El 14 de abril de 2014, en una tribuna en el diario El País, el ministro de Economía, Luís de Guindos, tras calificar el establecimiento de la Unión Bancaria Europea de tan importante como la creación del euro, se expresaba en estos términos: «Un banco en cualquier esquina de un país de la UE ya […]
El 14 de abril de 2014, en una tribuna en el diario El País, el ministro de Economía, Luís de Guindos, tras calificar el establecimiento de la Unión Bancaria Europea de tan importante como la creación del euro, se expresaba en estos términos: «Un banco en cualquier esquina de un país de la UE ya no será un banco español, francés o italiano. Va a ser un banco europeo. Tendrá que cumplir los mismos estándares de solvencia, estará vigilado por un mismo supervisor, pasará por los mismos chequeos y se disolverá, si no hay otro remedio, por los mismos procedimientos».
En realidad, la historia había comenzado casi dos años antes, en la cumbre de junio de 2012 cuando, contra todo pronóstico, el ortodoxo Monti que había sido impuesto por Bruselas y Berlín al frente del Gobierno italiano, se rebeló y amenazó con vetar el comunicado final si no se aprobaba que fuese la Unión Europea (Mecanismo de Estabilidad Europeo) la que asumiese el saneamiento de los bancos en crisis. A esta pretensión se sumó inmediatamente Rajoy, inmerso en la crisis de la banca española y un poco más tarde, aunque quizás con menos decisión, Hollande. Merkel no tuvo más remedio que aceptar la idea, pero echó balones fuera, condicionándola a que antes se adoptasen las medidas necesarias para que las instituciones de la Unión asumiesen la supervisión y la potestad de liquidación y resolución de las entidades. Había nacido lo que más tarde llamarían la Unión Bancaria.
Transcurrieron más de dos largos años hasta que el proyecto llegó a su concreción final, y durante ese tiempo las modificaciones introducidas lo descafeinaron totalmente. Desde luego, no se aplicó a la crisis bancaria de España ni a la de Irlanda, cuyos contribuyentes se vieron en la obligación de asumir el coste de los rescates de sus respectivos bancos. La realidad y la práctica contradicen por completo el mapa idílico que Luis de Guindos describió hace tres años en el diario El País. Hasta la fecha, los bancos de los distintos países continúan siendo principalmente nacionales y los posibles costes están muy lejos de mutualizarse, ni a través del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos recursos provienen casi en su totalidad de las respectivas naciones, ni por el Fondo Único de Resolución Bancaria, que no es tan único como se afirma. Lo ocurrido el pasado mes en España y en Italia lo confirma.
Las soluciones adoptadas ante la crisis del Banco Popular y de los italianos Veneto Banca y Popolare de Vicenza muestran claramente la falacia de la Unión Bancaria Europea. No solo es que las respuestas hayan sido distintas, sino que la nacionalidad (española e italiana) ha estado presente y de ninguna manera se ha podido obviar. El coste va a incidir sobre los contribuyentes, accionistas, tenedores de deuda subordinada o sénior, dependiendo del procedimiento aplicado en cada caso, pero en el primero serán españoles la mayoría y en el segundo, italianos. No existe la menor mutualización de las pérdidas. También son nacionales las entidades a las que se ha recurrido para que absorban los bancos en crisis, Santander en España, Itesa en Italia.
Si algo había quedado claro en la supuesta Unión Bancaria Europea era la condición, impuesta por Alemania, de que el coste de los futuros rescates bancarios no recaería sobre los contribuyentes ni nacionales ni europeos, y que antes de echar mano de los fondos públicos deberían responder los accionistas, bonistas y hasta depositarios (solo quedaban excluidos los cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos). Es significativo que Alemania exigiese esta condición una vez que estaba a salvo el dinero de los acreedores alemanes y de los demás países del Norte, atrapados en un principio en los bancos griegos, irlandeses, españoles y portugueses, y a los que salvaron los contribuyentes de los respectivos países.
En el rescate del Banco Popular, primera entidad que se liquidaba tras constituirse la Unión Bancaria, los butafumeiros oficiales comenzaron a difundir odas y alabanzas acerca de lo bien que habían funcionado los procedimientos y las instituciones. Presiento que van a tener que tragarse sus palabras. Primero, porque con el tiempo a lo mejor se demuestra que lo del Banco Popular ha sido una chapuza, y segundo, porque a las dos semanas, las intervenciones en dos bancos italianos, Veneto Banca y Popolare de Vicenza, se han realizado siguiendo patrones totalmente distintos, con lo que se demuestra que la Unión es puro espejismo y que las normas se aplican a la carta según cuál sea el Estado afectado. Bruselas se ha esforzado en un vano intento por demostrar que en ambos casos se han seguido «las reglas adaptadas completamente al marco legal», haciendo elucubraciones acerca de la diferencia que existe entre problemas de liquidez y de solvencia o entre bancos sistémicos o de relevancia tan solo nacional, y si está o no está en juego el interés general.
La razón de fondo radica en que es difícil que los gobiernos nacionales admitan que la supervisión sea europea, consientan en que sean las instituciones de Bruselas o de Frankfurt las que determinen la resolución y liquidación de las entidades y la forma de llevarlas a cabo, mientras que las consecuencias las continúen sufriendo las economías nacionales y que sean los mandatarios de estos países los que deban afrontar las iras populares. No es de extrañar que gobiernos tales como el italiano, si tienen suficiente fuerza, reclamen para sí, ante la crisis de sus bancos, el derecho de elegir si representa mayor coste político el hacer recaer las pérdidas sobre la deuda subordinada en manos de pequeños ahorradores o bien asumirlas el Estado y distribuirlas entre todos los contribuyentes.
Las autoridades españolas se las han prometido muy felices dejando las decisiones en manos de las autoridades europeas. Nosotros, siempre los alumnos más aplicados. Tanto el FROB como el Banco de España se han apresurado a declarar que el proceso ha sido pilotado por el BCE y la Junta Única de Resolución y que ellos han sido meros ejecutores. Lo cierto es que, de complicarse las cosas, y es muy posible que sea así, no hay que descartar que parte del coste recaiga sobre los contribuyentes, que no serán la totalidad de los europeos, sino tan solo los españoles. En este caso hay demasiados aspectos oscuros como para que no lluevan los recursos.
El Banco de España, en su papel de supervisor en los últimos cuarenta años no ha sido merecedor -creo yo- de ninguna condecoración, pero tampoco parece que el BCE lo esté haciendo mucho mejor. ¿De qué sirven tantas pruebas de estrés a las que se somete a los bancos, realizadas por esas entidades o sociedades tan independientes? Hace tan solo un año el Banco Popular obtenía una nota del 6,6, por encima del aprobado (5,5). Y se supone que su solvencia se había contrastado en las hipótesis más adversas, circunstancias que en este último año no se han dado. ¿Qué ha ocurrido? Las cuentas del Popular como las de cualquier banco son auditadas todos los años. ¿Cómo es posible que la firma auditora no avisase del problema? Desde distintas fuentes oficiales se afirma que el problema del Popular era de liquidez, no de solvencia; ahora bien, si un banco es solvente no se entiende la expropiación o liquidación por un problema de liquidez. No hay entidad financiera que resista en solitario si cunde el pánico entre sus depositantes y todos pretenden retirar sus depósitos a la vez. Para algo está el prestamista en última instancia, función que desde la creación de la Unión Monetaria le corresponde al BCE, que por otra parte, es totalmente renuente a asumirla, ni con los bancos ni con las haciendas estales. Esta dejación es la que amenaza la estabilidad financiera de las economías y de las finanzas públicas de los distintos Estados.
Resulta incomprensible que la decisión se haya tomado en dos días de acuerdo con un informe provisional (aún no está el definitivo) realizado por una firma privada que sostiene la existencia de un previsible agujero de 2.000 a 8.000 millones de euros, según las circunstancias que se contemplen. E inexplicable es también que la adjudicación recayese en Banco Santander sin ningún procedimiento concurrencial, así como que la CNMV, ante la especulación desatada en contra de las acciones del Popular en los días previos, no suspendiese las operaciones bajistas a futuro, tal como hizo posteriormente con Liberbank. Toda expropiación, intervención y venta de un banco presenta siempre aristas y cabos sueltos, pero en este caso las dudas y los interrogantes son demasiado numerosos como para que no se multipliquen los litigios. Desde distintos ángulos se ha anunciado ya la voluntad de recurrir a los tribunales. La cuestión es contra quién, ¿contra el Banco Santander, contra los antiguos gestores, contra el BCE, contra la Junta Unitaria de Resolución, contra las autoridades españolas…? Mucho me temo que las indemnizaciones, que las habrá, las termine pagando el FROB, es decir, todos los españoles. Los bancos, tanto en España como en Italia, continúan siendo nacionales, no europeos.
Fuente: http://www.republica.com/contrapunto/2017/07/06/la-desunion-bancaria-europea/