El martes 14 de agosto, organismos de la Confederación Nacional de los Obispos del Brasil (CNBB) y Pastorales de la Iglesia Católica (ver firmas) lanzaron un importante manifiesto público sobre la situación brasilera actual y las medidas necesaria para superarlas. El texto llama la atención por la nitidez con que denuncia la grave situación en […]
Resistencia democrática, unidos por la justicia y paz
Tiempos moldeados por los intereses del capital financiero y sus principales aliados, que se aprovechan de los grandes medios de comunicación e intentan ejercer una hegemonía ideológica sobre el conjunto de la sociedad.
En 2016 ocurrió un Golpe de Estado en el Brasil. Se votó el impeachment de la presidenta Dilma, por argumentos hoy reconocidos como falaces. Después de eso, se implantó un gobierno sin legitimidad alguna que ha implantado un programa económico que destruye las políticas sociales y elimina derechos, sirviendo a una agenda neoliberal, siguiendo plenamente los dictámenes del capital, a contramano del proyecto aprobado por la población en las elecciones mayoritarias de 2014.
Ese «gobierno» disminuyó substancialmente la participación de la Petrobras en el presal, vinculó los precios de los combustibles al mercado internacional, cortó el gasto público en inversiones sociales por dos décadas, aprobó la tercerización de la mano de obra, hizo una Reforma Laboral a imagen y semejanza de los intereses patronales, disminuyó drásticamente el número de beneficiarios del Bolsa Familia, redujo los presupuestos para educación y salud, desmontó la fiscalización del combate al trabajo esclavo, estancó la demarcación de tierras indígenas y quilombadas [1], aniquiló la Reforma Agraria en nuestro país y busca llevar la compra-venta de tierras para el mercado internacional, inclusive de tierras de fronteras.
Desde 2016, el presupuesto federal sufre cortes sustanciales en políticas sociales: universidades e institutos federales dejados a la deriva; hospitales universitarios e institutos de encuestas siendo desmontados; reducción presupuestaria de la CAPES [2], impidiendo la formación continuada de profesores; la agricultura familiar abandonada, la industria nacional, especialmente la construcción civil, naval y la petrolera, lanzada al ocaso.
Los resultados de ese horror repercutirán en las mayorías sociales. Hubo un gran aumento del desempleo, precarización del trabajo y la renta media de las familias de los trabajadores cayó, dejando a millones en el desaliento.
En medio de esa barbarie social, Itaú-Unibanco, Bradesco y Santander tuvieron en 2017, lucro líquido de 53,9 mil millones de reales. Valor concentrado, fundamentalmente, por cuatro familias, libre de cualquier impuesto o contribución social. O sea, casi dos veces el valor del Bolsa Familia para todo el año 2018 que atendería a 39 millones de familias beneficiarias.
Además de eso, está en curso en Brasil un proceso agresivo de transferencia de renta del Estado hacia sectores, por medio de exoneración de impuestos, de perdón de deudas y del sistema de deuna pública.
El insaciable mercado muestra su voracidad infinita dictando reformas que aumentarán aún más sus escandalosos lucros, sin importarle la escalada de sufrimiento humano.
El énfasis que se da al combate a la corrupción se disocia del enfrentamiento a las brutales desigualdades sociales. Florece un discurso que instrumentaliza esta lucha contra la corrupción, que se tornó mecanismo para subvertir la agenda pública nacional de la Constitución de 1988, cuyos objetivos fundamentales son: construir una sociedad libre, justa y solidaria, garantizar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza y la marginalización y reducir las desigualdades sociales y regionales.
En este cuadro, los dueños del poder hacen verdaderos malabarismos jurídicos y políticos con la intención de hacer perdurar en el tiempo el actual modelo: judicialización de la política y politización de la justicia cono notoria selectividad y persecución. El autoritarismo y la parcialidad de nuestro sistema judicial atropellan el Estado democrático de derecho. Ejemplo de eso es la sustitución de la voluntad popular por un proceso casuístico que encarceló al ex-presidente Lula e intenta inviabilizar su candidatura a la Presidencia de la República.
Las elecciones de 2018 serán una de las más decisivas de la historia brasilera, pues en ellas se enfrentarán proyectos de país y sociedad, representados por partidos y candidaturas a los Ejecutivos y a los Legislativos. Por un lado estarán aquellos identificados con el actual gobierno buscando legitimarse, por el otro, aquellos genuinamente portadores de los anhelos más profundos del pueblo brasilero en su incansable saga por soberanía y derechos universalizados.
En esas elecciones, otro gran desafío para las fuerzas de la resistencia democrática y popular es enfrentar las candidaturas con fuerte contenido neofascista.
En este momento dramático, en que están en riesgo el presente y el futuro de nuestra nación, no podemos «lavarnos las manos», omitirnos, ni buscar refugio en la neutralidad.
El momento exige solidaridad con los empobrecidos, oprimidos y e marginalizados.
Para tanto, proponemos construir un programa que sea referencia y orientación para nuestra gente en las elecciones y que pueda movilizar la espiral de ciudadanía y de bien común.
Entre esos puntos, la entidades firmantes proponen:
– Revocación de los cambios aprobados en la CLT (Consolidación de las Leyes del Trabajo) que retiran derechos de los trabajadores.
– Reversión de las privatizaciones ejecutadas y fortalecimiento de las empresas públicas.
– Revocación de la Enmienda Constitucional 95, que congela las inversiones sociales por 20 años.
– Realización de una Auditoria Ciudadana de la Deuda Pública, que consume aproximadamente mitad de todo el presupuesto público brasilero.
– Realización de Reforma Tributaria que combata la desigualdad, tasando las grandes fortunas, las grandes herencias, los dividendos de las grandes empresas y del sistema financiero.
– Reversión de las exoneraciones fiscales y del perdón de deudas y cobranza de los impuestos adeudados por grandes empresas.
– Retomada de los programas sociales en los moldes nos moldes anteriores a 2016, reforzándolos y universalizándolos.
– Denuncia de la partidización y la selectividad del sistema judicial.
– Respeto a la presunción de la inocencia y a la Constitución que garante que la prisión solamente debe ocurrir cuando todos los recursos necesarios e instancias se hayan agotado.
– Movilizar la sociedad para una amplia Reforma del Estado, que estimule mecanismo de participación directa, promueva la democratización y la pluralidad de los medios de comunicación y garanta el pleno respeto a los derechos humanos.
– Implementación del derecho a la demarcación de tierras indígenas y quilombadas y realización de una reforma agraria amplia y popular, con incentivos a la producción agroecológica e agroflorestal y la comercialización de alimentos saludables para toda la población brasilera.
Cáritas Brasileira
Comissão Brasileira Justiça e Paz
Comissão Pastoral da Terra
Conferência dos Religiosos do Brasil
Conselho Indigenista Missionário
Conselho Nacional do Laicato do Brasil
Conselho Pastoral dos Pescadores
Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social
Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida (OLMA)
Pastoral Carcerária
Pastoral Operária
Serviço Pastoral do Migrante
[1] Comunidades quilombadas o quilombolas, se refiere a diferentes situaciones, por ejemplo: donaciones de tierras realizadas a partir de la desegregación de monocultivos; compra de tierras por los propios moradores para liberarse de la esclavitud; tierras obtenidas a cambio de la prestación de servicios; o tierras ocupadas en el proceso de resistencia contra el sistema esclavista. En todos los casos, el territorio es la base de reproducción física, social, económica y cultural de la colectividad. En 2016 había más de tres mil comunidades en todo el país.
[2] Coordinación de perfeccionamiento de personal de nivel superior (CAPES, por sus siglas en portugués), organismo bajo la dirección del Ministerio de Educación.