Eran las tres de la madrugada del 17 de diciembre de 2004 cuando la cámara legislativa de El Salvador aprobó la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En los mismos días, el TLC firmado entre el gigante norteamericano y Chile cumplía su primer aniversario con un balance desigual: más intercambios comerciales pero escasa creación de empleo y, por el contrario, mayor concentración de la riqueza.
Tras El Salvador, los siguientes en la lista son Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Ya se va con retraso, pues las previsiones eran que los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y cada uno de ellos echaran a andar a principios de 2005. Y del 7 al 11 de febrero se ha celebrado la séptima ronda negociadora con Perú, Ecuador y Colombia en la ciudad de Cartagena (Colombia). El objetivo: extender los TLC bilaterales a países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) hacia finales de este año para, sumados a los anteriores, conformar el gran sueño del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), a imagen y semejanza del Área de Libre Comercio de América del Norte: Canadá, México y Estados Unidos.
El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica fue acordado en mayo de 2004 e incluía a El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, a los que se agregó en agosto la República Dominicana. La puesta en marcha efectiva requiere de la ratificación de los parlamentos nacionales de cada uno de esos países, hecho que hasta ahora sólo ha cumplido El Salvador. Se va, por consiguiente, con retraso respecto a la agenda manejada por el negociador estadounidense, Robert Zoellick. Al respecto, el presidente del comité que promueve la ciudad de Miami como sede del secretariado permanente del ALCA, Jorge L. Arruzurieta, declaró a finales de enero último que «debemos aceptar la realidad: el proceso de negociación es complicado porque cada sector involucrado defiende sus intereses» (Diario La Jornada, México, 28 de enero de 2005). Las otras ciudades que compiten con Miami son, entre otras, Puebla, Cancún, Ciudad de Panamá, Puerto España…
Centrándonos en El Salvador, la aprobación parlamentaria del TLC contó con los votos a favor de los partidos de derecha. Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). En total, 49 votos. Los 35 votos contrarios provinieron del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del Centro Democrático Unido (CDU).
Las reacciones han sido variadas. La agencia de noticias Inforpress (edición 10 de enero de 2005) daba cuenta de tres posturas interesantes para calcular los efectos del TLC. Por un lado, los grandes exportadores salvadoreños ven más beneficios que desventajas en una relación comercial con los Estados Unidos y prefieren el término ‘desafíos’ a ‘desventajas’ cuando hablan del TLC. El concepto de ‘desafío’, curiosamente, es el que más se ha utilizado en la prensa latinoamericana a lo largo del mes de enero cuando, desde los sectores económicos con mayor volumen de negocio -sobre todo, el sector bancario-, han opinado en torno a los retos del Tratado de Libre Comercio.
Sin embargo, el ex presidente de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES), Jorge Mariano Pinto, dejó sentado que «la pequeña empresa no está lista para el TLC». Se refería a que la tecnología con la que trabajan es obsoleta, a la falta de créditos, al elevado precio de la electricidad y los problemas sociales de salud y seguridad laboral.
Otra opinión cualificada del pequeño país centroamericano es la de Raúl Moreno, Catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de El Salvador: «La ratificación del TLC -declaró a Inforpress- es un acto burdo y de magna responsabilidad. No cabe duda de que la inmensa mayoría de quienes aprobaron el TLC no tienen la mínima idea de lo que implica. Una vez más, merece la pena cuestionar a estos personajes que votaron por la ratificación del TLC y preguntarles si asumirán su responsabilidad por las consecuencias negativas provocadas por este Tratado: el desempleo generado por la quiebra de las empresas nacionales, la mercantilización de los servicios públicos, el encarecimiento de las tarifas, el alza en el precio de los medicamentos, la profundización del deterioro del medio ambiente, la ingesta masiva de alimentos modificados genéticamente, la quiebra de la producción agropecuaria, la inseguridad alimentaria y, con ello, el incremento de las migraciones y el mayor desarraigo cultural de los pueblos».
El documento ratificado por el legislativo salvadoreño establece que durante el primer año se suprimirán los aranceles al 99,8% de las exportaciones industriales de El Salvador; las de Estados Unidos se desgravarán en un 78% en el primer año, 7% en el quinto y el 15% en el décimo. Ahora bien, ya rige la Iniciativa de la Cuenca del Caribe desde hace una década por la cual las exportaciones de El Salvador a Estados Unidos no pagan apenas aranceles, sobre todo en los productos de las maquilas, informa el periódico digital Rebelión.
Añade que El Salvador no puede exportar muchos productos hacia Norteamérica, pues básicamente es una nación que depende del agro y su industria es escasa y de baja calidad, sin posibilidad de competir. Con la entrada masiva de equipos industriales, las pequeñas y medianas industrias irán a la quiebra, un temor corroborado anteriormente por el profesor Raúl Moreno.
En El Salvador existe medio millón de personas dedicadas a la producción de arroz, maíz y frijol, y la mayor parte se arruinaría o se empobrecería aún más ante tamaña competencia, pues el TLC permite a los agricultores estadounidenses vender de inmediato 68.000 toneladas de arroz con una rebaja del 40% del arancel, así como 35.000 toneladas de maíz sin pagar el 20% de impuestos, además de una situación parecida para el frijol, según datos proporcionados por Rebelión.
La perversión de las subvenciones agrícolas
Un factor añadido son las subvenciones que reciben las explotaciones agrícolas en los países considerados ricos, caso de Estados Unidos y la Unión Europea, y cuya desaparición no se concreta en el TLC. De hecho, entre Panamá y Estados Unidos, durante la octava ronda de negociaciones (31 enero a 4 de febrero) en Washington, los desacuerdos volvieron a ser, principalmente, agrícolas. El ministro de Comercio, Ricardo Ferrer, afirmó a los medios de comunicación que las discrepancias radican en productos como el pollo, azúcar, patatas, cebollas, aceite vegetal y café (informa Inforpress). Según los productores panameños, el TLC podría arruinarlos pues el gobierno estadounidense subvenciona fuertemente a sus agricultores, además de poseer una tecnología mucho más avanzada.
Al respecto, el Banco Mundial (BM) emitió a principios de enero un informe sobre la pobreza en los países subdesarrollados, titulado El comercio agrícola global y países en desarrollo, compilado por M. Ataman Aksoy y John C. Beghin. El estudio afirma que el desmantelamiento de barreras arancelarias y subvenciones, medidas necesarias para reducir el índice de pobreza, están al alcance de la mano, pero la industria agrícola y sus asociaciones son muy poderosas en las naciones de mayor riqueza y sólo de la voluntad de éstas depende el éxito de las reformas.
Agrega que si no se reduce el nivel de protección en esos países, el aumento de la productividad en el sector de agricultura dará paso a la sobrepoducción y la reducción de los precios de muchos productos básicos, lo que socavará los esfuerzos de los países pobres orientados a ampliar las exportaciones y aumentar los ingresos en las zonas rurales -donde habita casi el 70% de las personas pobres de los países en desarrollo-.
No parece, sin embargo, que la política de Estados Unidos vaya a girar drásticamente a corto plazo. El lunes 7 de febrero, la administración de George W. Bush entregó al Congreso la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2006, cuya fecha de inicio es octubre de este año. Ahí figura una rebaja en los subsidios agrícolas del 9,6% (587 millones de dólares), si bien no está contemplada como medida de equilibrio frente a los países latinoamericanos firmantes de los TLC, sino como parte de reducción del déficit público -que también afecta a medio ambiente, transporte, vivienda, ayudas sociales…- cuyas previsiones para el final del año contable 2005 sería de 427.000 millones de dólares.
Los recortes se atribuyen en el borrador de la Oficina de Presupuestos a la buena salud del sector agrícola estadounidense, tras dos cosechas con excelentes resultados y precios elevados para el ganado, lo que contribuyó a un alza del 13% en los ingresos de los agricultores en 2004. El documento afirma que «el Gobierno piensa que es apropiado ajustar los niveles de ayuda a los agricultores prevista en la Ley Agrícola de 2002 (Farm Bill) que dio lugar a la distribución de un total de 176.000 millones de dólares» en ayudas. Los sectores que reciben más ayudas son los del algodón y arroz, seguidos del trigo, maíz y soja.
Ahora, el resto del istmo
Este contrato comercial que es el TLC es el que se aplicará también a Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana, afectando a cada cual en función de sus características socioeconómicas. Pero, los pilares de funcionamiento son los mismos. Uno, es el descrito en torno a la progresiva reducción arancelaria. Otro, es el de los derechos de las empresas. Así, las firmas de Estados Unidos gozarían de los mismos derechos que las empresas nacionales, que dicho de manera aséptica se asemeja a la ecuanimidad. Y no es así, dada la gran diferencia en capital financiero y desarrollo tecnológico de las del norte respecto a las centroamericanas.
Por los TLC, las grandes compañías estadounidenses podrán optar, en el mismo plano que las nativas, a los concursos emitidos por las instituciones públicas y a la apertura de servicios públicos al sector privado.
Si hubiera algún tipo de conflicto, los Tratados de Libre Comercio establecen que los tribunales internacionales serán los encargados de resolver las posibles controversias entre los Estados y las empresas. Esto equivale a anular la competencia de las instancias judiciales del país en cuestión.
La directora de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas), Rebeca Grynspan, declaró el 30 de enero último que «Centroamérica tiene la tarea de diversificar su oferta exportable y sus mercados, porque tampoco es buena una dependencia tan grande y marcada de Estados Unidos». Y sentenció: «(los TLC) son acuerdos comerciales, pero no estrategias de desarrollo».
En Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) emitió un comunicado a fines del pasado año ante la inminente ratificación del Congreso Nacional de Honduras del TLC. Su oposición se fundamenta en los siguientes principios:
Pondrá en venta las instituciones del Gobierno. La salud y la educación estarán en manos privadas. Serán anulados los derechos humanos y sociales. El conocimiento será considerado una mercancía. Se privatizará los genes de los reinos animal y vegetal. Se impulsará el monocultivo, destruyendo la diversidad. Corren peligro de desaparición las semillas nativas. Considera ilegal el comercio justo y comunitario. Viola gravemente las leyes ambientales y laborales.
En Costa Rica, el presidente de la Cámara de Industrias (CICR), Jack Kiberman, ha declarado recientemente que «el país tiene la gran oportunidad de realizar cambios que se han postergado por más de 20 años», cambios que relacionan con asuntos como telecomunicaciones y seguros incluidos en las negociaciones del TLC. El presidente costarricense, Abel Pacheco, por su parte, afirmó que «el TLC puede ser la salvación de este país en muchos aspectos; sin embargo, el convenio internacional no contará con mi beneplácito si éste sirve para aumentar la brecha entre ricos y pobres».
Proteger la salud
Uno de los sectores más sensibles es el de la salud, con el más que evidente miedo a la privatización de este servicio y al establecimiento de patentes sobre medicamentos esenciales. Baste recordar que la OMC (Organización Mundial del Comercio), en función de los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio, establece derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos, otorgando a las industrias farmacéuticas que los producen el derecho de producción exclusiva por 20 años.
Siguiendo esta pauta, los TLC auspiciados por Estados Unidos con Centroamérica y la Comunidad Andina de Naciones (el borrador de documento entre EE UU y Colombia está ya muy adelantado) aún va más lejos. Primero, patentes por más de 20 años; segundo, implantar las patentes de segundo uso, es decir, cuando a un medicamento se le descubre una segunda propiedad puede establecerse otro período de ‘protección’ añadido; tercero, las patentes sobre cambios en la forma de presentación, por ejemplo, cuando pasa de tableta a ampolla; cuatro, la protección exclusiva de los datos, con lo que las autoridades sanitarias nacionales no podrán sustentarse en un registro previo para aprobar un producto farmacéutico similar durante cinco, ocho o diez años. Y, por último, el impedimento de importaciones paralelas.
En el Llamamiento de los Movimientos Sociales del V Foro Social Mundial, celebrado en la ciudad brasileña de Porto Alegre a finales de enero, una de los párrafos está íntegramente dedicado a los efectos de los TLC sobre la economía de los países de América Latina. «Bajo la excusa del ‘Libre Comercio’ -afirma-, el capitalismo neoliberal avanza en el debilitamiento de los Estados, la desregulación de las economías y en la ‘legalización’ de privilegios para las corporaciones transnacionales a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Fracasado el ALCA por la presión popular, ahora se obliga a Centroamérica y otros países a suscribir TLC bilaterales que los pueblos rechazamos».