El presidente Leonel Fernández consideró el lunes pasado como uno de los principales retos del país establecer la educación gratuita y obligatoria hasta el cuarto de bachillerato. Pero lo cierto es que este importante reconocimiento es realizado en el segundo año en que el Gobierno invierte menos en educación, con respecto al PIB, desde 1996.Esto […]
El presidente Leonel Fernández consideró el lunes pasado como uno de los principales retos del país establecer la educación gratuita y obligatoria hasta el cuarto de bachillerato. Pero lo cierto es que este importante reconocimiento es realizado en el segundo año en que el Gobierno invierte menos en educación, con respecto al PIB, desde 1996.
Esto es consecuencia directa del «manejo inadecuado de las finanzas públicas» en años anteriores y de la crisis de 2003, que Agustín Cartens, presidente interino del FMI, atribuye sin tapujo al «descubrimiento de un fraude bancario».
Como solución a esa crisis que empobreció dramáticamente a la mayoría de la población dominicana, el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional un programa económico por 28 meses, que entró en vigor el 31 de enero pasado.
Este acuerdo tiene un impacto social directo que perjudica a los sectores de bajos y medios ingresos, pese a las declaraciones de funcionarios gubernamentales de que no implicará nuevas cargas a la población debido a que las condiciones exigidas por la institución multilateral (llamadas acciones previas) fueron aplicadas antes de que su Directorio aprobara el acuerdo.
Pero la reducción del gasto en educación y salud, visto en futuro, según analistas consultados, tiene como consecuencia directa que el combate a la pobreza sea relegado en aras de cumplir con la principal prioridad del programa, eliminar la imagen de «mala paga» del país mediante el pago puntual del servicio de la deuda pública externa.
El memorando de políticas económicas del acuerdo contempla un aumento real del gasto social con respecto al 2004, cuando los siete jinetes del Apocalipsis de la crisis económica causaron estragos en la población.
Pero según las estadísticas oficiales, este «crecimiento», respecto al PIB, se convierte en una caída al asignarse un 7.3%, el más bajo desde 2001 cuando se ejecutó un 7.8%.
Mientras que con respecto a salud y educación, que constituyen los principales renglones para el ataque sostenido a la pobreza, la situación es más grave.
Para este año se contempló un 1.9% y un 1.5% del PIB, respectivamente, porcentajes que representan los niveles más bajos desde 1996, si se excluye el 2004 cuando se estima que se destinaron a estas áreas 1.4% y 1.1%.
«Lo que implica el acuerdo con el Fondo, o cualquier programa de estabilización con o sin el Fondo, es impedir la consecución de una serie de metas de carácter social a través de un gasto público más activo. Yo pienso que este año y el próximo habrá un gasto social más constreñido», explicó el economista Pavel Isa Contreras, presidente del Centro de Investigación Económica para el Caribe, Cieca.
Otro elemento es «el compromiso» del Gobierno con una segunda reforma impositiva «dirigida a simplificar el sistema tributario y a ampliar la base impositiva».
El programa tiene contemplado que en marzo se determinen los detalles del nuevo «paquetazo» y en junio acordar su estrategia, que incluye su calendario.
El secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, descartó a final del mes pasado que el nuevo acuerdo implique más impuestos para la población por el aumento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios.
Pero el programa contempla desde enero de 2006 la reducción gradual del impuesto a la comisión cambiaria y a las transacciones financieras, además de la sustitución de los ingresos aduaneros que se perderán con la entrada en vigor del tratado de libre comercio.
Esto obliga a otra reforma tributaria que podría ser adelantada si se anticipa el inicio del DR-Cafta.
«No hay manera de hacer una reforma tributaria sin tocar el ITBIS y el impuesto sobre la renta», afirmó Henri Hebrard, director del Centro Nacional de Investigación Tributaria, que estima que los ingresos de los 10 puntos porcentuales de la comisión cambiaria equivalen a aumentar en 6 puntos la tasa del ITBIS. Considerando que la tasa del ITBIS ya es de 16%, «la única manera es ampliar la base», explica el economista.
Ousmene Mandeng, representante permanente en el país del FMI, afirmó «que muy probablemente la ampliación de la base es uno de los objetivos que nos gustaría adelantar», pero aclaró que la decisión de a quiénes gravar será «el reflejo de un proceso político».
Esto significa que la última palabra la tendrá el Gobierno: gravar a los ricos o gravar más a los pobres.
«Prioridades»
José Tomás Pérez, senador del Partido de la Liberación Dominicana, dijo el jueves que el Gobierno debe darle prioridad al ser humano y que existen proyectos más urgentes que la construcción de un metro.
Un día antes, Diandino Peña, gerente general del Metro, dijo que el Gobierno se embarcará en la construcción de esa obra a partir de marzo, lo que implicaría una inversión de 600 millones de dólares.
El interés en este «megaproyecto» contrasta con el reducido gasto en salud y con el objetivo de la política de financiamiento del acuerdo con el FMI, que consiste en «resolver el problema de liquidez a corto plazo de modo compatible con la sostenibilidad de la deuda».
El monto de la deuda pública en 2004 se situó en 52.1% del PIB, lo que significa que el Gobierno debe más de la mitad de lo que la economía dominicana produce en un año.
Opiniones
Henri Hebrard «No habrá manera de esperar las congresuales» Son contradictorias las declaraciones de que se esperará hasta después de las elecciones para la reforma tributaria, pero según la carta con el FMI si el TLC va este año no habrá manera de esperar las congresuales».
Ousmene Mandeng «Puede haber una ampliación de la base del ITBIS» Va a ser una reforma fiscal del país y sus elementos van a reflejar lo que es el proceso político. Así que puede haber una ampliación de la base, pero eso es algo que se va a determinar en el transcurso de las discusiones».
Pável Isa Contreras «Tendremos que olvidarnos de un gasto social activo» Tenemos que olvidarnos de un gasto público activo en materia social y de una inversión pública que permita que el gasto sea uno de los motores de la economía. Creo que la situación no hubiese sido distinta sin el FMI».
Temístocles Montás «La parte más difícil del acuerdo con el FMI ha pasado» La parte más difícil del acuerdo en términos del impacto a la población ya ha pasado, porque los ajustes que el Fondo nos exigía ya se hicieron. La primera reforma fiscal se empezó a aplicar desde el mes de octubre».
Golpes» pendientes
Salud-educación «8 años de retroceso» «El pueblo dominicano retrocedió ocho años en su calidad de vida, verificado fundamentalmente en la reducción de su poder de compra», reconoció Rafael Camilo. El programa con el Fondo tiene la ventaja de que obliga a una política que devuelve su valor al peso, pero las pérdidas por el retroceso en el gasto social, lo que se reflejará en menos escuelas y medicinas, tardará más en recuperarse.
Electricidad Luz más cara estable La focalización del subsidio a la electricidad beneficiará a los usuarios de menos de 200 KWh, pero implica que las fluctuaciones de la tasa de cambio y de los precios de los hidrocarburos se reflejen cada mes en la factura de la clase media, sin que eso implique necesariamente que los apagones desaparezcan en su totalidad, ya que el programa contempla satisfacer el 70% de la demanda.
Alza en el GLP Si fuese ahora: 86% Exceptuando a los más pobres que recibirían «hasta» 500 mil tarjetas magnéticas para la aplicación del subsidio al gas licuado, el resto de los consumidores residenciales recibirán fuertes aumentos en el precio del galón del GLP a partir de abril de este año. Para que se tenga una idea, si se hubiese focalizado el subsidio en la semana pasada el precio del galón hubiese crecido 86.2 por ciento.
Impuesto Gravar bienes básicos El Gobierno está obligado a realizar una reforma tributaria para sustituir los ingresos de la comisión cambiaria y las recaudaciones por aranceles a partir de la entrada en vigor del TLC con EE.UU. El interés del Gobierno es realizar esa reforma después de las elecciones del 2006, lo que dice mucho del impacto «poco político» que tendrán esos impuestos, y lo que más suena es la ampliación de la base del ITBIS.