El año pasado hubo en Brasil 63.880 asesinatos, que en el léxico de los informes oficiales aparecen como «muertes violentas». Es decir: 175 asesinatos en cada uno de los días de 2017. Más de siete por hora. Eso significa que hubo más asesinatos en Brasil el año pasado que muertos en la guerra civil de […]
Eso significa que hubo más asesinatos en Brasil el año pasado que muertos en la guerra civil de Siria.
De ese total macabro, 4.539 eran mujeres. Y 5.144 fueron muertos por la policía: 14 por día. El promedio nacional indica 30,8 asesinatos por cada grupo de cien mil habitantes. Pero en algunos estados el índice es tremendamente impactante: 59,1 asesinatos por cada cien mil habitantes en nordestino Ceará, y 63,9 en el amazónico Acre, y escandalosos 68 en el también nordestino Rio Grande do Norte.
Hubo al menos 60.018 estupros oficialmente denunciados, lo que significa 164 por día, casi siete por hora. Y se registraron 606 mil casos de violencia doméstica. Vale recordar que esos datos se refieren exclusivamente a denuncias prestadas ante a las autoridades, y que persiste en Brasil la costumbre de víctimas que optan por silenciar frente a la perspectiva, absolutamente común por todo el país, de ser humillada al presentarse en alguna comisaría de policía, las especializadas en este tipo de crimen inclusive. Estudiosos e investigadores de esa clase de violencia indican que el número real sería de por lo menos el doble, o sea, escalofriantes 120 mil estupros, 328 al día, catorce por hora.
En el abandonado y arruinado estado de Río de Janeiro, se registró, en los cuatro primeros meses de 2018, la muerte de un preso cada dos días. Principales causas de semejante brutalidad: enfermedades infecciosas, malas condiciones de higiene y falta de personal médico.
Con pequeñas diferencias, y siempre para peor, el escenario de repite en todo el país: pilas de presos, muchísimos de ellos (en Brasil, se calcula en 40% del total de poco más de 700 mil presos, la tercera población carcelaria del mundo, ni siquiera han sido juzgados) sin condena alguna, hacinados en condiciones medievales. Se estima que la sobrepoblación media de los presidios brasileños es del 50%. O sea, por cada cien plazas, 150 presos.
El pasado mes de febrero, Michel Temer, presidente ilegítimo rodeado por una pandilla de bucaneros voraces, intentó lo que él mismo clasificó de «golpe maestro»: para distraer a la opinión pública de Río, muy justamente alarmada por el creciente aumento de la violencia frente a la inoperancia absoluta del gobierno local, intentó que su inexistente popularidad (su figura es rechazada por 97% de los brasileños) pegue un salto al decretar una intervención militar en el Estado.
Se registran hasta ahora dos resultados: una disminución en el número de robos, y un fuerte aumento en el de muertes. Desde marzo ocurren 17 tiroteos por día, en promedio, en el conurbano carioca. Algunos duran minutos, otros media hora, muchos hora y media. Y algunos cruzan la madrugada de manera intermitente.
Son bandos de narcotraficantes disputando territorio o enfrentando a policías militarizados sin preparación alguna, trabajando en condiciones subhumanas, o tropas militares igualmente ineptas para semejante labor. Se multiplican casos de muertes de inocentes, niños y adolescentes, sin que nada cambie, excepto para peor.
El aumento astronómico de la violencia, en todo caso, es solamente uno de los muchísimos aspectos del derrumbe de un Brasil que se deshace de manera veloz. Cada día gana impulso, fuerza e impacto el incalculable retroceso experimentado por el país que hasta hace tres años era la sexta o séptima economía mundial, ocupaba un espacio nítido y consolidado en el escenario internacional y mantenía -pese a sus problemas económicos y principalmente fiscales- programas sociales de enorme envergadura.
Tal retroceso se inicia con las maniobras de los derrotados en 2014 para impedir que el segundo mandato presidencial de Dilma Rousseff, iniciado el primero de enero del año siguiente, lograse despegar. Y alcanza su punto más elevado con la instalación de Temer y compañía en el poder.
El golpe institucional llevado a cabo por un Congreso plagado de corruptos, por medios hegemónicos de comunicación y por una Corte Suprema cobarde y omisa, valiéndose de arbitrariedades que de tan nimias serían inadmisibles en tribunales de primera instancia, significó la victoria de sectores que cargan en sus espaldas siglos de privilegios absurdos.
Y significa también la retomada del crecimiento de la mortalidad infantil, el retorno de enfermedades que habían sido extirpadas, la vuelta de entre cinco y ocho millones de brasileños a la situación de miseria y hambre. Se traduce en la existencia de 27 millones de brasileños desempleados, trabajando en condiciones de precariedad absoluta o sobreviviendo vaya a saber cómo (37% de la fuerza laboral del país).
Como telón de cierre para semejante y dantesco espectáculo, Lula sigue preso sin prueba alguna, broche de oro del golpe de los inmundos. Claramente no podrá disputar una elección que ganaría con facilidad olímpica. Y surge un fantasma asombroso, un capitán troglodita llamado Jair Bolsonaro, capaz de emitir mugidos como este: «No hay mortalidad infantil, lo que hay son demasiados partos prematuros, porque las mujeres no tienen higiene bucal ni tratan sus vías urinarias».
U otra maravilla: «Expandiré la educación a distancia para combatir al marxismo».