Comienza un nuevo año en nuestro continente latinoamericano y caribeño. Con el nuevo año, podemos distinguir un amanecer en relación a «otra integración posible». Luego de años de negociaciones del Área de Libre Comercio (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio entre EE.UU. y las subregiones Centroamericana y Andina, respectivamente, nuestros pueblos se han dado […]
Comienza un nuevo año en nuestro continente latinoamericano y caribeño. Con el nuevo año, podemos distinguir un amanecer en relación a «otra integración posible». Luego de años de negociaciones del Área de Libre Comercio (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio entre EE.UU. y las subregiones Centroamericana y Andina, respectivamente, nuestros pueblos se han dado cuenta de la falta de futuro que implican estas iniciativas de integración corporativista y neoliberal. Al día de hoy, ningún economista, sociólogo, político o activista social que se precie de impulsar un trabajo serio en el continente, está avalando esta avanzada propia del capitalismo cínico norteamericano. De hecho, las voces a favor de estos tratados, salvo contadas excepciones, pueden ser fácilmente deconstruidas en sus intereses y convenientes miopías. Ahora bien, conviene prestar atención a otro modelo que se viene gestando, desde la resistencia y la propuesta, en el que se trae a colación una integración mas amplia, mas solidaria y mas sensible a lo que implica el doble interés de la soberanía nacional y la cooperación internacional.
Tan reciente como el 14 de diciembre del 2004, y en ocasión de la visita del presidente de Venezuela Hugo Chávez a Cuba, los presidentes de ambos países suscribieron sendos documentos que perfilan la posibilidad de una forma alternativa a los proyectos de integración económica auspiciados por los Estados Unidos, para dar paso a una integración económica, política, social y cultural alternativa de los pueblos de nuestra Patria Grande. El primero de ellos se titula «Declaración Conjunta» y establece las bases de la integración de ambos pueblos, así como sus resonancias en todo el continente. En el mismo, ambos pueblos subrayan que «el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) es la expresión más acabada de los apetitos de dominación sobre la región y que, de entrar en vigor, constituiría una profundización del neoliberalismo y crearía niveles de dependencia y subordinación sin precedentes.» Asimismo, se señala que «los beneficios obtenidos durante las últimas cinco décadas por las grandes empresas transnacionales, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, la crisis de la deuda externa y, más recientemente, la difusión de las políticas neoliberales, con una mayor transnacionalización de las economías latinoamericanas y caribeñas y con la proliferación de negociaciones para la conclusión de acuerdos de libre comercio de igual naturaleza que el ALCA, crean las bases que distinguen el panorama de subordinación y retraso que hoy sufre nuestra región.» Aquí llamamos la atención en la intención de ambos países en profundizar la crítica a los Tratados de Libre Comercio (TLCs) y al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Toda la crítica acumulada desde los movimientos sociales y las luchas continentales contra el ALCA queda adherida en un tratado que regulará una amplia gama de temas y relaciones entre estos dos países.
Ya el segundo documento nos introduce al Acuerdo, propiamente. Aquí, ambos gobiernos han decidido dar pasos concretos hacia el proceso de integración basada en los principios contenidos en la Declaración Conjunta citada anteriormente, y pretenden consolidar el proceso bolivariano y la particular lucha del pueblo cubano, elaborando un plan estratégico para la complementación productiva de ambos países sobre bases de racionalidad, aprovechamiento de ventajas existentes en una y otra parte, ahorro de recursos, ampliación del empleo útil, acceso a mercados y otras consideraciones, anclada en la solidaridad entre ambos pueblos. Aquí el modelo es lo que mas nos llama la atención. Uno de los elementos que más llaman la atención es el de «intercambio»: intercambio de paquetes tecnológicos, educación, salud y productos energéticos, entre otros. Otro elemento es el del «interés mutuo»: muchas de las cláusulas del convenio hablan sobre el hecho de que el interés de ambos países se respete en una base equitativa de diálogo y entendimiento. Llama la atención el diseño de ejecución de inversiones de interés mutuo en iguales condiciones que las realizadas por entidades nacionales en la forma de empresas mixtas, producciones cooperadas, proyectos de administración conjunta y otras modalidades de asociación que decidan establecer ambos países o la apertura de subsidiarias de bancos de propiedad estatal de un país en el territorio nacional del otro. También se establecen acuerdos de cooperación en el desarrollo de planes culturales conjuntos, tomando en consideración las identidades de ambos. Aún más: el acuerdo contempla la posibilidad de asimetrías entre ambos países y concuerdan en hacer los balances necesarios para que ambos países puedan beneficiarse en igualdad de condiciones, compensando las mismas con ajustes especiales contenidos en el acuerdo. Otro elemento muy interesante es la inclusión de implicaciones hacia terceros países en renglones como la erradicación del analfabetismo y la atención a la salud y la capacidad de identificar los aportes específicos de cada país en su interés de aportar y consolidar dicho pacto bi-nacional.
Hay que ver el surgimiento de este tratado en el momento histórico-político del continente. En el mismo último mes del 2004, los líderes y representantes de 12 países de América del Sur constituyen en Cuzco, Perú, la Comunidad Sudamericana de Naciones, el tercer bloque latinoamericano de integración política y comercial. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Guayana y Surinam, suscribieron la «Declaración de Cuzco», como documento que plasma en blanco y negro esta nueva agrupación. Dicho documento tiene entre sus prioridades la conformación de un bloque regional integrado físicamente a través de obras de infraestructura básicas, el desarrollo y explotación de los recursos naturales, energéticos y las comunicaciones. Un capítulo del documento que sugiere el amparo de la iniciativa «ALBA» es el que impulsa la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). En el mismo, las naciones suscribientes exploran la integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica sobre la base de la profundización de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la consideración de mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor realización de inversiones en infraestructura física para la región. En ese sentido, llama la atención la mención que hacen en torno a la armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y agroalimentario, la transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, educación y cultura así como la creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil en la dinámica de integración de este espacio sudamericano, teniendo en cuenta la responsabilidad social empresarial.
Quizás sucede como en las horas tempranas del alba. En este momento no podemos distinguir a ciencia cierta los alcances del acuerdo entre Venezuela y Cuba, así como las implicaciones de la Declaración de Cuzco y el establecimiento de la Comunidad Sudamericana de Naciones en tiempos de las feroces negociaciones de los TLCs en Centroamérica y el Pacto Andino. Como movimientos sociales y participantes de la sociedad civil latinoamericana y caribeña, estamos llamados y llamadas a mantener nuestros oídos en tierra, para ver las implicaciones a corto, mediano y largo alcance sobre estos dos sucesos continentales. Por el momento nos atrevemos a anticipar la posibilidad de nuevos tiempos en la integración latinoamericana y caribeña. Ambos textos nos hablan de otra integración posible, más horizontal, con mayor ingrediente de verdadero diálogo y cooperación. En fin, se trata del hallazgo, en su lectura, de otro lenguaje que no vemos en el ALCA ni en los TLCs. El desafío es a constituirnos en ejes propositivos para adelantar en la práctica lo que parece bueno en la teoría.
El autor es abogado puertorriqueño y ministro evangélico. Coordina el Programa de Fe, Economía y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI).