El secuestro de Rodrigo Granda, miembro de la Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en pleno centro de Caracas y a plena luz del día del 13 de diciembre, plantea varios aspectos de suma preocupación. El más grave de ellos es el mutismo de las autoridades venezolanas.A casi dos semanas del […]
El secuestro de Rodrigo Granda, miembro de la Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en pleno centro de Caracas y a plena luz del día del 13 de diciembre, plantea varios aspectos de suma preocupación. El más grave de ellos es el mutismo de las autoridades venezolanas.
A casi dos semanas del secuestro, el Estado venezolano no se ha pronunciado sobre el crimen, pese a que al menos cinco de sus principales instituciones estarían involucradas ex officio en el esclarecimiento del delito y/o el castigo de los responsables.
1. Por su severidad, el crimen de secuestro no requiere de la denuncia de un particular para ser instruido por las instancias jurídicas del Estado. Todo Estado moderno, cual sujeto de derecho («The people against…») encargado del mantenimiento del orden público, tiene la facultad y el deber jurídico y moral de ejercer acciones determinadas de investigación y penalización contra quién resulte responsable, cuando se cometan delitos graves tipificados en el derecho penal. En Venezuela esta facultad reside, en primer lugar, en el poder público autónomo conocido como la Fiscalía General de la República, encabezada por el ciudadano Isaías Rodríguez, quién es recordado internacionalmente por su valiente y ética actuación durante el golpe de Estado del 2002.
2. En un segundo circuito de responsabilidad institucional se encuentra el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), cuyo titular es Jesse Chacón, responsable de la seguridad pública del país y de la actuación de los organismos de seguridad que operan dentro de su ámbito de responsabilidades, entre ellos, la policía política, conocida como Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Según medios internacionales, fueron miembros de esta corporación operativa y de inteligencia que colaboraron con el comando de secuestradores.
3. El crimen de Caracas fue cometido por un comando de policías colombianos que violaron flagrantemente la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, para secuestrar por la fuerza al ciudadano colombiano Rodrigo Granda y entregarlo a las autoridades de Cúcuta, cuya estrecha colaboración con los narco-paramilitares de la zona es notoria.
Todo acto de violación de la soberanía nacional de un país afecta, por definición, a su Despacho de Relaciones Exteriores, la Cancillería, cuyo deber institucional radica en la defensa de la soberanía y de los intereses nacionales, lo que incluye la cuidadosa observación de los procedimientos legales de extradición de extranjeros inculpados criminalmente.
4. La violación de la soberanía de la República en el caso de Rodrigo Granda reviste tres circunstancias agravantes de responsabilidad criminal: 1. fue premeditada; 2. reincidente y, 3. se realizó parcialmente en el extranjero.
4.1 El carácter de premeditación ha sido demostrado por el periodista colombiano Hernando Calvo Ospina en una crónica del crimen, publicada el 21 de diciembre a nivel internacional. Realizando entrevistas dentro del marco del «Encuentro Mundial de Intelectuales en Defensa de la Humanidad», del 2 al 7 de diciembre, en Caracas, algunas autoridades estatales le «hablaron sobre la posibilidad que a Venezuela hubiera sido desplazado un comando especial de las fuerzas de seguridad colombianas, idéntico al que había detenido en el Ecuador al dirigente de la guerrilla de las FARC, Simón Trinidad. No me aclararon si el comando estaba ahí de manera legal.» El día 3 de diciembre, «personas muy cercanas a la embajada colombiana en Caracas me confirmaban lo anterior, además de advertirme sobre el aumento considerable de miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la policía política colombiana, adscritos a la embajada. El comando tendría como objetivo el capturar a dirigentes guerrilleros colombianos de las FARC y del ELN.» Hubo por lo tanto, en el crimen, lo que en derecho se llama «concierto para delinquir» y premeditación de los delincuentes.
4.2 En cuanto a la agravante de reincidencia —además del largo historial de delitos análogos del crimen imputado— se encuentra la detención de varios policías colombianas, capturados el pasado 9 de diciembre cerca de Maracay en compañía de tres oficiales del Ejército de Venezuela, en una región del centro del país a 700 Km. de la frontera con Colombia, cuando realizaban presuntas actividades de espionaje. Pese a que fuentes de la inteligencia colombiana revelaron al diario colombiano EL TIEMPO que los cuatro policías capturados —-el mayor Carlos Arturo Cruz Curtidor, el teniente Harrison Gil Arce y los subintendentes Pedro Nel Roa Martín y Degli Magli Sibaja Rodríguez— habían participado en el secuestro de Rodrigo Granda, el 22 de diciembre la embajada de Colombia en Caracas informó que el ministro de Defensa venezolano, general Jorge Luis García Carneiro, había notificado al embajador de Colombia, Enrique Vargas Ramírez, sobre la liberación de los cuatro miembros de la Policía Nacional de Colombia.
5. Por lo anterior es evidente que la quinta institución venezolana afectada por el caso es el Ministerio de Defensa. Las relaciones entre los Ministros de Defensa de Venezuela y Colombia pasan actualmente por una fase de buen entendimiento. El 15 de diciembre, ambos Ministros se reunieron en Caracas, con objeto de darle continuidad a los compromisos suscritos por ambos gobiernos, en Cartagena de Indias, el 9 de noviembre. El ministro colombiano, Jorge Alberto Uribe, declaró en rueda de prensa con su homólogo venezolano que acordaron «reanudar e intensificar el intercambio de oficiales diestros de las distintas fuerzas militares y policiales» de los dos países. «Hemos acordado ahondar la parte estratégica, es decir, la parte de información de inteligencia», agregó el General García Carneiro, quien señaló además que ambos ministerios de Defensa se han propuesto celebrar «semestralmente» este tipo de reuniones de trabajo. También se comprometieron a realizar, al menos cada seis meses, reuniones para analizar temas de seguridad fronteriza y diseñar planes de acción. En una posterior reunión entre el embajador colombiano y el Ministro García Carneiro, ambos coincidieron en «la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades de ambos países, tal y como fue acordado durante la visita que realizó a Caracas… el ministro de Defensa colombiano, Jorge Uribe».
Resumiendo: El secuestro de Rodrigo Granda a unas pocas cuadras del Hotel Hilton en Caracas, a las 16:00 hrs. de la tarde del 13 de diciembre, realizado en el entorno de dos grandes eventos estatales, el Congreso Mundial de Intelectuales y el Congreso Bolivariano de los Pueblos, es un asunto latinoamericano de extrema importancia; porque indica —como se ha advertido correctamente en medios digitales— la implementación de una especie de Operación Cóndor en el espacio andino, como nuevo componente integral del Plan Colombia.
Esa trascendental implicación del hecho delictivo hace imprescindible que alguna de las autoridades venezolanas rompa su prolongado silencio y aclare públicamente los pormenores de ese crimen de Estado. Esto no sólo como una responsabilidad ineludible de todo Estado de derecho, sino también como necesidad moral de toda Revolución ética, como lo es la Bolivariana.
La Declaración Final del «Encuentro en Defensa de la Humanidad» reitera múltiples veces la solidaridad de los intelectuales con Irak, Palestina y Afganistán, mientras que sobre el «Irak de América Latina», Colombia, no dice ni una sola palabra, pese a que se encuentran referencias respectivas en varias resoluciones de las mesas de trabajo. Tal hecho había enrarecido la percepción del evento en mentes críticas, que dudaban que se tratase de un acontecimiento aleatorio. Un continuo mutismo de las autoridades profundizaría inevitablemente esas dudas.
Finalmente, las autoridades venezolanas deben de tener claro que el esclarecimiento de este crimen de Estado es visto en la opinión pública latinoamericana como una medición de dos voluntades: la revolucionaria-ética que procura la justicia, y la del status quo que procura la realpolitik. La prolongación del silencio sería interpretado como el «silentium videtur confessio» de Seneca: «quien calla, parece otorgar».
Cuanto antes hablen las autoridades, menos costo político tendrá su silencio.