Ganancias para pocos, amenaza para la mayoría

Mientras las negociaciones del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) siguen en compás de espera en relación a las elecciones en los Estados Unidos, los gobiernos de los países del Mercosur, negocian contra reloj un acuerdo también nocivo para la región sólo que con la Unión Europea (UE). El apuro es grande entre los negociadores porque el plazo para la conclusión del acuerdo termina el 31 de octubre – es ésta la fecha en que los representantes de la Comisión Europea serán cambiados y, en caso de que el acuerdo no esté concluido, el proceso negociador tendrá que recomenzar.

Las organizaciones y movimientos de la región que hacemos la Campaña Contra el ALCA en el Cono Sur queremos hacer pública y fundamentar nuestra oposición a este acuerdo lesivo con la Unión Europea, que pone en juego nuestra soberanía, nuestro futuro y las posibilidades de avanzar en una verdadera integración sustentable subregional y con los pueblos europeos.

Como veremos, a cambio de supuestas ganancias para algunos pocos sectores agroexportadores, nuestros gobiernos de los países del Mercosur están ofreciendo entregar sectores clave de nuestras economías a la competencia desigual con las grandes empresas transnacionales europeas, en áreas como bienes industriales, pesca y transporte marítimo, seguros, servicios ambientales -inclusive agua y saneamiento–, servicios financieros y de telecomunicaciones, compras gubernamentales, normas más estrictas de propiedad intelectual que impedirán la transferencia de tecnología y facilitarán la biopirateria y la apropiación indebida del conocimiento asociado al uso de la biodiversidad, garantías jurídicas adicionales para los inversores europeos, etc.

Declaramos que este toma y daca es absolutamente inaceptable, como lo es la falta total de transparencia con la que se están conduciendo estas negociaciones.

En consecuencia, exigimos a los negociadores y gobiernos del Mercosur: – no firmen el tratado con la Unión Europea. – detener inmediatamente las negociaciones – realizar consultas populares y sectoriales previas a reiniciar negociaciones – involucrar a los parlamentos nacionales plenamente en todas las etapas de las nuevas negociaciones, previo a la firma de cualquier acuerdo – evaluar los impactos socioambientales y económicos de la liberalización de las últimas décadas en el región

1. Acceso a mercados en agricultura – La supervivencia de la agricultura familiar y campesina está en juego La mayor apuesta de los gobiernos del MERCOSUR esta cifrada en obtener acceso al mercado europeo para algunas producciones agropecuarias y agroindustriales de la región. Pero para que eso ocurra, el acceso a los mercados debe ser una concesión mutua, es decir, que nosotros tendremos que abrir aún más nuestros mercados a las importaciones agrícolas subsidiadas europeas, lo que significará la ruina para la inmensa mayoría de los agricultores familiares y los campesinos de la región.

Uno de los casos más preocupantes en ésta área de negociaciones es el caso de la leche, que es considerado producto sensible por el Mercosur, y tiene hoy un arancel de 27% para la entrada de la leche europea en nuestro mercado. Sin embargo, la lista de excepción para productos reconocidamente sensibles del Mercosur no está siendo aplicada al acuerdo UE-Mercosur. La agricultura familiar/campesina (pequeños productores), por ejemplo en el caso de Brasil, es responsable por el 82% de los 1,8 millones de establecimientos lecheros y por, por lo menos, el 80% de la producción.. Si el acuerdo fuese firmado hoy, la alícuota de importación de leche, que es de 27% sería reducida gradualmente a 0% en diez años, excepto para la leche el polvo, lo que no eximiría a la agricultura familiar de sufrir serios impactos porque habría significativas reducciones arancelarias (de cerca del 50%). La importación, que actualmente ya es alta, sería desastrosa y afectaría mucho a los precios nacionales y la vida de millones de pequeños agricultores. Seguramente más de un millón de éstos, que hoy producen alrededor de 30 litros de leche por día cada uno, no estarían en condiciones de productividad para competir con los europeos, e irían a la quiebra, perdiendo trabajo y engrosando las filas del éxodo rural. Lo mismo sucede con la producción de cebolla, ajo, vinos, duraznos y otros. Todos ellos producidos en pequeñas propiedades.

Más allá de lo que significa este acuerdo en términos de la apertura de nuestros propios mercados, la apuesta de nuestros gobiernos de sustentar esta supuesta integración económica en el aumento de las exportaciones de origen agropecuario y agroindustrial supone darle a nivel nacional y regional prioridad a la agricultura de exportación, en lugar que a la agricultura campesina para satisfacer las necesidades alimentarias y otras de nuestra población. La agricultura para la exportación beneficia sólo a una ínfima minoría de los agricultores de la región (los grandes productores latifundistas). De hecho, toda la cadena productiva agroindustrial en la región -desde las semillas hasta los alimentos procesados- ya está en gran medida transnacionalizada y en manos de grandes empresas transnacionales, muchas de ellas de origen europeo. Esta priorización de la agricultura de exportación amenaza la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, ya que corremos el riesgo, como ya ocurre en la Argentina, que la producción (de soja) para la exportación desplace a la producción nacional de alimentos como la leche para el consumo local, o en Uruguay donde las plantaciones forestales para le exportación están invadiendo zonas tradicionalmente agropecuarias, desplazando en uno y otro caso a los pequeños y medianos agricultores que surten el mercado interno. También amenaza nuestra soberanía alimentaria, porque la agricultura de exportación es mayoritariamente de naturaleza altamente contaminante del suelo, el agua y el aire y se basa en el principio de uniformidad, en lugar que la rica diversidad de la agricultura campesina. Estos aspectos ambientales y sanitarios se verán aún más agravados con la proliferación de cultivos transgénicos para la exportación.

En las negociaciones de este capitulo agrícola quedan además al descubierto lo engañosas que son las supuestas ofertas europeas en materia de acceso. En el sector de carnes los europeos nos ofrecen cuotas menores a lo que exportamos actualmente, es decir, 116 mil toneladas, cuando ya estamos exportando 275 toneladas. Como si eso no fuera poco, esta cuota no es ofrecida de una vez, sino en etapas a lo largo de 10 años, para los cuatro socios del bloque. Es decir, aunque entreguemos todos nuestros mercados con la ilusión de que los europeos van a abrir el suyo a cuotas mayores de exportaciones agropecuarias, donde tenemos mejores condiciones de producción, ellos siguen protegiendo mientras nuestros gobiernos ofrecen todo.

Además, la EU sigue proponiendo un mecanismo que aumenta el arancel a medida que las exportaciones van creciendo. Esto significa que, cuanto más exportemos, mayor será el arancel. Esta situación sólo beneficia a quién ya exporta carnes a Europa, que ganará más por exportar menos, no habiendo real apertura de mercados para nuevos productores y ninguna diferencia en la cantidad exportada en función del acuerdo.

Otro punto grave del proceso de negociación en curso es el tema de los subsidios a la exportación. El subsidio europeo a la exportación de leche es de 1.700 mil millones de euros para el año 2004 y existe una previsión de 1.200 millones de euros para 2005. No hay nada acordado en la negociación sobre la forma de proteger a nuestros pequeños productores agrícolas (agricultura familiar y campesina) de la agresión que significa este volumen de subsidios. También no se ha acordado sobre salvaguardias contra picos de importación de productos agrícolas subsidiados.

La propuesta de la UE en las negociaciones viene acompañada de algunas condicionalidades, que consideramos absurdas: que el Mercosur le dé garantías de protección adicional a la propiedad intelectual ligada a las denominaciones de origen geográfico de la producción de vinos, quesos y jamones – lo que podría llevar a la prohibición del uso de expresiones tales como queso parmesano, roquefort, mortadela, champagna, etc, pues éstas identificaciones geográficas ya están patentadas en Europa – y sólo conceder las cuotas a lo largo de diez años y divididas en dos etapas, dependiendo esta segunda de los resultados de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2. Amenazas al derecho del Mercosur a tener políticas industriales autónomas

En bienes industriales el Mercosur ya aceptó abrir más del 90% de su mercado, y los europeos (que abrirían el 100%) quieren que este porcentaje llegue también a 100. Esta es una ecuación desigual, pues si analizamos los items de nuestro intercambio comercial con la UE, veremos que los países del Mercosur exportan productos primarios, minerales y manufacturados de bajo precio e importan básicamente bienes industriales. Con esta apertura a los bienes industriales, el desequilibrio sería peor.

El último informe de la UNCTAD alerta sobre el hecho de que entre 1980 y 2003, a pesar de que el volumen de productos exportados por los países en desarrollo haya crecido también fuertemente, el poder de compra obtenido por los países con esas exportaciones creció mucho menos. Esto es así porque aumentaron mucho más los precios de las mercancías compradas por esos países y provistas por los países desarrollados en los mercados internacionales, tales como máquinas y equipamientos, bienes de informática, industrializados de mayor grado tecnológico y de investigación (remedios, por ejemplo), que mostraron crecimiento de más de 9% en 2003. E incluso los productos manufacturados exportados por Brasil, como calzados, textiles, productos de acero o de aluminio también presentaron «deterioramiento de los términos de intercambio», a pesar del crecimiento de sus volúmenes. Este deterioro de los términos de intercambio que se acentuará con este acuerdo, implica además un deterioro inaceptable del medioambiente y una sobreexplotación de los recursos naturales y la perpetuación del papel de la región en la división internacional del trabajo como exportador de materias primas cada vez más baratas.

Y en el caso de los automóviles, la industria de autopartes denuncia los enormes prejuicios que tendrían con la apertura propuesta, teniendo en cuenta principalmente que buena parte de las fábricas instaladas en la región son europeas y que readecuarían sus estrategias de producción para privilegiar el comercio intrafirmas y a sus proveedores europeos.

3. El acuerdo transforma al agua, el saneamiento ambiental y nuestro mar territorial en mercancías

En las negociaciones sobre servicios está en juego la apertura de sectores como telecomunicaciones, bancos, seguros, «servicios culturales y educativos», «servicios ambientales» (agua, saneamiento y control de la contaminación ambiental), servicios postales, construcción civil y turismo. Mención especial merece el agua, y en especial el Acuífero Guaraní compartido por los países del MERCOSUR. Aunque no hace parte HOY de lo que reclama la Unión Europea, en la medida que se trata de un acuerdo que queda abierto a compromisos mayores de liberalización, no puede caber la menor duda que una vez firmado el acuerdo marco inicial, las grandes transnacionales del agua, que en su mayoría son europeas, querrán acceso irrestricto al Acuífero Guaraní.

En las discusiones sobre pesca y navegación de cabotaje, la UE está ejerciendo presión para reducir nuestro mar territorial de 200 millas a 12 millas; de esta forma, los navíos con bandera europea podrían considerar de su propiedad todo lo que fuese pescado fuera del límite de las 12 millas. Esto no es más que el primer paso a la privatización de los mares! Como se no bastase, el MERCOSUR está ofreciendo a los inversores europeos un tratamiento igual al que le es concedido a nuestros inversores y empresas.

4. El Mercosur ofrece preferencia a Europa en las compras del sector público En las negociaciones sobre compras gubernamentales, el Mercosur ofrece preferencia a los europeos, en relación a otros países y regiones. Esto significa que después que se firme el acuerdo, todas las licitaciones públicas del gobierno nacional, por encima de cierto valor, darían derecho a los europeos a tener preferencia internacional en la disputa. Y, obviamente, en diversas áreas ellos tienen proveedores en mejores condiciones de competir que nuestra industria, y podrán así disputar las inversiones públicas en infraestructura, con la pérdida del potencial de generación de empleo nativo que eso significa.

5. El acuerdo es ilegítimo y nocivo para nuestros pueblos.

Lo más grave es que existe una gran presión para la aceptación del acuerdo por parte de algunos sectores agropecuarios (y dentro de los gobiernos, por ejemplo en el caso brasileño predominan los intereses representados por los Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Industria y Comercio) cuando ni siquiera hay una evaluación de la propuesta global europea. La Unión Europea dice que está fuera de discusión el trato asimétrico en sectores específicos, como por ejemplo los textiles. Nos preocupa mucho el desequilibrio de estas negociaciones y el hecho de que nuestros gobiernos no lo estén considerando, mientras que es un principio fuertemente defendido en las negociaciones del ALCA, donde no se acepta una negociación en la que las diferencias de desarrollo económico, productivo y comercial no sean tenidas en cuenta.

Las concesiones que puedan ser hechas en este acuerdo abren un precedente, que hace muy difícil negarse a ofrecer lo mismo en otros acuerdos. Esto significa que, habiendo hecho ofertas tan generosas a la UE, el Mercosur tendrá que arrancar desde ese piso, o aún más, cuando se cuando se produzca el reinicio de las negociaciones del ALCA. No hay dudas de que el gobierno de los Estados Unidos reiniciará las negociaciones con la exigencia de que los países del Mercosur sean tan generosos como los Estados Unidos cuanto lo hayan sido con la UE.

Con la perspectiva de hacer viable un Mercosur reformulado que sirva a una estrategia de creación de una comunidad económica y política en América del Sur, los términos del acuerdo hoy negociado con la UE son inaceptables.

Si nuestra diplomacia supo parar las negociaciones del ALCA porque estaban lejos de atender a las necesidades y deseos en relación a un proyecto de desarrollo sustentable e autónomo, ¿por qué dejan que siga adelante el acuerdo con los europeos?. Este acuerdo pone en riesgo sectores importantes de la agricultura familiar, de nuestra industria y servicios, y el empleo de millones de ciudadanos del Mercosur. ¿Todo eso para no ganar nada?. Tan sólo un acuerdo de «libre comercio» más que aumentará las ganancias de las transnacionales europeas y de pocos sectores del agronegócio.

La firma del acuerdo representaría una imposición no sólo a la próxima Comisión Europea, sino también a uno de los estados miembros del Mercosur que elegirá nuevo presidente el mismo día que debería ser firmado el acuerdo (31 de octubre, elecciones presidenciales en Uruguay). Un acuerdo a los apurones como el que está siendo negociado sin dudas burlaría la voluntad de los pueblos de ambas orillas del Atlántico.

6. Conclusiones

No entendemos y no aceptamos las razones por las cuales los gobiernos y los intereses de los capitales que estos defienden tengan tanto apuro para celebrar acuerdos de «libre comercio». La propia Unión Europea nos dio un ejemplo de paciencia y mesura, ocuparon los últimos cincuenta años para construir un acuerdo entre los países europeos, y ahora quieren imponernos un acuerdo tan amplio en tan poco tiempo.

Ante esta amenaza de firma de un acuerdo tan nocivo para la gran mayoría de la sociedad, es crucial que los movimientos sociales que nos movilizamos contra el ALCA resistamos y presionemos a nuestros gobiernos para que

– no firmen el tratado con la Unión Europea.

– detener inmediatamente las negociaciones

– realizar consultas populares y sectoriales previas a reiniciar negociaciones

– involucrar a los parlamentos nacionales plenamente en todas las etapas de las nuevas negociaciones, previo a la firma de cualquier acuerdo

– evaluar los impactos socioambientales y económicos de la liberalización de las últimas décadas en el región

Brasil