Una auditoría destapa irregularidades en el uso de fondos procedentes de la venta de petróleo
Cerca de 9.000 millones de dólares (6.900 millones de euros) distribuidos por la antigua administración estadounidense de Irak , conocida como la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), entre varios ministerios iraquíes se esfumaron en una maraña de mala o inexistente contabilidad y falta de supervisión, según una auditoría presentada el lunes al Congreso de EE UU .
El dinero procedía del programa de Petróleo por Alimentos de la Naciones Unidas , de ventas de petróleo y de activos confiscados. La auditoría no examina los fondos donados por EE UU para la reconstrucción.
Parte del dinero fue a parar aparentemente al bolsillo de miles de funcionarios fantasmas. Uno de los ejemplos citados por la auditoría es el de una nómina en la que figuraban 8.206 guardias, pero sólo se ha podido identificar a 602. En un ministerio diferente se abonaron salarios a 1.417 guardias y sólo se han podido verificar 642. «En consecuencia, no se puede garantizar que los fondos no se hayan destinado a empleados fantasmas», señala Stuart Bowen , auditor especial de la propia Autoridad Provisional de la Coalición (CPA).
Paul Bremer , que dirigió la CPA desde mayo de 2003 hasta el traspaso de la soberanía a Irak, en junio de 2004, ha fustigado al auditor en una respuesta por escrito, criticándole por no entender las difíciles condiciones en las que tuvo que operar su administración. «La auditoría asume que en medio de una guerra se pueden implantar sistemas contables y mecanismos de control presupuestario al estilo de los que funcionan en los países occidentales», afirma Bremer .
La justificación de Bremer viene a decir que se encontró entre la espada y la pared, obligado a tomar decisiones en aras de la seguridad: «La política de EE UU era crear unas fuerzas que custodiaran las instalaciones del Gobierno y era mejor aceptar una nómina imperfecta que dejar de pagar el salario a hombres jóvenes armados».
En otro párrafo de su respuesta al Congreso se refiere a la «amenaza que hubiera representado para la seguridad el que más de un millón de familias que dependen de los sueldos del Gobierno se hubieran quedado sin cobrar hasta que se implantaran sistemas modernos de contabilidad».
Los fondos se transfirieron a los distintos ministerios y dependencias gubernamentales entre octubre de 2003 y junio de 2004, y estaban destinados a reconstrucción económica y de administración civil, desarme, reparación de instalaciones y necesidades humanitarias.
De acuerdo con la auditoría, los responsables de la CPA «se fiaron» de los departamentos de auditoría iraquíes «cuando ni siquiera estaban funcionando». El informe continúa diciendo que los «fondos se entregaron sin garantías de verificación» y sin que los gestores del CPA hubieran establecido «suficientes controles financieros y de supervisión».
En la defensa de su gestión, Bremer menciona los mecanismos anticorrupción que creó en las agencias o ministerios receptores de los fondos. También contradice las conclusiones del auditor y sostiene que su idea de poner auditores estadounidenses en cada ministerio «habría ido en contra de la política de Naciones Unidas de responsabilizar a los ministerios de sus presupuestos».
La auditoría elaborada por Bowen es la segunda en los últimos seis meses en criticar la labor de la extinguida CPA. La primera, en agosto, advertía de que gran parte de los 847 millones de dólares de las 1.928 contratas administradas por la CPA no se habían justificado.
La mayoría de los pagos se realizaron con dinero en efectivo, proveniente de la venta de petróleo iraquí. Entre los fraudes que entonces se mencionaron estaba la desaparición de materiales valorados en decenas de millones de dólares o facturas abonadas por trabajos fantasmas o sobrecargadas en millones de dólares.
Una de las compañías bajo investigación por inflar facturas es la subsidiaria de Halliburton KBR , que el lunes se anunció que la ponían a la venta.