Recomiendo:
0

Alemania

Pobreza y salud pública bajo el régimen de las leyes Hartz

Fuentes: Viento Sur

La publicación, este mes, del informe anual del Gobierno alemán sobre la riqueza y la pobreza, que comprende 600 páginas, ha suscitado una gran controversia puesto que están previstas varias elecciones en diferentes estados y a nivel federal. Los datos más relevantes fueron destacados por la Ministra de Trabajo socialdemócrata, Andrea Nahles (desde diciembre de […]

La publicación, este mes, del informe anual del Gobierno alemán sobre la riqueza y la pobreza, que comprende 600 páginas, ha suscitado una gran controversia puesto que están previstas varias elecciones en diferentes estados y a nivel federal. Los datos más relevantes fueron destacados por la Ministra de Trabajo socialdemócrata, Andrea Nahles (desde diciembre de 2013, después de haber sido Secretaria General del SPD de noviembre a enero de 2014) durante una conferencia de prensa (1).

Los hogares pertenecientes al grupo del 10% más adinerado poseen más de la mitad de la riqueza total, mientras que la mitad más desfavorecida de la población se reparte solamente 1% de esta riqueza. Además, el crecimiento no beneficia de la misma manera a un grupo u otro. A propósito de esto, la ministra hizo una comparación muy reveladora: «Las cuatro décimas partes más desfavorecidas de la población asalariada ganaron en 2015 menos que en los años centrales de la década de 1990». Una frase comprometedora fue suprimida del informa final bajo presión del ala conservadora de la gran coalición: «La probabilidad de que ocurra un cambio de rumbo político es mucho más elevada si este cambio es llevado a cabo por un gran número de personas que dispongan de un sueldo superior» (Frankfurter Rundschau del 12 de abril de 2017). Hay que entender, implícitamente, que las clases populares son excluidas progresivamente de los mecanismos de la democracia burguesa representativa.

Para aprehender la realidad social de Alemania, es útil mirar las estadísticas de la pobreza recogidas por Eurostat. Según esta plataforma, el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social se elevaba en este país a 16,8 millones en 2015, que representa una proporción del 20,6%. Si se compara esta situación en varios países en 2015, estas cifras alcanzan en Francia a 11,05 millones de personas (17,7% de la población total); en Italia, 17,47 millones de personas (28,7% de la población total); en Suiza, 1,48 millones de personas (18,2% de la población total). Eurostat elabora el indicador estadístico de las «personas en riesgo de pobreza o de exclusión social» contando las personas cuyos ingresos disponibles se sitúan por debajo del umbral de la pobreza fijado en el 60% del salario medio nacional. El cálculo de los ingresos disponibles expresa relativamente bien el bienestar material o su ausencia, pues este dato busca cuantifica el presupuesto que les queda a las familias después de que hayan pagado el conjunto de los «gastos obligatorios» (alquiler, seguros etc…), es decir, lo que les queda a fin de mes para el consumo corriente y un eventual ahorro. Además, hay que recordar que las ayudas sociales ya están incluidas en el cálculo de ingresos disponibles hecho por Eurostat. Por otra parte, la mediana es una medida de reparto de un fenómeno que está mucho menos perturbada por los desequilibrios que la media.

Si nos atenemos a las definiciones de Eurostat, el indicador de «riesgo de pobreza» resume así el número de personas que están amenazadas por la pobreza y/o viven en el desenlace material y/o viven en hogares con baja intensidad laboral. La categoría de hogares con escasa intensidad de trabajo agrupa a todas las personas con edades comprendidas entre 0 y 59 años que viven en un hogar donde los adultos trabajaron un 20% o menos de su potencial total de trabajo durante el último año. Para comprender el alcance de estos datos estadísticos, conviene, sin embargo, añadir dos observaciones críticas. De entrada, la proporción de «personas en riesgo de pobreza» medida a nivel nacional no refleja las disparidades regionales existentes en el interior del país. Y también, tales cifras solo traducen parcialmente, incluso si se consideran series de varios años, el aspecto dinámico de la pobreza y del paro (se puede tomar la imagen de la rotación o bien la del inglés turn over) que puede representar un «tránsito» de la vida de un individuo o un hogar, dejando profundas huellas en términos de estima de uno mismo, de horizonte de espera y de lo que se está dispuesto a aceptar o no como trabajo. La contribución del informe da elementos de respuesta respecto a este tema que aprehende la pobreza en Alemania de forma global considerando todas las dimensiones sociales.

Las contrarreformas de la «Agenda 2010» llevadas a cabo bajo la coalición roja-verde del canciller Gerhard Schröder (SPD) y de Joska Fischer (Verts), introducidas en 2005 (fecha de entrada en vigor de la última ley Hartz IV (2), han cambiado hasta tal punto la imagen de Alemania, que hoy se puede hablar, sin exageración, de la «sociedad Hartz IV». Al contrario de las promesas que suelen acompañar habitualmente a este tipo de «reforma», el paro masivo no fue suprimido mientras que la pobreza se multiplicó lo que llevó a una degradación del estado de salud de una gran parte de la población y del deterioro al acceso de cuidados.

Precarización del trabajo y normalización de la pobreza: principales dificultades de la «política de reformas» de la comisión «Hartz»

La ley conocida como «Hartz IV» y que se puede traducir como «Cuarta ley introductoria de servicios modernos en el mercado de trabajo» condujo a una aguda degradación de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de las personas afectadas sea de forma directa o indirecta. Esto repercute, en la mayoría de las personas, de forma negativa en su salud. El conjunto de la sociedad sufre las desastrosas consecuencias puesto que (después de 10 años de «régimen Hartz»), millones de personas ya no disponen de una relación laboral que les permita el pago de las cotizaciones sociales, lo que significa que no disponen de ninguna protección ante los riesgos elementales de la vida (los salarios de miseria subvencionados en el marco de la «Hartz IV» estaban vinculados a la dispensa de cotizaciones sociales). Ahora bien, cuando semejante protección existía a pesar de todo, las personas asalariadas, estaban contratadas de forma interina, temporal, es decir, a tiempo parcial (a menudo, obligatoria). Incluso en el sector público, la proporción de CDD (Contrato de Duración Determinada. ndt) está en alza. La creación de un amplio sector de bajos salarios llevó a aumentar enormemente la presión sobre las personas asalariadas a menudo sometidas a relaciones de trabajo precarias y/o atípicas.

Esta presión suscita problemas de salud, así como enormes presiones psicosociales para las personas asalariadas y sus familias. Desde hace una decena de años, el aumento de la exigencia de rentabilidad, la «caza al retraso» (Terminhetze) así como el estrés permanente están a la orden del día en el mundo del trabajo, lo que enferma a muchas personas. Esta realidad no ha caído del cielo sino que ha sido moldeada por la «Agenda 2010» de Gerhard Schröder y las leyes Hartz.

En lugar de ser estimulado por las «reformas» de Hartz IV, el mercado de trabajo alemán ha sido completamente desequilibrado. La fórmula «pequeños trabajos en lugar de puestos de trabajo» resume bien la profunda dinámica de precarización consecuente con el boom de los contratos de trabajo itemporales, trabajo (seudo-)autónomo, «miniempleos» y Ein-Euro-Job (3). El mundo del trabajo en Alemania ha sufrido drásticas modificaciones, el carácter precario de una amplia parte de las relaciones laborales desencadena efectos deletéreos sobre la psique de las personas que son privadas del acceso a un contrato de trabajo regular.

Como cada vez son más las personas asalariadas (algunas a jornada completa) que utilizan los subsidios Hartz IV (Arbeitslosengeld II) (4) a título pretendidamente complementario, es decir, que están obligadas a sumar a estas ayudas a su magro sueldo existente en el sentido de un «salario combinado» (Kombilohn), el «régimen Hartz» ha llevado, de hecho, a un sistema que estimula la bajada del nivel salarial. El término «seguridad social mínima» utilizado para calificar las ayudas pagadas en el marco de Hartz IV es engañoso. En realidad, se trata de una garantía pública que impide la quiebra personal en un gran número de personas asalariadas cuyo empleo no les permite salir de la pobreza (working poor).

La consecuencia más importante de estas políticas es la subvención ilimitada por los poderes públicos del dumping salarial, realidad que perdurará mientras no haya una regulación eficaz de lo que es aceptado por la sociedad como límite inferior de los salarios. Debido al endurecimiento de las reglas relativas a la aceptación así como a la enorme presión consecuencia de las «sanciones, Hartz IV» entrega permanentemente nuevos miembros al sector de bajos salarios.

Werner Seppmann, un filósofo alemán, describe Hartz IV como un «sistema de presión social» cuyas rígidas reglas operan mucho más allá de las personas afectadas por los despidos o el desclasamiento social: «Las reglas propias de de Hartz IV tienen una función disciplinante igualmente entre quienes tienen todavía un empleo, que están estrangulados por el miedo al paro y la degradación de las condiciones de vida que se deriva automáticamente del régimen Hartz». Entre las personas que sufren este régimen «presión social», Hartz IV deja un sentimiento de impotencia, el sentimiento de estar entregado a una maquinaria, lo que es susceptible de robarles las ganas de vivir.

Una de las consecuencias más destructiva atribuidas a Hartz IV en gran parte de la literatura especializada es la pobreza. Esto se explica por el hecho de que la llamada «seguridad social mínima para personas en búsqueda de empleo» tiene un doble efecto fatal: por una parte, muchas personas, en primer lugar, aquellas que están empleadas en el sector de los bajos salarios o las que tienen un engañoso estatus de autónomos (a menudo, la empresa cuenta con un solo empleado) recurren a las «ayudas Hartz IV» (Arbeitslosengeld II), aunque no osen o no habrían osado probablemente ir al asilo (Sozialamt), molestas por tener que pedir ayuda social para ellas mismas y sus allegados. Por otra parte, millones de parados de larga duración, que antes eran beneficiarios de del subsidio del paro (Arbeitslosenhilfe) o que se habrían convertido en beneficiarios, ya no reciben más que una pequeña ayuda o ninguna. Este cambio viene del hecho de que los ingresos del compañero o de la compañera del demandante (por ejemplo, el marido o la mujer, o la pareja con un buen sueldo) es tenida en cuenta de forma mucho más estricta en el cálculo de las «prestaciones debidas» (Leistungsanspruch) en el «régimen Hartz IV», lo que afecta mayoritariamente a las mujeres.

Entre las personas afectadas, se encuentran muchos alemanes y alemanas del este, pues el desmantelamiento masivo de puestos de trabajo en la ex-RDA creó un ejército de paradas y parados de larga duración o permanentes. A esto se unen los convenios de ramo casi inexistentes y un nivel salarial que aún permanece netamente inferior al que está en vigor en la Alemania del Oeste incluso décadas después de la caída del Muro. Además, las mujeres de Alemania del Oeste y, mientras una gran parte de ellas se han reencontrado con el paro, todavía están más afectadas por el mecanismo consistente en deducir de la cuantía de sus subsidios, el sueldo de su pareja. Provocando la reducción, incluso la supresión completa de las ayudas de muchas mujeres de la Alemania del Este, Hartz IV refuerza la fractura social este-oeste en la Alemania pos-reunificación, en lugar de eliminarla o amortiguarla (como lo prometieron muchos vates de las «reformas del mercado del trabajo»).

Las «leyes Hartz» pesan más sobre las mujeres, especialmente cuando se trata de madres solas con hijos o hijas a su cargo. Hartz IV prevé sin duda que las madres solas que tengan hijas o hijos a su cargo de menos de tres años sean dispensadas de buscar trabajo. Sin embargo, Manuela Schwarzkopf, una buscadora de empleo vinculada hasta 2017 al l’Institut für Arbeit und Qualifikation (IAQ) de la Universidad Duisburg-Essen, mostró que las oficinas de empleo (Jobcenters) asignaban de forma implícita o explícita, a estas mujeres (criando solas a sus criaturas o no) al trabajo del hogar y de cuidados sin que les fuera permitida la posibilidad de una decisión consciente o activa.

Las personas solas con criaturas a su cargo mayores de tres años, mayoritariamente a cargo de mujeres, están obligadas a buscar un trabajo, mientras que las infraestructuras dedicadas al cuidado de las criaturas (guarderías, escuelas infantiles) permanecen poco desarrolladas y la asunción de estos gastos por parte de las oficinas de empleo (Jobcenters) es una decisión discrecional, (es decir, dependiendo del funcionario o funcionaria que se encargue de la adjudicación de la plaza, con la obligación de lograr unas «cifras» y ellas y ellos mismos, bajo presión). Karin Lenhart-Roth, profesora de la Haute-école spécialisée de Hannover, mostró en un estudio de 2009 que el «régimen Hartz» no tenía demasiado en cuenta las desigualdades de género. Sobre la base de entrevistas con mujeres afectadas por las «leyes para la reorganización del mercado laboral» en Berlín, una ciudad de donde un 20% de la población total es obligada a vivir bajo el régimen de Hartz IV, llegó a la conclusión de que «los derechos económicos y sociales de las mujeres no han mejorado con las nuevas reformas del mercado laboral», sino que están masivamente en peligro a causa de ellas (5)».

Los jóvenes adultos solo reciben contratos de trabajo temporales (CDD) e intentan apañarse trabajando como pseudo -independientes con contratos remunerados por hora (Honorarverträge) o bien con jobs de auxiliares mal o no pagados en absoluto (Generación precaria). Los adolescentes, la gente joven y los jóvenes adultos, que no encuentran ni puesto de trabajo, ni de aprendices, están también desfavorecidos por la legislación Hartz IV en la medida en que son objeto de sanciones más frecuentes y más duras que sus mayores, con la única excepción a su favor en relación al registro tardío en la oficina de empleo (pues es difícil por no decir imposible, a causa de la precariedad de los contratos, «anticipar» su propio sistema de paro).

Desde la entrada en vigor de las «leyes Hartz», las personas migrantes han sido, de forma general, más duramente expuestas al riesgo de marginación social que las personas nacidas en Alemania. Esto, sobre todo, afecta a personas que disponen de un permiso de estancia precario así como a sus hijos e hijas. La nueva reglamentación sobre la aceptación han empujado a los alemanes y a las alemanas y a quienes tienen ciudadanía de la UE que disponen de un acceso al mercado de trabajo privilegiado en relación a emigrantes extra-comunitarios, a aceptar mini-trabajos con salarios bajos que antes no eran atractivos para las personas alemanas y se dejaban a las emigrantes . En consecuencia, el sector de empleo accesible a las personas migrantes extra-europeas, se ha contraído mucho más, lo que ha provocado un tendencia al alza del paro de esta categoría de asalariados y asalariadas.

No se necesita ser profeta para anunciar que una de las consecuencias tardías de las leyes Hartz será un agravamiento de la pobreza de las personas mayores entre quienes hoy están obligados a percibir «ayudas Hartz IV» (Artbeitslosengeld II), de larga duración, que son personas asalariadas precarias o bien empleadas en el sector de bajos salarios. Poco a poco, el estado federal alemán ha reducido el montante de las cotizaciones orientadas a la previsión de la vejez y las ha traspasado a favor de los parados y paradas de larga duración hasta que ese montante fuera reducido a cero el 1 de enero de 2001.

Según las investigaciones de Tatjana Mika, Janine Lange y Michael Stegmann (2014), se ha demostrado que eximir de las cotizaciones para las pensiones durante la percepción de las «ayudas Hartz IV», disminuye las posibilidades de «recuperar» los derechos de previsión para la jubilación pagando posteriormente las cotizaciones porque esta posibilidad está condicionada a periodos de cotización obligatoria (6). Esto vale, especialmente, para las pensiones de jubilación referidas a personas inválidas, cuyo pago está condicionado a haber cotizado directamente durante los tres años anteriores a la entrada en invalidez confirmada por un médico.

En la literatura especializada, las opiniones divergen mucho en cuanto a saber si Hartz IV provoca la pobreza o si se trata de un sistema que protege de la prevención de esta con éxito. Esto no es muy sorprendente, si se considera que el concepto de «pobreza» dispone de una semántica compleja y multidimensional, y que no tiene el mismo sentido si se utiliza en un contexto político-normativo o en un contexto moral, en el que su utilización, frecuentemente tiene una carga emocional. De este modo, Joss Steinke, actual director del departamento de Trabajo Social – Europe» de la institución de caridad Arbeiterwohlfahrtsorganisation(AWO) (7) y antiguo colaborador del Institut für Arbeits- und Berufsforschung (IAB) (8) de Núremberg, pretende que la mayoría de los estudios no indicarían un aumento sistemático o la multiplicación de los casos de pobreza pues las ayudas Hartz (Arbeitslosengeld II) cubrirían, al menos, las necesidades básicas. Sin embargo, lo que no busca ocultar en su artículo de 2011 con el título de «Macht Hartz IV arm?» (¿Hartz IV crea pobreza?), es el hecho de que las familias en cuestión no tienen ninguna posibilidad de ahorrar dinero: «su cotidianeidad está marcada por una economía de penuria». En un informe de investigación publicado por IAB en 2012, se encuentra el dato de que los momentos de carencia en la compra (Versorgungsengpässe) de las personas bajo el «régimen Hartz IV» son «fenómenos ampliamente extendidos». El informe precisa: «Entre las personas que perciben la ayuda (Hartz IV) , por ejemplo, es cuestión de reemplazar una parte de la iluminación eléctrica (de su vivienda) por velas, por interrumpir el abono telefónico, de rechazar invitaciones (para evitar gastos de ocio), renunciar a fiestas familiares como los cumpleaños o las de navidad. Así mismo, se trata de no utilizar el sistema de salud (un eufemismo para describir la privación de cuidados), las privaciones en alimentación y en las dietas prescritas por los médicos así como problemas suscitados por el hecho de que algunos aparatos electrodomésticos o muebles no han sido reparados o reemplazados cuando era necesario».

Incluso si la llamada «seguridad social mínima para personas en búsqueda de empleo» con su montante reglamentario de 399€ (2015) para las personas solas con criaturas a su cargo así como la asunción por parte de la oficina de empleo de los costes de alojamiento «en una proporción aceptable» era suficiente justamente para garantizar un nivel mínimo existencial en términos socio-culturales, esto significa que cada error de cálculo o cada restricción seguida de una sanción precipita a los beneficiarios en una pobreza relativa. Este término recupera una realidad en la que las necesidades básicas están cubiertas ciertamente -una alimentación suficiente, una vivienda y ropa adecuada a las condiciones climáticas, un acceso a la atención sanitaria básica-, pero donde ni la participación en la vida social y cultural, ni el mantenimiento de relaciones humanas regulares (con sus parientes, amigos y personas conocidas) son posibles. En el caso de una sanción que prive de todas las ayudas (llamada «Totalsanktion» en el neo-lenguaje de Hartz) lo que en la mayoría de los casos lleva a una pérdida total de recursos y, para los menores de 25 años, acarrea la pérdida de vivienda pues la oficina de empleo pone fin de forma temporal a pagar el alojamiento y los gastos de calefacción y entonces sobreviene una realidad que muestra la pobreza absoluta, extrema, o sea, vital (9). Este término describe un estado en el que la persona no está en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas y se ve obligada a vivir en un nivel de vida mínimo, en el sentido físico del término. Es más apropiado decir vegetar en lugar de vivir.

Pobreza, exclusión social y salud

Las crisis económicas, financieras y monetarias, pero también las llamadas reformas sociales como las «leyes Hartz», provocan no solo restricciones materiales sino también daños psico-sociales en términos de salud pública. Quienes tienen que apañarse con la tarifa reglamentaria de Hartz IV acompañada del reintegro de los gastos de alquiler y calefacción cuando es el caso, no están en condiciones de alimentarse correctamente ni de participar según su propia elección y gusto en actividades de la vida social, cultural y política. Cada restricción se siente de forma atroz y reduce a nada las posibilidades de realización como persona. Por lo tanto, Hartz IV relaciona una morbilidad y una mortalidad más elevadas entre las personas sometidas a este régimen que en un grupo con características demográficas comparables pero formado por personas más ricas y mejor situadas.

Las paradas y parados de larga duración, no solamente están fuera de lo que es clasificado como «primer mercado laboral» (por oposición al segundo mercado laboral, constituido por las medidas de obligación al trabajo y ocupación temporal) sino que son objeto de una difamación pública donde se les trata regularmente como «vagos», «perezosos», «parásitos sociales». Frente a esta presión, a menudo, reaccionan retirándose a su esfera privada y adoptando una actitud resignada. La mayor parte del tiempo, les falta el tejido de relaciones sociales susceptible de impedir la degradación de sus condiciones de vida, de la misma forma que les falta la confianza en sí mismas necesarias para hacer frente a un entorno hostil. El aislamiento social combinada con la falta de recursos monetarios, provoca fácilmente un ambiente tenso en el seno de la familia, conflictos recurrentes y un estrés cotidiano cuando la situación no esta agravada por la ruptura o el divorcio del cónyuge o pareja y/o un consumo excesivo de alcohol. Las personas beneficiarias de las ayudas Hartz IV (Arbeitslosengeld II) solo logran llevar una vida más o menos satisfactoria en casos excepcionales, cuando disponen de factores de resiliencia o de condiciones especiales que las protegen de la pobreza.

La soledad, el aislamiento social, la resignación son las consecuencias casi automáticas de una percepción de las «ayudas Hartz IV» de larga duración o de forma permanente. La angustia sobre el futuro, las crisis de ansiedad, los cambios de humor son verdaderos obstáculos para el bienestar de las personas afectadas, el de sus parejas y el de sus familias. Los problemas psicosomáticos, manifestados por dolores de cabeza o de vientre, son para los miembros que son denominados como «hogares Hartz IV», un problema cotidiano. De la misma forma, se registra entre este sector de la población, un aumento de las enfermedades crónicas así como una tasa más elevada de embarazos de riesgo y de muerte prematura de lactantes. Las hijas e hijos de los «hogares Hartz IV», a menudo, sufren complejo de inferioridad, falta de confianza en sí mismas, de depresión, así como de síndromes que acompañan la percepción de las «ayudas Hartz IV» de larga duración o permanente. El espacio reducido unido a las condiciones precarias del alojamiento así como la ausencia de espacios de aislamiento, contribuyen a desfavorecer a estas criaturas en todas las dimensiones de la vida.

Ocurre lo mismo en las cuestiones de salud que está menos desarrollada entre los jóvenes que reciben ayudas del «régimen Hartz», lo que se traduce en una higiene dental deficitaria y en la negligencia en los controles profilácticos. La mala alimentación extendida entre las familias pobres se encarga del resto, lo que supone un riesgo de caer enfermo más elevado entre las personas beneficiarias de las ayudas Hartz IV o entre sus cercanas. Si la pobreza sobrepasa un corto periodo o bien acaba imponiéndose en la vida de un hogar, provoca enfermedades y contribuye a reducir la esperanza de vida de las personas afectadas o amenazadas. Un enorme estrés y un peso psíquico aplastante pueden estar ocasionados por el hecho de no poder «seguir» un plan económico y no poder pagarse una gran parte de lo que es considerado como normal a los ojos de las otras personas en la sociedad de consumo y del bienestar en la que vivimos. La reciproca no siempre es verdad pues cualquier persona enferma no se convierte automáticamente siempre en pobre. Sin embargo, las personas desfavorecidas, que de forma general, están más expuestas a la pobreza que las personas más holgadas económicamente, se pueden precipitar fácilmente en una situación intrincada a causa de los gastos médicos. En este sentido, la enfermedad provoca la pobreza de muchas personas pues se encuentran en la incapacidad económica de asumir los costes relativamente elevados de los tratamientos médicos, de las medicinas, de los medios terapéuticos así como de la prestación de los cuidados en un sistema de salud que está cada vez más sometido a una lógica empresarial, a las privatizaciones y a la comercialización bajo el signo del neoliberalismo.

Según un estudio del Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) datado en 2014, el 20,2% de la población no dispone de reservas económicas, mientras que el 7,4% tienen más deudas que ahorros. Para estos dos grupos estadísticos, esto significa, claramente, que cada enfermedad grave o despido es susceptible de hacerles caer en la pobreza.

Las personas afectadas por Hartz IV son objetivo de exclusión social, sufren discriminaciones en casi todos los ámbitos de la vida y padecen cotidianamente la experiencia de sentirse en desventaja. El sociólogo Klaus Dörre, con su equipo de investigación, califica el sistema de Hartz IV de «régimen de endurecimiento de las reglas de aceptabilidad» (Régime strenger Zumutbarkeit), cuyos mecanismos arrastran a quienes perciben las ayudas Hartz IV (Arbeitslosengeld II) a un círculo vicioso que combina ausencia de perspectivas y ociosidad. Las personas en paro son arrastradas a una verdadera espiral infernal, las experiencias frustrantes se acumulan, lo que hace que las tendencias a la resignación les superen poco a poco y se vuelvan cada vez menos exigentes consigo mismas resultando todo en un descenso de la actividad. Inge Hannemann, antigua empleada de la oficina de empleo, autora crítica de las «leyes Hartz IV» y política de Hamburgo, mostró en una publicación de 2012 que la percepción de «ayudas Hartz IV» tiene consecuencias negativas para la salud: «Lo que salta a la vista es, especialmente, el aumento de las enfermedades psíquicas como la depresión y las alteraciones psicosomáticas».

Las susodichas reformas del mercado laboral de la coalición roja-verde (de Gerhars Schröder y Joska Fischer) tienen graves consecuencias en términos de salud pública, al nivel psíquico y sociocultural para las personas en paro y sus más cercanas. Sin embargo, las consecuencias son subestimadas la mayoría de las veces.

Mientras que los problemas de salud y las restricciones psico-sociales de las paradas y los parados y sus personas cercanas aumentan, a menudo, faltan los recursos para poder acceder a una terapia adecuada. Por regla general, las políticas de salud pública no se destinan a los pobres sino que más bien favorece a los ricos y poderosos. Por ejemplo, cuando el pago de los gastos de consulta (Praxisgebühr) en cada visita médica fue abolido en enero de 2013, nadie habló de las consecuencias que suponen este pago obligatorio que disuaden a los beneficiarios de las ayudas Hartz IV de ir al médico a causa de la falta de recursos económicos. En realidad, es sobre la base de un chanchullo entre los partidos en el poder que triunfó esta decisión mientras que es fundamentalmente justa y debería haber sido tomada antes. Para lograr que el FDP acepte las ayudas por tener a cargo criaturas (Betreuungsgeld), una medida querida por la CSU bávara pero muy controvertida, la fracción parlamentaria CDU/CSU aportó sus votos a su pesar para la supresión de los gastos de consulta para hacer un favor a los profesionales médicos y dentistas (una clientela habitual del FDP (Partido Democrático Libre) – para quienes este reglamento era desde hacía tiempo una piedra en el zapato a causa del trabajo administrativo suplementario que esto generaba.

Las «tablas de alimentos «, el compromiso de las organizaciones de caridad y «el nuevo ostracismo» en una sociedad bajo el «régimen Hartz IV»

En medio de la década de 1960, hace medio siglo, no llegaba a un millón de personas las que recibían prestaciones por desempleo (Arbeitslosengeld) o la ayuda destinada a los parados (Arbeitslosenhilfe), o ayuda social. En aquella época, una niña o niño entre 75 vivía en una familia beneficiaria de subsidios (Hilfe zum Lebensunterhalt – HLU). Después de la entrada en vigor de la Cuarta ley para las prestaciones de servicio modernas en el mercado de trabajo (Cuarta ley Hartz o «Hartz IV»), el número de personas que viven en un «hogar que percibe ayudas Hartz IV» (Bedarfgemeinschaft), ha alcanzado durante un periodo la cifra de 7,5 millones, en un total de 4 millones de hogares. Esta estadística incluye alrededor de 5,5 millones de personas que se benefician de las prestaciones Hartz IV (Arbeitslosengeld II) y alrededor de 2 millones de personas que reciben ayuda social, la mayoría de jóvenes menores de 15 años. Esto representa más de una décima parte de la población total de menos de 65 años. Solamente después del endurecimiento de los criterios propios de la ley Hartz IV, desde junio de 2006, es cuando el número de «hogares que perciben las ayudas Hartz IV» ha disminuido de forma continua. Esto vale también para el número de personas directamente afectadas por Hartz IV, aunque esto haya comenzado a crecer de nuevo después de la crisis bancaria, financiera y económica. Si se compara con el pico estadístico de mayo de 2006, la cifra de personas que se benefician de las «ayudas Hartz IV», sin duda, ha bajado del 20% alcanzando la marca de 6 millones, sin embargo, hay que tener en consideración que cerca de una persona de dos de ese grupo recibe ayudas de forma permanente.

A causa de la gran fluctuación en el sistema Hartz IV, un número elevado de ciudadanas y ciudadanos han tenido una vez, o incluso de forma repetida, la experiencia deprimente de las «ayudas Hartz IV». Además, la parte no visible de las estadísticas continúa siendo importante, es decir, la proporción de personas que tienen derecho a las ayudas pero que no las piden por variadas razones (falta de información, miedo a las autoridades, dificultades para enfrentarse a las numerosas formalidades burocráticas, vergüenza ante sus parientes, vecinos o amigos, falso orgullo, etc.). El hecho que la cifra de las personas perceptoras de ayudas haya bajado últimamente como por otra parte, el montante correspondiente a las sumas pagadas, no tiene su causa en una hipotética disminución de la emergencia social de las personas paradas sino, principalmente, en la política llevada bajo el auspicio de las «reformas Hartz IV» de las oficinas de empleo y las autoridades que garantizan la ayuda social, lo que se traduce en un drástico endurecimiento de los criterios para adjudicar las ayudas, por un reforzamiento de los mecanismos de control y por la generalización de las medidas represivas.

Hoy, la realidad social no solo está caracterizada por un aumento claro de las personas necesitadas en comparación con la situación que prevalecía hace 50 años. El hecho de que la proporción de personas dependientes de las transferencias sociales sea mucho más elevada que antes, ha provocado un giro en las relaciones entre el estado y las personas perceptoras de ayudas así como entre estas últimas y el resto de la ciudadanía. De forma general, la «legislación Hartz IV», cambió la cara de Alemania de forma mucho más profunda que algunos cambios de rumbo votados por el parlamento en la posguerra. El estado providencia alemán, su cultura política, y la forma como las cuestiones sociales eran tratadas en una sociedad basada en decenios de «consenso» en relación a las orientaciones socioeconómicas importantes, todo esto ha sido puesto profundamente en cuestión. Si se pregunta sobre la amplitud de los daños inmateriales que Hartz IV causa o deja como huellas profundas en las personas afectadas teniendo en cuenta heridas psíquicas o los cambios en la forma en la que cada cual puede contemplar su vida cotidiana, probablemente no es completamente equivocado comparar el paquete de las» leyes Hartz IV» con las dos guerras mundiales.

Ver en Hartz IV solo una reforma laboral es engañoso. No se puede comprender la legislación Hartz sin vincularla con las intenciones mucho más generales de sus autores que ambicionaban una política que aspirara a cambiar las coordenadas de la sociedad. No se trataba únicamente de dar golpes en uno de los ámbitos clave de la providencia social, sino mucho más de introducir un cambio de paradigma en las políticas sociales e inherentes al mercado laboral. Para decirlo de otra forma: se trataba de imponer una decisión de mayor amplitud que afectara la orientación general de una sociedad, capaz de cambiar la faz de la República federal de Alemania durante decenios -orientación que está presente desde el principio.

Se puede hablar de un sistema totalitario considerando el sistema Hartz IV, en la medida en que se inmiscuye en todos los poros de la sociedad. no dando ningún respiro a las personas afectadas, tomando el control total de su vida cotidiana y forzándolas a poner el conjunto de su vida social a su servicio. Matthias Bohlender, profesor de politología en la Universidad de Osnabrück, ve en la representación de los «parados y paradas» estructurando el sistema Hartz un tema deficitario y marcado por la insuficiencia cuyo desfallecimiento psicosocial impide salir del estado de «paro».

Luego, (la legislación Hartz) crea el cuadro psico-político de una intervención en la que la transformación y la activación (del individuo en paro) son predecibles: «Así, no se apoya solo la transformación de toda la maquinaria administrativa (la oficina de empleo se convierte en agencia de empleo, la ayuda social y el subsidio de paro se fusionan) sino que se crea un amplio campo de intervención pública en las que se crean tecnologías que se inmiscuyen hasta los rasgos más íntimos de la vida: las relaciones sociales de una persona, sus costumbres cotidianas y alimenticias, en fin, se trata de intervenir de la forma más profunda en la manera en la que los individuos, familias y parejas funcionan cotidianamente (10)»

Encargada por el Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung de la iglesia protestante-reformada de Hesse et Nassau, la investigadora Anne Ames estudió en 2017 lo que viven las personas perceptoras de las «ayudas Hartz IV». Incluso en el caso en el que las personas necesitadas reciban una ayuda de un montante correcto y en el plazo, lo que es muy raro si se cree en la opinión de la mayoría de quienes tienen derecho así como de los servicios que los atienden, Hartz IV no ofrece una suficiente seguridad mínima. Las personas interrogadas, que dicen de ellas mismas estar «empobrecidas, inseguras, excluidas y carentes de perspectiva», llevan al autor a la siguiente conclusión: «La cuantía reglamentaria de las ayudas es demasiado baja para permitir mantener contactos sociales, demasiado baja para llevar una vida que no esté socavada por las preocupaciones económicas permanentes y por el miedo omnipresente a ser golpeado por una desgracia por pequeña que sea». La documentación muy completa recogida por Anne Ames permite hacerse una idea de la inmensa angustia humana presente en el mundo de Hartz IV donde reina el hambre, la oscuridad, el frío (a causa de los cortes de electricidad y gas provocados por las sanciones) así como las depresiones y los suicidios provocados por la total desesperación a donde llevan las trabas de las oficinas de empleo (11).

Mientras que en otros países existen guetos de pobreza y chabolismo, en Alemania, los pobres se concentran en los barrios miserables de las grandes ciudades que se llaman de forma despreciativa «zonas de tensión social» (soziale Brennpunkte) o utilizando un eufemismo» barrios con las necesidades prioritarias en ordenación». Allá abajo, las personas «abandonadas» hacen la cola delante de los comedores populares que hoy lucen el refinado nombre de «mesas de alimentación». Reciben ropa salidas de las reservas de asociaciones de caridad, se procuran de electrodomésticos en tiendas de segunda mano o asociaciones de ayuda mutua y consiguen los bienes de consumo necesarios para su subsistencia en almacenes sociales. Aunque hay más de 1000 «mesas de alimentación», no logran atajar la pobreza provocada por el Hartz IV por la simple y buena razón de que faltan justamente, en las zonas donde más falta hacen pero donde ningún sponsor, gran donante y voluntario está presente. «El grado de abastecimiento (efectuado por las mesas de alimentos) es el peor justamente allá donde la pobreza es mayor, en las grandes regiones de Alemania del Este, por ejemplo» escribe el sociólogo Stefan Delke en una publicación de 2013 titulada Schamland. Die Armut mitten unter uns (Berlin, ECON-Verlag).

Junto con las leyes Hartz, el movimiento de las «mesas de alimentos» contribuye, de manera involuntaria por lo que le concierne, a transformar poco a poco el estado social de tipo bismarcquiano (basado en el principio de los seguros sociales) en un estado de asistencia pública, de limosnas y de comedores populares. En semejante constelación, son prioritariamente las personas acomodadas y ricas las que deciden en qué categoría y cómo las personas necesitadas reciben la ayuda y al mismo tiempo en qué dirección se desarrolla la sociedad. Si el país de los «poetas «y «pensadores» (por tomar el eslogan del marketing cultural utilizado en la RFA) se convierte en un país de «fundaciones de caridad y de donantes» que se ocupan de los pobres y los necesitados, esto significa que el estado se retira completamente de la responsabilidad que le incumbe en cuanto a seguridad social de sus ciudadanas y ciudadanos. Los motores de tal dimisión están ya creados bajo la forma del reforzado compromiso caritativo de los donantes y del mercado en plena expansión de la caridad. El compromiso de la sociedad civil, aunque esté motivado por convicciones ciudadanas, sin duda, es una oportunidad indisociable de la democracia pero no estará nunca en condiciones de reemplazar completamente los derechos sociales y económicos que la constitución alemana (Grundgesetz) garantiza a sus ciudadanas y ciudadanos.

Notas:

(1) Christoph Butterwegge era hasta 2016, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Colonia. Es conocido por sus estudios sobre la pobreza. Aunque no es miembro de Die Limke, Butterwegge ha colaborado para esta formación política durante el invierno de 2016-2017-

(2) Peter Hartz es un directivo alemán nacido en 1941 en Sankt-Ingbert (Sarre). Después de un aprendizaje de empleado de comercio y de estudios de economía de empresa en Sarrebruck, asume funciones de directivo al principio en el sector de materiales en Lorraine (Pont-à-Mousson S.A.), después en varias grandes empresas de la región del Sarre en el momento de la crisis de la industria pesada cuando, gracias a sus buenos contactos con el SPD (incluyendo a Oskar Lafontaine de la Sarre, miembro de Linke hoy) y de los sindicatos, creó una especie de fundación para «reciclar» a los obreros despedidos masivamente por las acerías. En 1993, entra en la dirección de la empresa automovilística Volkswagen donde asume el puesto de director de personal. Entre sus funciones, y siempre gracias a sus contactos con las cúpulas sindicales, impone una profunda racionalización del personal con la introducción de la semana de cuatro días sin compensación salarial, así como un proyecto piloto consistente en hacer montar un cierto modelo de coche por 5 000 parados pagados con 5 000 marcos alemanes brutos mensuales («Benchmark 5000 x 5000»).

(3) Los contrato de trabajo llamados «miniempleos» y Ein-Euro-Jobs son formas de creación de trabajo en las que las autoridades obligan a quienes demandan trabajo a admitir actividades poco o extremadamente poco remuneradas, los subsidios del «régimen Hartz» se mantienen en un nivel muy bajo para «hacer atractiva» la vuelta al trabajo. En la jerga de las oficinas de empleo, las Ein-Euro-Job son llamadas Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, «oportunidad de trabajo indemnizada», lo que apenas enmascara el atentado a la dignidad de las personas en paro de larga duración forzadas a aceptar este tipo de multa contra el pago de cantidades que van de 1 euro a 2,50 euros la hora según los casos. Los «miniempleos» no deben sobrepasar la retribución mensual de 250 euros.

(4) Los subsidios de paro llamados Arbeitslosengeld I se refieren al sistema de seguro de paro por reparto y prevén el pago de una proporción (entre el 60% y 67%) del último salario anterior a la pérdida del empleo durante un año, salvo excepciones, con la obligación de buscar activamente un nuevo trabajo. Todas las personas que han agotado su subsidio de paro, o bien no han trabajado antes y se declaran parados o paradas en la Oficina de Empleo, son sometidas al «régimen Hartz IV» y cobran ayudas llamadas Arbeitslosengeld II condicionadas a la estricta aplicación de la oficina de empleo y acompañadas de un régimen de sanciones.

(5) Las personas en búsqueda de trabajo bajo el régimen «Hartz IV» en Alemania hablan de violación de sus derechos económicos y sociales vinculados a la ciudadanía (soziale Bürgerrechte) para caracterizar la enorme pauperización de millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas pero tampoco participar en el ámbito cultural, educativo o mediático de una sociedad (ver más adelante este artículo). El hecho de relacionar las necesidades sociales-económicas, en términos de derechos, a la idea de ciudadanía proviene de una antigua reivindicación que une democracia representativa y «democracia social» por poco que se incluya ahí la ampliación de la noción de ciudadanía a cualquier persona que viva en un territorio y la libre deliberación sobre qué son los llamadas «necesidades».

(6) En la medida en que muchos contratos precarios combinados con ayudas están tan mal remunerados que prevén una exoneración de las cotizaciones sociales, las personas afectadas, a menudo, tienen la esperanza de poder posteriormente, «recuperar» los derechos de previsión para la jubilación retomando el pago de las cotizaciones en un futuro empleo «normal». En la práctica, esta estrategia, a menudo obligatoria, está invalidada por el tiempo de cotización mínimo fijado por ley que en los casos de rentas de jubilación para personas paradas ascienden a 15 años de cotización.

(7) Gran parte de sectores de estado-providencia como algunas clínicas, guarderías, gran parte de la geriatría, así como los centros comunitarios de barrio están en Alemania bajo la responsabilidad de de instituciones caritativas libres, llamadas Freie Träger der Wohlfahrtspflege. En virtud del principio de subsidiariedad, el estado alemán subvenciona a estas organizaciones caritativas para que suministren prestaciones propias del estado social y no debe inmiscuirse en la gestión de sus actividades. Una parte de estas instituciones son de obediencia religiosa, por ejemplo, Cáritas (iglesia católica) y de la Diakonie (iglesia protestante reformada) son las más importantes en términos de presupuesto lo que no deja de plantear graves problemas en términos de protección de personal, no está garantizado el derecho a huelga, así como los «derechos reproductivos» de las personas aseguradas. Al contrario, otras instituciones de caridad, han salido del movimiento obrero, AWO, y son explícitamente laicas.

(8) El Institut für Arbeits- und Berufsforschung (IAB) de Núremberg es un organismo de investigación vinculado directamente a la Agencia Federal de Trabajo, institución autónoma del estado federal alemán que se ocupa de las políticas el mercado laboral, incluyendo la aplicación de las leyes Hartz, bajo la supervisión del Ministerio Federal de Asuntos Sociales y Trabajo.

(9) En 2011, las oficinas de empleo impusieron sanciones que suprimían la totalidad de las ayudas a 10 400 personas, esta cifra estaba en alza en relación al año precedente. En este marco, los individuos sancionados no reciben más ayudas por una duración mínima de tres meses. Algunas de las sanciones impuestas son objeto de reclamación en los tribunales por parte de asociaciones de defensa de personas en paro. Der Freitag, 20.11.2012, URL:https://www.freitag.de/autoren/gebe/jobcenter-verhaengten-10400-totalsanktion

(10) Ver la contribución de Bohlender de 2012 que se podría traducir de la siguiente forma: «De Marienthal a Hartz IV, pasado y presente de las técnicas gubernamentales aplicadas a parados de larga duración». El texto apareció en la siguiente obra colectiva: Lindenau, M./Meier Kressig, M. (Hrsg.): Zwischen Sicherheitserwartung und Risikoerfahrung. Vom Umgang mit einem gesellschaftlichen Paradoxon in der Sozialen Arbeit.Bielefeld: transcript, S.141-166.El topónimo «Marienthal» hace referencia a un estudio sobre el terreno pionero efectuado en los años 30 sobre los parados y paradas de larga duración de la región de Vienne.

(11) «Ich hab’s mir nicht ausgesucht …» – Die Erfahrungen der Betroffenen mit der Umsetzung und den Auswirkungen des SGB II. Eine Studie im Auftrag des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Mainz: 2007.

Fuente original: http://alencontre.org/europe/allemagne/allemagne-pauvrete-et-sante-publique-sous-le-regime-des-lois-hartz.HTML

Traducción VIENTO SUR

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article12782