Elecciones tuteladas, la nueva arma del imperio en contra de Venezuela

Considero que es un hecho irrefutable el que los Estados Unidos han venido utilizando casi todas las armas de su arsenal intervencionista con el objetivo manifiesto de exterminar a la revolución bolivariana, sin tener para ello la más mínima justificación a la luz de los postulados del derecho internacional. En demostración de esto es posible mencionar, entre muchas otras y sólo a manera de referencia, las siguientes acciones ejecutadas por el imperio en los últimos 18 años con el único y abyecto propósito de acabar con nuestra revolución:

La frustrada intervención militar directa de diciembre de 1999, encubierta bajo el manto de una supuesta intervención de carácter humanitario, en ocasión del terrible fenómeno natural conocido como el «el deslave de Vargas», atribuido por el entonces obispo de Caracas, Cardenal José Ignacio Velasco, a un «castigo del cielo» por pretender aprobar en un referéndum la constitución que actualmente nos rige. Siendo oportuno y necesario señalar que se trató de una intervención «solicitada» de manera inconsulta por el general Raúl Salazar, aquel militar traidor que fuese el primer ministro de la defensa del Comandante Chávez (1).

El cruento golpe militar perpetrado en abril de 2002, que mantuvo separado del poder al Comandante Chávez durante 47 horas y causó una importante cantidad de bajas civiles, afectos al gobierno y opositores, que cayeron víctimas de los disparos de unos francotiradores controlados por los golpistas, en ejecución de un falso positivo de inspiración gringa con el cual pretendieron justificar su acción los conspiradores militares (2).

El paro sabotaje de la industria petrolera nacional entre los meses de diciembre de 2002 y febrero de 2003, que produjo pérdidas superiores a los 30.000 millones de dólares al haber intervenido el «cerebro» de PDVSA para generar la obstrucción irreversible de numerosos pozos de petróleo liviano en el occidente y oriente del país y provocar la destrucción de valiosos equipos e instalaciones industriales; todo ello planificado y coordinado por SAIC, empresa dependiente de la CIA (3) y socia mayoritaria de PDVSA en su empresa informática INTESA.

El magnicidio del Comandante Chávez, presidente de la república y líder máximo de la revolución bolivariana, iniciado al parecer durante el año 2003 y perpetrado de forma progresiva mediante la inoculación de «nanopartículas» generadoras de metástasis, hecho del cual estamos absolutamente convencidos aun no habiendo sido plenamente comprobado científicamente, por ahora (4).

La feroz guerra no convencional, en sus principales variantes: económica, financiera, psicológica, cibernética y diplomática, que habiéndose iniciado sobre Venezuela desde que el Comandante Chávez decretase a mediados del año 2004 el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana, ha llegado a extremos de terror durante los dos últimos años, traduciéndose en un auténtico bloqueo económico-financiero del país y en un frustrado aislamiento diplomático.
La formulación, financiamiento y control de ejecución del llamado «Plan Estratégico Venezolano», documento presentado por la USAID a la contrarrevolución venezolana representada por Julio Borges, María Corina Machado y Ramón Guillermo Aveledo, en marzo de 2013 (5), que se ha constituido en el guion fundamental para las actividades de sabotaje, terrorismo y desestabilización que viene realizando la contra desde aquellos días.

La amenaza de guerra no declarada que representa la Orden Ejecutiva dictada por Barack Obama el 09 de marzo de 2015, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, renovada por el mismo Obama en marzo de 2016 y pocos días antes de dejar la presidencia en enero de 2017, la cual ha servido de fundamento a Donald Trump tanto para que nos amenazase con una intervención militar en agosto del presente año como para que aprobase una serie de sanciones de carácter económico-financiero sin tener que solicitar la aprobación del congreso.

El macabro plan intervencionista contenido en el documento del Comando Sur, suscrito por el almirante Tidd, identificado en inglés como: «Venezuela Freedom-2 Operation – Phase preceding – Executive summary. 25.2016, February/Admiral Kurt W. Tidd, Commander U.S. Southern Command (SOUTHCOM)», ampliamente comentado en un artículo de nuestra autoría titulado «La no tan nueva estrategia del Comando Sur en contra de Venezuela» (6), ampliamente demostrativo del tutelaje, real y sin eufemismos que ejerce el imperio sobre la dirigencia de la contrarrevolución venezolana y la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La extremadamente grosera injerencia que ejerciese el imperio durante todo el año 2015, alineando a la canalla mediática internacional en sus tareas de: desprestigiar al gobierno bolivariano; endurecer los elementos de guerra económica generadora de desabastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad; atacar de manera directa e injustificada al Consejo Nacional Electoral; y difundir hasta el cansancio las falsas promesas de la oposición venezolana en medio de la campaña para las elecciones legislativas de diciembre de ese año, en las cuales resultó ganadora por un amplio margen.

Al terminar de escribir esta primera cuartilla es necesario decir que tendríamos que escribir quién sabe cuántas más para poder registrar la totalidad de las acciones injerencistas y demás agresiones perpetradas por el imperio en contra nuestra a todo lo largo del desarrollo de nuestra revolución, cosa que no haremos por no ser éste el objetivo de este artículo.

El haber registrado las anteriores agresiones sólo tiene como propósito el apoyar nuestra hipótesis de que no habiendo obtenido el éxito hasta ahora, a pesar de habernos causado profundos daños, el imperio se apresta a extraer una nueva arma de su arsenal intervencionista, desde luego que sin desechar ninguna de las ya utilizadas.

Esta nueva arma consiste en hacer de las próximas elecciones presidenciales venezolanas, previstas para ser celebradas en diciembre de 2018, unas elecciones totalmente tuteladas por el funcionariado cipayo de la OEA y la Unión Europea, tal como lo han hecho con las elecciones en Honduras con las que están propinando un auténtico golpe suave, aunque no tan blando; y esto a pesar de la reconocida calidad de nuestro sistema electoral automatizado, no totalmente invulnerable a la acción de los piratas cibernéticos al igual que cualquier sistema real existente, y de que la legislación electoral venezolana no prevé la figura de «observadores internacionales», ya que en su lugar contempla la de «acompañantes internacionales», con atribuciones totalmente distintas de las de aquellos, basadas en el respeto a la soberanía y a la libre determinación de los pueblos.

En apoyo de lo anterior podemos mencionar la altamente contradictoria orden impartida a la dirigencia de la oposición venezolana de no participar en las elecciones locales a celebrarse el próximo domingo, aduciendo su crónica desconfianza en la imparcialidad del CNE, pero si participar en las próximas presidenciales, bajo el mismo CNE, que pretenderían entonces mediatizar como producto de unos eventuales acuerdos de la mesa de diálogo gobierno-oposición recientemente instalada en la República Dominicana.

Unas recientes declaraciones del camarada Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación e Información, quien es además uno de nuestros más conspicuos representantes en la mesa de diálogo, hablan en favor de la validez de la hipótesis que hemos planteado en párrafos anteriores; dichas declaraciones señalan textualmente lo siguiente: «Lo dijimos: Venezuela no va a ir a un evento electoral, ni va a lograr un acuerdo, ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro, de Donald Trump, y frente a las autoridades españolas, canadienses, o de otra índole» (7).

Para la participación en esas pretendidas «elecciones presidenciales tuteladas» es evidente que el imperio le torcería el brazo a la caterva de precandidatos (Henry Falcón, Henry Ramos Allup, Henrique Capriles Radonsky, María Corina Machado, Julio Borges y Tomas Guanipa, entre otros, sin descartar a Antonio Ledezma, fugitivo de la justicia y Leopoldo López, cumpliendo condena en su casa), que se han autoproclamado hasta ahora, que dicho sea de paso, se odian a muerte entre ellos, para forzar la «candidatura unitaria», de alguien ajeno a la política partidista activa que bien pudiera ser el acaudalado empresario Lorenzo Mendoza Jiménez, auténtico zar del procesamiento y sobre todo la distribución de alimentos quien no casualmente ha sido uno de los actores más implacables de la guerra económica por medio del desabastecimiento selectivo de los rubros no alcohólicos distribuidos por sus empresas.

En apoyo a esta extemporánea candidatura ya comienzan los áulicos del empresario de la cerveza y la harina pre cocida de maíz a exaltar sus virtudes y hasta una palangrista de medio pelo se ha atrevido a adelantar lo que sería su programa de gobierno, en el cual ofrecería promover justamente todo lo contrario de lo que como empresario felón y activista solapado de la oposición ha promovido, así como dar continuidad a algunas de las políticas gubernamentales que más ha combatido, tales como: ajustar los precios de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos y atender el impacto social, es decir, destinar «temporalmente» una parte de la producción de los rubros de primera necesidad para los proyectos sociales, mientras se activan las empresas del estatales (8).

Como hemos señalado en artículos anteriores, el más reciente de ellos publicado pocos días después de las elecciones regionales del 15 de octubre, con el título: «Las elecciones del 15-O deben ser las últimas que hagamos bajo el engañoso formato de la democracia burguesa» (9), proponemos cambiar la naturaleza de nuestros propios procesos electorales, heredados del formato falaz de la democracia burguesa que aún no hemos logrado abatir con estos 18 años de revolución; por ser éste un formato engañoso, según el cual los electores nos vemos compelidos a votar por candidatos que en la mayoría de los casos no conocemos, bajo la fuerte influencia de campañas publicitarias diseñadas bajo las mismas técnicas de mercadeo capitalista aplicables a la promoción y venta de cualquier producto de consumo masivo y que como ningún otro permite la mediatización del electorado con base en la explotación de circunstancias inducidas, sean éstas reales o ficticias.

Si hemos convenido en la realización bajo el mismo formato, de las elecciones de alcaldes convocadas para el próximo domingo, es por la inmensa contradicción que ellas han generado en el seno de la oposición, que ha debido optar entre obedecer las órdenes del amo imperial, no participando en ellas, o participar de manera solapada y encubierta, como lo están haciendo muchísimas organizaciones e individualidades en abierto desafío al dictado imperial. También, porque siendo previsible que las fuerzas opositoras participantes sean pulverizadas por el chavismo, según opina Luis Vicente León que es uno de sus más conspicuos representantes (10), ello contribuiría a aumentar la división, el desaliento y la desmoralización en el seno de sus adherentes.

Sin embargo, a diferencia de lo señalado por el camarada Rodríguez, no creemos que se trate de no convocar a elecciones presidenciales hasta que sean revocadas las sanciones impuestas por el imperio y sus aliados, sino de no convocarlas hasta que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no haya diseñado y aprobado un nuevo formato comicial que estando en sintonía con el Estado Comunal que deberá ser implantado por esa misma instancia, sea capaz de ofrecer una razonable impunidad ante la fuerte y perniciosa injerencia extranjera, que no habrá de cesar en un futuro previsible, así como contra ofertas electorales engañosas de cualquiera de los participantes.

¡Hasta la Victoria Siempre!

¡Patria o muerte!

¡Venceremos!

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