El pasado 7 de abril, 34 ministros de Comercio de países americanos, con la excepción de Cuba, aprobaron en Buenos Aires el calendario para poner en marcha la mayor zona de libre comercio del mundo, al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los primeros pasos de este proyecto se remontan a diciembre de […]
El pasado 7 de abril, 34 ministros de Comercio de países americanos, con la excepción de Cuba, aprobaron en Buenos Aires el calendario para poner en marcha la mayor zona de libre comercio del mundo, al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los primeros pasos de este proyecto se remontan a diciembre de 1994, con motivo de la primera Cumbre de las Américas, en Miami, cuando los ministros de Comercio de todos los países americanos, también sin Cuba, se pusieron de acuerdo en establecer una zona de libre comercio «desde Alaska hasta Ushuaia» que incluiría a 34 países. Poco más fue hecho hasta la Cumbre de Santiago en abril de 1998, cuando se estableció un Comité de Negociaciones Comerciales encabezado por el argentino Adalberto Rodríguez y formado por los viceministros de cada país. Este comité ha estado trabajando desde fines de 1999 mediante reuniones llevadas con el mayor secreto, a pesar de las repetidas llamadas de la sociedad civil pidiendo una mayor transparencia y participación.
Ese secretismo ha sido uno de los elementos más sospechosos del acuerdo. Así lo han denunciado las organizaciones que se pronunciaron en la Segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas en Quebec, en su declaración del 19 de abril y la Central de Trabajadores Argentinos: «Ni los pueblos de la región, ni el conjunto diverso de organizaciones sindicales y sociales, ni los parlamentos han podido participar en los debates ni conocer el detalle de la marcha de los acuerdos. Por el contrario, con gran cinismo, los negociadores afirman que han tomado nota de las recomendaciones del Foro Empresarial de las Américas y que las mismas han sido aportes valiosos al proceso del ALCA. Así los gobiernos se aprestan, en pocas semanas, a firmar un tratado a espaldas de los pueblos y que amenaza con profundizar radicalmente las terribles consecuencias que depararon las políticas neoliberales vigentes».
Este secreto también ha sido denunciado por intelectuales como Noam Chomsky, quien afirmó en una entrevista a Radio Habana Cuba que «en realidad no sabemos con detalle lo que se está planeando, porque todo se mantiene en silencio. Hay negociaciones que llevan años realizándose y el mundo de los negocios sí conoce bien lo que se ha estado tratando, y los medios de información lo conocen bien, pero no publican nada. Si se hace una encuesta a la población en Estados Unidos, probablemente ni uno en un millón haya oído hablar de esto. Realmente es impresionante la capacidad mostrada para hacer que este asunto se mantenga en silencio durante tantos años, sobre todo si se tiene en cuenta que detrás de esto no hay ninguna fuerza, sino que ha sido una decisión de los propios medios corporativos privados la de guardar silencio sobre el asunto». Hemos de recordar que, ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos ha tenido acceso a los términos de la negociación ni mucho menos oportunidad de pronunciarse al respecto.
El promotor de la iniciativa es Estados Unidos, concretamente el ex presidente George Bush padre. Ahora su hijo, asesorado por numerosos secretarios y consejeros procedentes de la administración de Bush padre, pretende cerrar el acuerdo antes de finalizar su mandato en enero del 2005. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, ha afirmado que «estas cumbres de las américas no son otra cosa que cumbres de Estados Unidos ya que es este país el que las diseña y organiza a su gusto». El argumento esgrimido a favor del ALCA es que a través de esta área de libre comercio se logrará también «el fortalecimiento de la democracia en el continente y la creación de prosperidad y desarrollo humano». Nada más alejado de la realidad según denuncian los diferentes movimientos sociales, desde sindicales a medioambientales e indígenas.
El precedente más claro de un acuerdo de este tipo es el NAFTA o TLC, el acuerdo de libre comercio suscrito por EEUU, Canada y México en 1994. Desde su puesta en vigor, como consecuencia de las importaciones provenientes de los EEUU y de la devaluación del peso, un millón de mexicanos más pasaron a ganar por debajo del salario mínimo y ocho millones de familias han pasado a engrosar las bolsas de pobreza. Se calcula, según las cifras manejadas por la asociación ATTAC, que 28.000 pymes tuvieron que cerrar en México tras la irrupción del NAFTA. En las zonas de maquiladoras (empresas de ensamblaje industrial, en su mayoría textil) a lo largo de la frontera entre EEUU y México, el incremento de la polución y los desechos químicos como resultado de los términos comerciales del NAFTA, han incrementado dramáticamente las tasas de hepatitis y otras malformaciones congénitas. Recordemos que tan sólo diez meses después de la firma del tratado el 1 de enero de 1994, se produjo la terrible crisis mexicana, denominada «efecto tequila», que provocó la caída estrepitosa de los salarios. A pesar de la recuperación, en 1999 estos salarios seguían siendo un veinte por ciento más bajo que antes de la crisis y que la firma del tratado. Pero tampoco el acuerdo trajo ningún beneficio a los trabajadores norteamericanos. A ese lado de la frontera se perdieron medio millón de empleos debido a la fuga de empresas hacia México, donde los salarios son notablemente más bajos y la legislación laboral más endeble.
El ALCA supone ampliar el modelo del Tratado de Libre Comercio de Canadá, EEUU y México a todo el continente ignorando la situación de desigualdades desde las que se parte y sin la creación de ninguna medida de redistribución regional de la riqueza al estilo de los fondos de cohesión creados en la Unión Europea. Los delegados de la Segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas han recordado que de los 800 millones de personas que integran la población afectada por el ALCA, quinientos viven en América Latina y la mitad de ellas se encuentran en situación de pobreza. Frente a ello, el ochenta por ciento del peso económico del continente lo tienen Estados Unidos y Canadá, quienes poseen el capital, la tecnología y las patentes. Sólo el PIB de EEUU representa el 71 % de todo el hemisferio. América Latina no sólo no posee infraestructura ni tecnología sino que cuenta con una deuda externa de 792.000 millones de dólares. Si exceptuamos Brasil, todos los demás países de América Latina suman sólo el 12’30 % del PIB del continente. El futuro tampoco parece muy halagüeño, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expresa en su proyecto «Panorama Social 1999-200» su temor: «todo parece indicar que en estos países, la tendencia a la reducción de la pobreza observada en los años noventa se verá interrumpida y en aquellos en los que la recesión fue muy intensa se puede prever que se producirán aumentos en los porcentajes de hogares en situación de pobreza». Ni tan siquiera las cifras macroeconómicas son favorables: de 1997 a 1999 la tasa de variación del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante pasó del 3,7 al -1,06 por ciento. Cada una de las pequeñas o grandes crisis sufridas por los países de América Latina ha empeorado un poco las condiciones de vida de sus habitantes.
Es imposible pensar en un mínimo de equidad entre países cuya renta per capital oscila entre los 30.600 dólares en EEUU y los 430 de Nicaragua. Por ello, algunos presidentes latinoamericanos, en especial el brasileño y el venezolano, han expresado sus reservas al ALCA. Hugo Chávez declaraba en el diario El Universal, de Caracas que «No podemos hablar de un acuerdo de libre comercio tabla rasa, donde nos midan a todos por igual. Cómo se podría comparar Haití con Estados Unidos, para poner el ejemplo más extremo -se preguntó. Esa es una reserva que nosotros tenemos sobre la declaración, ya veremos si la mantenemos o no. Yo no puedo comprometerme para que el 31 de diciembre del 2005 entre el ALCA en vigencia para Venezuela».
No es causal que alguien como Miguel Longo, de la agencia informativa Alai-Amlatina, haya propuesto un ALPA en lugar de un ALCA, es decir, un Area Libre de Pobreza de las Américas en lugar de un Area de Libre Comercio en las Américas.
No lo va a tener fácil Estados Unidos para llevar adelante el ALCA. No sólo por las complejidades del proyecto sino por la fuerte oposición de dos gigantes latinoamericanos: Brasil y Venezuela. Ambos países saben que a pesar de la firma de Buenos Aires, queda suficiente por delante como para ir pisando el freno sin irritar excesivamente a Bush. El periodo más decisivo será el comprendido entre mediados del 2002 y el 2004, con el objetivo de que el ALCA sea una realidad el último día del 2005, es decir, el 2006. Ya sólo estas fechas supone un fracaso a las pretensiones norteamericanas que buscaban ponerlo en marcha el primer día del 2003. Por su parte Venezuela ya ha expresado su intención de integrarse en el Mercosur, un acuerdo regional que si bien está avanzando con muchas dificultades, no es del gusto de Washington. Y aunque EEUU amenace con responder a los retrasos con la ampliación del TLC a países como Chile, Bolivia, Colombia o Uruguay, nunca se podrá hablar de libre comercio de América sin contar con Brasil y Venezuela.
¿Pero qué elementos contiene el ALCA que generan esa preocupación en los pueblos latinoamericanos?, ¿cuáles son esos contenidos que tanto les angustian?.
La creación del ALCA, al igual que el fallido Acuerdo Multinacional de Inversiones (AMI) que chocó con la oposición de la opinión pública mundial, y la Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio, boicoteada por miles de activistas en Seattle en noviembre de 1999, forma parte de una agenda global de liberalización del comercio que ha tenido, en donde se ha aplicado, a las grandes corporaciones transnacionales como grandes ganadores, a expensas de la gran mayoría de la población, el medio ambiente, y la equidad social. Algunos puntos del ALCA están calcados del AMI, por ejemplo el que declara que los inversionistas podrían exigir compensaciones y demandar a los estados en caso de guerra, de revolución o de conflicto social, lo que según los expertos, supondría que una empresa podría demandar a un gobierno y reclamar compensaciones en caso de un huelga en su contra. Los estados tendrían, por tanto, como función primordial no velar por unas adecuadas condiciones de vida de los ciudadanos, sino por las mejores condiciones para el desarrollo y enriquecimiento de las corporaciones, compensándolas si no lo consiguiera.
La experiencia del NAFTA ha demostrado cómo los derechos laborales más básicos y los intereses de los trabajadores son agredidos por estos acuerdos de libre comercio. El objetivo de asegurar la más absoluta libertad al capital para moverse a nivel continental significará, como lo señala la experiencia más reciente, una tendencia a la baja de los salarios y las condiciones laborales. El ejemplo más elocuente de lo que les augura el ALCA es la terrible situación que sufren las trabajadoras de las maquilas en México: sueldos por debajo del salario mínimo, jornadas laborales de más de 12 horas, ausencia de amparo legal, limitación de los derechos sindicales, condiciones insalubres de trabajo, trabajo infantil. Por otro lado los efectos de la libre importación de mercancías amenazan con condenar al sector industrial local a una completa desaparición, profundizando así los altos índices de desempleo que ya castigan a estos países.
Por otra parte el ALCA, como el NAFTA, impedirá, bajo el pretexto de otorgar seguridad absoluta a las inversiones, cualquier regulación estatal aún cuando ésta se apoye en consideraciones de bienestar general, de defensa de la salud pública o del medio ambiente. Los gobiernos no podrán impulsar estrategias de desarrollo y seguirán compitiendo por bajar más los salarios, degradar las condiciones de trabajo o la estándares ambientales con la esperanza de atraer las deseadas inversiones. El proyecto del ALCA se extiende además a los servicios comprometiendo a los estados a velar por el derecho de las empresas a prestarlos. Esto abre la posibilidad de la privatización en áreas socialmente delicadas donde aún no ha tenido lugar, en sectores como la educación, la salud o el servicio penitenciario, tal y como ya ha sucedido en EEUU. También se excluye expresamente revertir las privatizaciones ya realizadas. El principio general es transformar los servicios sociales en mercancías, cuyo acceso quede regulado por la capacidad individual de pago. Por otra parte permitiría a las empresas, como ya ha ocurrido en Canadá y México, exigir contar con las mismas exenciones y privilegios que los organismos públicos que los prestan.
El ALCA impondrá la eliminación de las barreras arancelarias y la prohibición de cualquier política estatal destinada a favorecer el uso de bienes nacionales o privilegiar cualquier forma de desarrollo local o sectorial. También impondrá la obligación de abrir las compras o contrataciones del estado a todas las empresas del continente. Todo ello amenaza con condenar a la desaparición a las ya golpeadas medianas y pequeñas empresas así como profundizar la desindustrialización de las economías nacionales.
Además, los términos del ALCA están redactados a medida de EEUU. Veamos algunos ejemplos. Dado que el principal sector norteamericano en desventaja en una economía regional sin barreras sería la agricultura, la existencia de subsidios a este sector será una excepción gracias a la cual EEUU podrá mantener artificialmente mediante sus subsidios de 80.000 millones de dólares anuales la competitividad de su agricultura y evitar las importaciones de los países latinoamericanos.
Si bien en el ALCA la supresión de los límites comerciales arrasa con cualquier medida o legislación laboral o medioambiental, existe un derecho que sí se respeta en el ALCA, el de la propiedad intelectual. Detrás de este aparentemente loable respeto no hay otra cosa que el objetivo de mantener EEUU la patente y la exclusividad en la producción de medicamentos, adueñarse de las patentes de los recursos fitogenéticos del continente y mantener su monopolio sobre las tecnologías punta. Iniciativas como la de Brasil, de producción de medicamentos genéricos contra el SIDA más baratos y con mayor posibilidad de acceso para los sectores más empobrecidos, supondrían un incumplimiento del ALCA y le obligarían a indemnizar a las multinacionales propietarias de las patentes. El derecho de propiedad intelectual y patentes también supondrá todo un negocio para las multinacionales de la biotecnología quienes verán aprobados sus productos transgénicos y garantizado su monopolio en la producción y distribución de las semillas, fertilizantes e insecticidas. Los productos transgénicos no producen su propia semilla, los campesinos debe adquirirla para cada cosecha a la multinacional productora propietaria de la patente.
Los estados se obligan a poner los recursos naturales (en especial el petróleo) a disposición del «accionista mayoritario». Puesto que en una economía neoliberal el estado se verá obligado a la privatización de cualquier recurso natural que todavía tenga en sus manos, el accionista mayoritario siempre será una multinacional, y ésta, según el acuerdo de libre comercio vinculante a los países del continente, sólo podrá ser norteamericana.
Tras la firma del ALCA cualquier regulación estatal destinada a preservar el medio ambiente, así como la salud, deberá acreditar que no constituye un obstáculo innecesario al comercio y la inversión reservándose las empresas el derecho a querellar legalmente a los estados. Así sucede ya en el NAFTA donde, por ejemplo, en el estado mexicano de Guerrero el 40% de los bosques se han perdido por la explotación indiscriminada en estos últimos años
Como dice Guillermo Almeyra en el diario mexicano La Jornada «En este contrato desigual América Latina pone las riquezas y, mediante la exacción constante y creciente de enormes sumas en concepto de pago de la deuda (de tributo al capital financiero), da el dinero a Estados Unidos para que explote las riquezas ajenas y se apropie de ellas en nombre del desarrollo compartido. Los ferrocarriles, canales, caminos son las venas de un sistema. Por ellos no sólo circulan las mercancías, sino también las personas, las ideas».
El ALCA terminará siendo una agresión a la voluntad popular y a las instituciones democráticas en cuanto que todo intento de regulación estatal, aunque esté fundado en criterios de desarrollo económico local o nacional, progreso social, bienestar de la población o protección del medio ambiente, puede ser cuestionado con éxito por el capital como lo demuestra la experiencia del NAFTA. En ese sentido las cláusulas del ALCA impondrán, desde hoy y hacia el futuro, un verdadero corsé a la voluntad de la sociedad y al propio funcionamiento de las instituciones estatales.
La Declaración de la Segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas aprobada el 19 de abril concluye afirmando que «El proyecto del ALCA es un estatuto de derechos y libertades para los inversionistas, consagrando la supremacía del capital sobre el trabajo, transformando la vida y el mundo en mercancías, negando a los derechos humanos, saboteando la democracia y socavando la soberanía de los Estados».
Lo que está detrás del ALCA, según ha denuncado el economista uruguayo Daniel Olesker, es «reducir las posibilidades de los países del sur de comprar a quién le ofrezca mejores precios, marginando en los negocios a la Unión Europea y a la totalidad de los países del Asia, cuyas producciones serán aceptadas solo si sortean fuertes aranceles, pero que los harían igualmente no competitivos con los fabricados por las empresas inversoras norteamericanas. Por supuesto que también con el ALCA en marcha, se liquidará las alianzas que se están intentando desde Europa con diversas áreas económicas que se están intentando en Latinoamérica, como el MERCOSUR».
En la misma línea están los comentarios de Noam Chomsky: «No se trata de un área de libre comercio. Los que se hallan enfrascados en su diseño no están a favor del libre comercio. Si lo estuvieran, todo se podría recoger en un documento de una sola página. Sin embargo, de lo que se trata es de una serie de documentos muy detallados que son una combinación de liberalización con proteccionismo, que de hecho en su mayor parte no se refieren a nada que pueda considerarse comercio. Más bien digamos que se busca introducir cosas como precios monopolísticos de los productos, de los propios medicamentos. Por ejemplo, las nuevas propuestas están dirigidas a permitir a estas tiranías privadas -las corporaciones- el control sobre los servicios, la salud, la educación, el agua, los asuntos relacionados con el medio ambiente. Eso nada tiene que ver con el comercio y sí mucho que ver con la transferencia de poder de manos del Estado, del pueblo en tanto pueda éste estar representado por el Estado, a manos privadas. Esto no tiene nada que ver con el comercio, y estamos hablando de aspectos centrales del llamado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas».
El futuro de América Latina bajo el ALCA lo dibujó Fidel Castro en su discurso del 1 de mayo: «Las naciones latinoamericanas estarían llamadas a convertirse en enormes zonas francas que no pagan impuestos, o sólo muy reducidos. Tal vez reciban un número mayor de turistas norteamericanos que viajarán por el inmenso territorio de Centro y Sudamérica, que se alojarán en hoteles norteamericanos, viajarán en líneas aéreas o en cruceros norteamericanos, utilizarán servicios de comunicación norteamericanos, comerán en restaurantes norteamericanos, comprarán en tiendas norteamericanas mercancías producidas en empresas norteamericanas con petróleo y materias primas latinoamericanas».
Frente a ALCA, ya con motivo de la Segunda Cumbre de ls Américas en Santiago de Chile en 1998, se realizó la Cumbre de los Pueblos de las Américas. En esta cumbre convergieron diversas organizaciones y movimientos sociales de todo el hemisferio, para expresar su rechazo colectivo a la agenda neoliberal dominante en el proceso del ALCA. La Cumbre de los Pueblos se centró en la construcción de una Alianza Social Continental en torno a alternativas concretas y factibles al modelo neoliberal de integración económica al servicio de las grandes corporaciones transnacionales. Ante el ALCA, la Alianza Social Continental pretende construir una alternativa con base en las propuestas y la fuerza colectiva que emanan de las organizaciones sociales de toda América.
Más información sobre el ALCA:
Alianza Social Continental:
No al Alca:
Rebelión:
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Un artículo que otorga poder a las multinacionales por encima de los Estados
Pascual Serrano
El capítulo sobre inversiones es uno de nueve del acuerdo que deberá entrar en vigor en el año 2005. Este texto retiene las peores características del Capítulo 11 del TLC (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), según afirmaron los expertos, al conocer una parte del borrador que se filtró a la prensa y fue reproducido en Internet.
Este capítulo propone habilitar a las grandes empresas para demandar a gobiernos por discriminación si éstos obstaculizan sus inversiones. Esa misma disposición está contenida en el Capítulo 11 del TLC, que ha dado lugar a demandas judiciales de multinacionales por más de 18.000 millones de dólares contra los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos.
Cuando el TLC fue adoptado en 1994, el capítulo 11 en el acuerdo sobre comercio e inversión era demasiado oscuro como para despertar susceptibilidades. Ocho años más tarde, es la evidencia más contundente en la cada día más intensa discusión sobre si la globalización pisotea la soberanía nacional. El capítulo 11 establece un nuevo sistema de arbitraje privado a través del cual los inversionistas extranjeros pueden presentar demandas contra los gobiernos por perjuicios. Mientras las reclamaciones de negocios y las indemnizaciones económicas se acumulan, y las advertencias provenientes de astutos críticos se confirman, el TLC ha permitido que las transnacionales usurpen los poderes soberanos gubernamentales, además de los derechos de los ciudadanos y de las comunidades, señala en un brillante artículo William Greider en el diario mexicano La Jornada bajo el título Corporaciones Soberanas .
El capítulo 11 del NAFTA es especialmente preocupante porque permite los juicios por parte de los inversores hacia los estados. La inversa, por supuesto, no es posible. El principio operativo del artículo 11 es que la inversión extranjera de capitales en Canadá, México y Estados Unidos puede demandar compensación si el potencial de obtener ganancias de sus inversiones fue perjudicado por decisiones gubernamentales, «lo cual equivale a una expropiación». Así que se les da más derechos a las compañías extranjeras que a los negocios nacionales que operan en su propio país. Como puede verse, se trata de una puerta trasera para el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) que fuera rechazado gracias a las movilizaciones populares en toda Europa en 1998. Todo hace pensar que el ALCA no será muy diferente.
Las disposiciones del capítulo sobre inversiones del TLC fueron invocadas en al menos 15 ocasiones diferentes para impugnar normas legales destinadas a proteger el ambiente, la salud y la seguridad. Algunos ejemplos del NAFTA que pueden sentar precedentes para el ALCA, los señala William Greider en el citado artículo:
* Después de que la Agencia de Protección Ambiental informó de riesgos cancerígenos potenciales y de que se encontraron al menos diez mil sitios de agua subterránea contaminados con esta sustancia, California prohibió un aditivo a la gasolina basado en el metanol, el MTBE. Methanex, de Vancouver, Columbia Británica, el mayor productor de metanol, presentó una demanda contra Estados Unidos por 970 millones de dólares. Si el tribunal del TLCAN dictamina a favor de la compañía, se espera que haya muchas otras quejas, ya que por lo menos 10 estados siguieron los pasos de California. El gobierno federal tendría que desembolsar los pagos compensatorios. Sheila Kuehl, senadora de California, y otros, le pidieron al representante de Comercio que explique cómo esto cuadra dentro del derecho soberano de los Estados a proteger el medio ambiente y la salud.
* En México, a la compañía estadounidense eliminadora de desechos Metalclad le fueron otorgados 16’7 millones de dólares después de que el estado de San Luis Potosí clausuró el vertedero de desechos tóxicos en Guadalcázar. Los residentes locales se quejaron de que el gobierno mexicano no estaba imponiendo los estándares ambientales y que el proyecto amenazaba el abastecimiento de agua. La Metalclad Corporation (EEUU) llevó a juicio al estado mexicano por no permitirle instalar un depósito de materiales tóxicos en su propiedad, alegando que la zonificación ambiental impuesta por el estado era equivalente a una expropiación.
La victoria de Metalclad estableció el precedente de que el mecanismo de solución de disputas del TLCAN puede utilizarse a nivel estatal e incluso municipal.
* En Canadá, el gobierno prohibió otro aditivo a la gasolina, el MMT, porque se sospecha que puede ser peligroso para la salud y que daña los convertidores catalíticos, según la industria automovilística. La empresa Ethyl, de Virginia, productora de MMT, entabló una demanda por 250 millones de dólares, pero se conformó con 13 millones de dólares después de que Canadá acordó retirar la prohibición y ofrecer una disculpa.
* La compañía Sunbelt Water, de California, ha entablado la mayor y más audaz de las reclamaciones: busca obtener 10.500 millones de dólares de Canadá por haber revocado su licencia para exportar agua de la Columbia Británica a zonas estadounidenses donde escasea el líquido a través de un gran buque de carga.
* La canadiense Mondev International reclama 50 millones de Estados Unidos porque el ayuntamiento de Boston canceló un contrato de venta de un edificio de oficinas con un centro comercial. Boston invocó la inmunidad soberana contra tales demandas y fue defendido por un juez local y por la Suprema Corte de Massachusetts. La Suprema Corte de Estados Unidos declinó escuchar la apelación. Así que la compañía buscó al TLCAN.
«Cuando tan sólo la amenaza de una acción respaldada por el capítulo 11 es suficiente para arrancar del gobierno un arreglo financiero, los inversionistas tienen un poder sin precedentes contra los Estados», escribió Lydia Lazar, abogada de Chicago que ha trabajado en el ámbito del comercio mundial, en la revista Global Financial Markets. México, Canadá y Estados Unidos renunciaron eficazmente a la doctrina sobre inmunidad soberana, explica Lazar, cuando firmaron el TLC.
Hasta la fecha, han surgido un total de hasta quince casos, pero nadie puede estar seguro de la cantidad porque no es un requisito hacerlo público. Las partes contendientes escogen a los jueces que servirán de árbitros, escogen qué temas y qué principios legales se van a aplicar y también deciden si el público tendrá acceso a los procesos penales. El modelo de arbitraje es igual al que se sigue en los casos de derecho privado entre intereses de negocios contendientes. Con la misma arrogancia con la que fue diseñada la Organización Mundial del Comercio, y otros foros internacionales de comercio, se asume que estas disputas no le incumben al público, a pesar de que las leyes públicas son atacadas y de que el dinero del contribuyente paga las sanciones. El argumento esgrimido por las empresas es de daño a la propiedad de un inversionista, entendiendo como propiedad las ganancias que prevé obtener en un determinado negocio. El artículo 11 considera prioritario no sólo la propiedad privada sino la previsión de ganancias por encima de los poderes reguladores del estado. Se considera una propiedad inviolable la opción a poder establecer determinado negocio, independiente de las consecuencias medioambientales o de salud que pueda tener, todo un giro a la Declaración Universal de Derechos del Hombre.