El gobierno salvadoreño del presidente Antonio Saca aparece como el primero de las empobrecidas economías centroamericanas que aprobó llevar adelante los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica. A finales de 2004, en una enconada discusión entre partidarios (Alianza Republicana Nacionalista, Arena, de gobierno) y detractores (Frente Farabundo Martí para […]
El gobierno salvadoreño del presidente Antonio Saca aparece como el primero de las empobrecidas economías centroamericanas que aprobó llevar adelante los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica.
A finales de 2004, en una enconada discusión entre partidarios (Alianza Republicana Nacionalista, Arena, de gobierno) y detractores (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN), el Congreso salvadoreño sancionó el Tratado por 43 votos contra 41.
El gubernamental ARENA, fuerte aliado de Washington, ha sido incapaz de levantar la economía del país desde que en 1990 se adueñó de la presidencia. En ese período se implantó la dolarización, la inflación promedio cifra el 8 % y la principal entrada se obtiene de las remesas que los salvadoreños en el exterior envían a sus familiares, que en el 2004 alcanzó más de 2 500 millones de dólares.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicó que el 42 % de los 8 000 000 de salvadoreños son pobres y el 43 % de la población económicamente activa se encuentra desempleada, mientras la violencia social y delincuencial sube de 6 a 10 homicidios diarios desde el año pasado hasta el momento actual.
Ante los constantes reveses que sufrió la consecución del Area de Libre Comercio para las Américas debido a las posiciones en defensa de sus intereses soberanos de naciones como Venezuela, Brasil y Argentina, Estados Unidos negoció en menos de un año, durante el 2003, el TLC con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con la incorporación final de República Dominicana.
Este convenio debe ser corroborado por los diferentes Congresos, y como era de esperar, El Salvador ha sido el primero en hacerlo a pesar de la cada vez mayor oposición de partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y hasta de la Iglesia.
Pero la verdadera realidad es que El Salvador tiene mucho que perder con la firma de este acuerdo, y muy poco que ganar.
Según se establece, durante el primer año se suprimirán los aranceles al 99,8 % de las exportaciones industriales de El Salvador, y las de Estados Unidos se desgravarán en un 78 % en el primer año, 7 % en el quinto y 15 % en el décimo. Para la nación centroamericana casi es nulo el beneficio, pues desde hace aproximadamente una década sus exportaciones industriales no pagan aranceles porque goza de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, facilidad que Estados Unidos ofrece a sus productos de las maquilas y a otros bienes.
Tampoco El Salvador puede exportar muchos productos hacia norteamericana, pues básicamente es una nación que depende del agro y su industria es escasa y de baja calidad, no puede competir en ese mercado.
Con la entrada masiva de equipos industriales, las pequeñas y medianas industrias salvadoreñas irán a la quiebra y tendrán que vender a las transnacionales, que dispondrán de numerosas prerrogativas en el empobrecido país.
En El Salvador existen 500 000 personas dedicadas a la producción de arroz, maíz y frijol, y la mayor parte se arruinaría o se empobrecería aún más ante tamaña competencia, pues el TLC permite a los agricultores estadounidenses vender de inmediato 68 000 toneladas de arroz con una rebaja del 40 % del arancel, así como 35 000 toneladas de maíz sin pagar el 20 % de impuestos, y situación parecida enfrentará el frijol.
Las malas condiciones del cultivo, campesinos con pocas manzanas de tierra, métodos tradicionales, bajos rendimientos y sin apoyo crediticio han provocada bajas en estos tres renglones, que se profundizarán con la llegada de los granos y cereales procedentes de Estados Unidos. El campo será controlado por los grandes consorcios mientras los campesinos se verán obligados a emigrar o a laborar por irrisorios salarios.
Lo mismo sucederá con los ganaderos y avicultores, pues Washington podrá vender miles de quintales de pollo y carne de res en el primer año sin pagar el 15 % del arancel, hasta que los impuestos desaparezcan totalmente a la vuelta de 18 años. El TLC profundizará aún más la crisis existente en el agro salvadoreño.
Como indican muchos analistas, El Tratado ata de pies y manos a las pobres economías centroamericanas, a las que también cercenará su soberanía, pues la dependencia del capital extranjero será total.
Entre los acápites del TLC aparece que se les otorgará a las compañías de Estados Unidos los mismos derechos que tienen las empresas nacionales y podrán participar en las compras de más de 58 000 dólares que hagan algunos ministerios, empresas públicas y las alcaldías.
Las transnacionales con base en Norteamérica también tendrán abiertas las puertas a los mercados de servicios como energía, transporte, turismo telecomunicaciones, medio ambiente, seguros, computadoras, audiovisuales y de diversión, construcción e ingeniería, arquitectos, ventas al por mayor y al por menor, y otros.
Para terminar de atarles las manos, el Tratado de Libre Comercio establece que los tribunales internacionales serán los encargados de resolver las posibles controversias entre los Estados y las empresas, con lo cual desestima cualquier demanda contra una transnacional que se pretenda solucionar en el ámbito nacional.
Por tanto, los tribunales de los gobiernos centroamericanos no tendrán ninguna jurisdicción en su propio territorio cuando se trate de intereses relacionados con compañías transnacionales.
En definitiva, acuerdos onerosos impulsados por la gran potencia estadounidense que redundarán en más hambre y pobreza para las naciones centroamericanas.