Traducido del portugués para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez
(Créditos: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO CONTEÚDO; tomado de Nós)
La situación de la seguridad pública en Río es gravísima, razón por la que ya no hay lugar para discursos oficiales defensivos y autoindulgentes. El crimen organizado se extendió como por metástasis, pero tome buena nota: tan sólo hay crimen organizado cuando están implicados agentes del Estado. Importantes y numerosos sectores de las instituciones policiales no sólo se vincularon al crimen, sino que lo promovieron, principalmente el crimen federal de mayor importancia: el tráfico de armas. ¿Qué hace la policía federal? ¿Qué hace el ejército, responsable junto con la policía federal del control de armas? ¿Qué hace la marina para bloquear el tráfico de armas en la bahía de Guanabara? El estado de Río está en quiebra, sus instituciones están profundamente afectadas, pero, ¿qué decir del gobierno federal y de los organismos federales? ¿De qué forma una ocupación militar resolvería cuestiones cuya solución exige una profunda investigación y la actuación de en las fronteras del estado, aparte de una radical reforma de las instituciones y enormes inversiones sociales?
En la medida en que no se trata de encarar los verdaderos y permanentes problemas de seguridad pública, mucho menos de solucionarlos, esta intervención obedece, a mi entender, a tres razones, todas de naturaleza eminentemente política, por lo que resulta lamentable ver como los militares se prestan a ese papel, dejándose manipular, políticamente, como peones en un juego con las cartas marcadas.
[1] Se modifica la narrativa sobre la realidad de Río, invirtiendo en la expectativa sebastianista de redención, que estaría en manos de las Fuerzas Armadas, en especial del ejército, y del gobierno federal. Un proyecto de esa magnitud no se habría implantado sin un acuerdo con los grandes medios de comunicación, ya que la descripción que se haga de los hechos y la elección de los puntos de interés periodístico determinarán el éxito político de la operación, que consistirá en el desplazamiento de Jair Bolsonaro, abriendo un espacio para una candidatura de centro-derecha que, en nombre de la ley y del orden y más legalista, consiga captar al electorado de derechas, consiguiendo de esa forma una especie de bolsonarismo sin Bolsonaro. Sale el capitán aventurero y desorientado y entran los generales, formalmente legalistas, pero ‘duros’. Se abre un nuevo espacio para las candidaturas en Río y en general en todo el país, así como para la emergencia de líderes ‘ajenos a la política’, ‘impolutos’. Parece que está en marcha una transición: poco a poco dejamos de ser el país de los jueces y nos convertimos en la nación de los generales -de nuevo, aunque en esta ocasión con cobertura legal, un vez que, tras el impeachment, cualquier atropello a las leyes puede ser tolerado, siempre que el fin justifique, a ojos de sus promotores, los medios-. Las denuncias en relación a las ayudas por vivienda contra Moro y Bretas, pocos días después de la condena en segunda instancia de Lula, pone en evidencia que, para los medios de comunicación y las élites que mandan en este país, en particular el capital financiero y sus socios internacionales, el tiempo de los magistrados ya pasó y ahora es el momento de ‘cortarles las alas’ para evitar que se tomen demasiado en serio su personaje y empiecen a investigar al PSDB, a los bancos o a los grandes grupos de comunicación. En este sentido, la intervención militar de Río es complementaria de la exclusión de Lula de la disputa electoral, una vez que no sería suficiente excluirlo y continuar con la sistemática marginalización de la candidatura de Ciro Gomes, si la derecha y el centro no llegasen a entenderse y a formar una alternativa viable.
[2] Actuando reactivamente en la emergencia, se impide, una vez más, que lleguen a la agenda pública temas fundamentales: (a) la política de drogas; (b) la reforma del modelo policial y la refundación de las policías, que supondría la modificación del artículo 144 de la Constitución (por ejemplo, con la aprobación del enmienda constitucional PEC-51, que el senador Lindbergh Faria presentó en el año 2013);
[c] la renegociación de un pacto social entre el estado y las comunidades que viven es territorios vulnerables, especialmente la juventud, de tal forma que las instituciones policiales dejen de ser parte del problema y se conviertan en parte de la solución. Hoy, las ejecuciones extrajudiciales son la regla, algo que lleva a los analistas a declarar que esas áreas están bajo un estado de excepción. Desgraciadamente, eso ocurre con la anuencia, por acción u omisión, del ministerio público y las bendiciones del poder judicial;
[d] la inversión en infraestructura, educación y cultura, y la apertura de nuevas oportunidades para la juventud más vulnerable, respetando a las clases populares y, al mismo tiempo, bloqueando la profundización del racismo estructural. Los recursos, a miles de millones, vendrían de la finalización del pago de intereses a los rentistas. Un efecto lateral nada despreciable sería la suspensión de las votaciones en el Congreso de la reforma del sistema de pensiones, salvando al gobierno de una derrota en el apartado que supuestamente justificaría su ascenso al poder. Por más que hoy el gobierno niegue esa posibilidad, está abierta la temporada de caza a fisuras judiciales para evitar el proceso de votación.
No puedo concluir sin llamar la atención sobre los riesgos que la intervención militar provocará a los habitantes de las comunidades y a los propios militares, que son jóvenes y tan sólo fueron entrenados para un enfrentamiento bélico. La primera muerte provocada por un militar, en cumplimiento de la nueva legislación, será juzgada por la justicia militar, lo que podrá transferir a la arena político-jurídica internacional la problemática de la ocupación del ejército, convirtiendo en un desastre, a medio plazo, la operación política, a despecho del más que probable apoyo de los grandes medios de comunicación. Por otra parte, si un militar fuese alcanzado mortalmente, las consecuencias serán imprevisibles, haciendo girar más rápida e intensamente el círculo o espiral de violencia.
Aparte de todo esto, no nos olvidemos del ejemplo mejicano: cuando las Fuerzas Armadas se involucran en la seguridad pública, se abren las puertas a su degradación institucional.
Luiz Eduardo Soares es antropólogo, escritor, dramaturgo y profesor de filosofía política de la UERJ. Fue secretario nacional de seguridad pública. Su libro más reciente es «Rio de Janeiro: histórias de vida e morte» (Companhia das Letras, 2015)
Nota del traductor
[1] Maré es un barrio de Río, ocupado por el ejército entre abril de 2014 y junio de 2015; para conocer un poco la realidad social de este complejo de favelas, se puede consultar este artículo del periodista Pascual Serrano, y para acceder a un análisis crítico de lo que supuso esa ocupación militar, se puede acceder a este artículo de Victória Martins Damasceno.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar la autoría, al traductor y Rebelión como fuente de la traducción.