En los últimos años hemos comenzado a discutir sobre instrumentos que, bajo la engañosa idea de modernidad, representan una nueva ofensiva por asegurar cada vez más la presencia del mercado en todas las esferas de la vida de las personas y limitar el espacio soberano para las políticas públicas en favor de las mayorías sociales. […]
En los últimos años hemos comenzado a discutir sobre instrumentos que, bajo la engañosa idea de modernidad, representan una nueva ofensiva por asegurar cada vez más la presencia del mercado en todas las esferas de la vida de las personas y limitar el espacio soberano para las políticas públicas en favor de las mayorías sociales. El objetivo es el blindaje de los esquemas de acumulación de las empresas transnacionales (ETN).
Diseñados para bypasear a la Organización Mundial del Comercio (OMC), los llamados acuerdos mega regionales instalaron nuevos estándares en las negociaciones internacionales. La crisis de los dos pioneros, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), y el estancamiento del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), demuestran que más allá de las estructuras las cláusulas han llegado para quedarse. Se transformaron en impulsos renegociadores de tratados bilaterales[1] y son la clave para el intento de resucitación de la OMC en la XI Conferencia Ministerial de Buenos Aires[2].
Las dinámicas de las negociaciones comerciales internacionales responden a la lógica de acumulación dominante. Esta etapa del capitalismo neoliberal se caracteriza por la consolidación de las cadenas globales de producción, conducidas por empresas trasnacionales que en general tienen sede en el centro capitalista. La búsqueda constante por expandir la frontera de explotación lleva al extremo la presión por la desaparición del Estado de la vida social y económica de las comunidades. Las empresas presionan por una mínima regulación de actividades humanas (servicios) para asegurar su voracidad de lucro: en las finanzas, las telecomunicaciones, el transporte, las relaciones laborales, la salud, las normas de protección del ambiente, la protección social[3]. Al mismo tiempo, los sectores tradicionalmente reservados para la prestación pública de los servicios son crecientemente disputados como espacios de negocio para las trasnacionales.