Las medidas económicas que implantó este mes de agosto el presidente Nicolás Maduro parecieran ahondar el colapso de Venezuela, con hiperinflación, escasez, incertidumbre y desesperanza que empujan a sus habitantes, por centenares de miles, a una migración sin precedentes en América Latina. «Este es un programa completo como nunca había tenido nuestro país en la […]
Las medidas económicas que implantó este mes de agosto el presidente Nicolás Maduro parecieran ahondar el colapso de Venezuela, con hiperinflación, escasez, incertidumbre y desesperanza que empujan a sus habitantes, por centenares de miles, a una migración sin precedentes en América Latina.
«Este es un programa completo como nunca había tenido nuestro país en la historia. Nos vamos a recuperar y vamos a tomar el camino del crecimiento y de la prosperidad», ofreció el mandatario al anunciar un primer paquete de medidas el 17 de este mes.
El salario mínimo se multiplicó por 35, se fijaron precios oficiales para 25 alimentos, se anunciaron alzas en precios de combustibles y servicios, se ordenó entregar bonificaciones a tenedores del carnet de la patria, un censo oficialista, se devaluó la moneda en 96 por ciento y el impuesto al valor agregado (IVA) pasó de 12 a 16 por ciento, entre otras decisiones.
En paralelo, se eliminó una ley que penaba con cárcel el empleo del mercado negro para el cambio de divisas y se introdujo desde el 20 de agosto una nueva familia de billetes: al bolívar «fuerte», del que ya eran necesarios varios millones para comprar un kilogramo de queso o una barra de pan, se le quitaron cinco ceros y se llama ahora «soberano».
Una semana después de los anuncios «igual las cosas han subido de precio hasta el doble, desde la comida hasta piezas para electrodomésticos. Con lo que compraba en julio un cartón de huevos (30 unidades) ahora compré la mitad. Vamos de mal a peor», se quejó a IPS el electricista Andrés Chacín.
El sector privado «en especial quienes tienen nóminas de personal importantes en su estructura de costos, como la banca, comercios, clínicas o colegios privados, resultan los más afectados», dijo a IPS el profesor Luis
Oliveros, quien dicta clases de Economía en las universidades Metropolitana y Central de Venezuela.
Es el caso del inmigrante Manuel Fonseca, dueño de una venta de repuestos usados a las afueras de Caracas: «Las cuentas no dan para sostener este negocio, voy a cerrarlo por un año, mientras vemos qué pasa. Mi familia ya regresó a Portugal y me espera», dijo a IPS.
«Un 90 por ciento de mis clientes quebrará si tienen que afrontar las obligaciones derivadas del nuevo salario mínimo, así que parte busca un acuerdo con su plantilla para pagar la cesantía y antigüedad, cerrar temporalmente y reabrir después, y la otra entrará en bancarrota y cesará su actividad», resumió a IPS bajo anonimato el presidente de una firma de contaduría que sirve a 200 pequeñas y medianas empresas.
Los nuevos salarios regirán a partir de septiembre, lo que dio margen a que en los días finales de agosto las empresas pudieran decidir cierres y despidos, aunque el gobierno ofreció asumir parte de los costos laborales de las industrias durante tres meses.
«Con estas medidas, que presagian nuevas emisiones de dinero inorgánico (sin respaldo en la economía real), los pobres seguirán siendo quienes más sufren la crisis, porque no tienen activos ni diversificación de ingresos para resistir, y cada vez hay más pobres mientras disminuye la clase media», advirtió Oliveros.
En 2017 la pobreza en Venezuela alcanzaba a 87 por ciento de su población medida por el nivel de ingresos y a 51 por ciento por las condiciones de vida, según un estudio de tres universidades del país.
El gubernamental Instituto Nacional de Estadística publicó sus últimas cifras en 2012 ubicando en la pobreza a 33 por ciento de la población del país, que avanzaba entonces hacia los 30 millones de habitantes.
En el centro del problema está la inflación, de la que no se tienen cifras oficiales desde 2015, pero que en el período julio 2017-julio 2018 alcanzó 82.766 por ciento según estudios del parlamento (dirigido por la oposición) y al cierre de 2018 el Fondo Monetario Internacional estima que puede llegar a un millón por ciento.
El estudio de las universidades registró que 64 por ciento de los venezolanos perdieron hasta 11 kilos de peso corporal en un año, y ocho de cada 10 encuestados aseguraron que no comen lo necesario cada día por la escasez de alimentos en sus hogares.
La Organización Panamericana de la Salud presentó un informe en junio según el cual en Venezuela avanzan los casos de malaria, sarampión, tuberculosis, difteria e infecciones por VIH.
El gremio de médicos dice que 22.000 afiliados se fueron del país desde 2014, y cirujanos, enfermeros y auxiliares mantienen protestas y huelgas desde el pasado Julio en los principales hospitales públicos de Caracas y capitales de los estados del país.
Pero las historias e imágenes de Venezuela que más han nutrido a los medios de la región en las últimas semanas han sido las de la emigración masiva hacia los países vecinos de América del Sur.
Stephane Dujarric, portavoz de la secretaría general de las Naciones Unidas, dijo a mediados de aAgosto que en los últimos tres años han salido de Venezuela 2,3 millones de personas.
Van principalmente a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Estados Unidos, España y Panamá. El flujo diario en las fronteras terrestres se cuenta en miles.
«La bandera que arropa a quienes se van y a quienes se quedan es la incertidumbre entre si se podrá vivir o sobrevivir. Se está produciendo un ajuste económico, desordenado, y eso tiene un costo social y humano que pagamos y dejará un país con más precariedad», dijo a IPS la politóloga y psicóloga social Colette Capriles.
La también jefa de la sección de Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar estimó que «el corazón de las medidas de Maduro es tratar de recuperar el poder de compra de la población, pero de manera nominal, imprimiendo más dinero y sin financiamiento externo ni estímulos al mercado, la producción y el sector privado».
El objetivo del plan «se ve que es mantenerse en el poder, mediante mayores controles, pero con eso también se arriesga, hacia el mediano y aún el corto plazo, que se vaya a derrumbar la economía, y ahí Maduro apuesta su capital político», abundó Capriles.
Oliveros sostiene que Venezuela «ya tiene la peor inflación y crisis económica de América Latina en los tiempos modernos, va camino a una situación como la de Zimbabwe», que en 2008 alcanzó cotas de cientos de miles de millones por ciento y los precios se duplicaron cada 24 horas.
Y, recordó, «incluso ese país no tuvo una caída del PIB (producto interno bruto) como la de Venezuela», que economistas independientes y organismos internacionales sitúan alrededor de 45 por ciento en tres años.
La historiadora Margarita López Maya dijo a IPS que «un escenario probable es la continuación y agudización de lo que ahora estamos viendo. No hay capacidad en el país para afrontar la maxidevaluación y la hiperinflación».
«Los clanes en el poder han logrado desbaratar a las oposiciones internas y no hay fuerzas que los detengan o se les opongan como para hacerles torcer el rumbo», según la investigadora y directiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Ese rumbo «va a achicar y forzar al cierre a una buena parte del sector privado y entrará entonces un modelo estatista y colectivista como el de Cuba», agregó López Maya.
Andrés Chacín dice que en su hogar, que comparte con su esposa y un hijo pequeño, «veremos lo que ocurre en las próximas semanas. Quizá tengamos que emigrar, si no hay más remedio».