El acuerdo tiene recomendaciones de igualdad, absentismo, jubilación…
El principio de acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos, que validó el martes la Junta Directiva de la CEOE y previsiblemente se firmará en la primera semana de julio, una vez hagan lo propio CCOO y UGT, se centra en la recuperación de los salarios, especialmente de los más bajos, pero incluye también otras medidas destinadas a la creación de empleo, la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y de la competitividad de las empresas, así como en materia de lucha contra la economía sumergida.
El nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) afectará a unos 10 millones de asalariados , los amparados por un convenio, que se beneficiarán de la recomendación de incremento salarial de hasta el 3% anual. En concreto, un fijo del 2% más un variable del 1% ligada a la evolución de la productividad, los resultados de la empresa, el absentismo injustificado, y otros.
De estos, algo más de dos millones de trabajadores verán incrementarse su sueldo de manera progresiva a lo largo de estos tres años hasta alcanzar un mínimo en convenio de 1.000 euros al mes, esto es, 14.000 euros anuales en 14 pagas.
Pero además, el texto recupera, aunque con una fórmula genérica, las cláusulas de revisión salarial que eran una línea roja para los empresarios. Dice el preacuerdo que «los convenios colectivos podrán establecer mecanismos de revisión salarial, teniendo en cuenta los indicadores que en cada caso estimen aplicables los negociadores».
La patronal también cede en la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para controlar la externalización de servicios y que las subcontrataciones se limiten a «procesos de especialización productiva». «La regularización de estos procesos de descentralización no deben incentivar una competencia desleal entre empresas ni un deterioro de las condiciones de empleo», reza el documento.
A cambio, y a propuesta personal del presidente de la CEOE, Juan Rosell, los sindicatos han apoyado las reducciones temporales de jornada para evitar despidos en empresas con dificultades económicas. Se trata de mantener el empleo mientras se habilitan procesos de formación para las plantillas.
Donde no le ha salido tan bien la jugada a la patronal es en la problemática del absentismo injustificado. Aquí apenas se introduce la creación de un observatorio que emita un informe para, a partir de sus resultados, poder realizar «pruebas piloto» que mejoren esta situación.
Mientras, los sindicatos se han anotado un tanto para evitar el bloqueo de la ultraactividad de los convenios, con medidas que favorecen su renovación «primándose para ello la buena fe negocial».
En cuanto a la jubilación, los agentes sociales instarán al Gobierno a efectuar los cambios legales que permitan que los convenios colectivos posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, siempre que el trabajador afectado tenga derecho a la pensión completa, con el fin de facilitar el relevo generacional y vinculado a objetivos de políticas de empleo.
Por último, el acuerdo da un gran salto en materia de igualdad, al pedir al Ejecutivo que equipare los permisos de paternidad y maternidad y las reducciones de jornada para que «hombres y mujeres se acojan al ejercicio del derecho de forma equitativa, igualitaria e intransferible». Además, pide un estudio cualitativo del sistema de pluses y complementos salariales, en gran parte causantes de la brecha de género.
