Emilio Botín, el presidente del Grupo Santander, será sometido a juicio ante las evidencias que confirman su presunta responsabilidad en diversos delitos de carácter fiscal, que ascienden a 84.5 millones de euros (unos 90 millones de dólares). La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió hoy autorizar la apertura de juicio oral contra […]
Emilio Botín, el presidente del Grupo Santander, será sometido a juicio ante las evidencias que confirman su presunta responsabilidad en diversos delitos de carácter fiscal, que ascienden a 84.5 millones de euros (unos 90 millones de dólares). La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió hoy autorizar la apertura de juicio oral contra el banquero más rico y poderoso de este país.
Los magistrados de la Audiencia Nacional emitieron un auto judicial en el que autorizan a la jueza instructora del caso, Teresa Palacios, el procesamiento de Botín por un cúmulo de cesiones de crédito presuntamente fraudulentas, autorizadas por él mismo en los años 80 con la intención de atraer clientes interesados en invertir montos millonarios de dinero en un producto financiero que garantizaba «la opacidad fiscal».
La jueza española inició a investigar este presunto desfalco al erario público hace unos 10 años, en los que ha identificado como presuntos responsables a Botín, a tres ex directivos de la entidad y a otras 28 personas que habrían utilizado este producto finaciero de «primas únicas». Botín deberá responder por un delito continuado de falsedad de documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública. Este procesamiento se suma a otra diligencia judicial contra Botín, que también estaría implicado en otro delito por administración desleal por las jubilaciones millonarias que autorizó al margen de la ley a favor de dos ex ejecutivos de la entidad, José María Amusátegui y Angel Corcóstegui.
Entre las personas implicadas en el caso destacan el ex consejero del banco español Rodrigo Echenique, así como los directivos José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, a quienes la magistrada reclama una responsabilidad conjunta de 84.5 millones de euros.