadas entre las más corruptas; en concreto, de los siete países más exportadores de la región, las empresas españolas sólo serían superadas por las chinas en su tendencia a sobornar». Hay que entender que en este caso debe tratarse sobre todo de grandes empresas, que son las que principalmente tienen presencia en Latinoamérica.
La ley de contratos con las Administraciones Públicas prohíbe en su artículo 60 contratar con la Administración a quien haya sido condenado por tráfico de influencias, cohecho, corrupción en transacciones económicas, delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores, entre otras cosas. Faltan cosas, como la financiación de partidos políticos, pero sería interesante saber a cuántas empresas les ha ocurrido esto.
Emilio de la Peña es periodista dedicado a la información económica. Antes en la Cadena SER, Cuatro y CNN+. @EMILIODELAPE