El pasado 22 de noviembre, el profesor Peces-Barba publicaba un interesante artículo en el diario El País desarrollando una reflexión sobre la necesidad de educar en valores. Para ello, partía de la preocupación que muchos ciudadanos sentimos al constatar el nivel de violencia que se ha instalado en nuestra sociedad: violencia en los colegios, violencia […]
El pasado 22 de noviembre, el profesor Peces-Barba publicaba un interesante artículo en el diario El País desarrollando una reflexión sobre la necesidad de educar en valores. Para ello, partía de la preocupación que muchos ciudadanos sentimos al constatar el nivel de violencia que se ha instalado en nuestra sociedad: violencia en los colegios, violencia de maltratadores hacia las mujeres, violencia contra inmigrantes y otros grupos desfavorecidos, etc. La reflexión lleva al profesor a proponer una formación en «»Ética pública y Derecho» para los estudiantes de bachillerato. Con el respeto que me merece al magisterio del profesor Peces Barba, en este artículo quisiera compartir con los lectores una reflexión que, coincidiendo en el planteamiento inicial, termina con otra conclusión, aunque no muy alejada.
Para ello comenzaré con algo fácilmente constatable: la carencia absoluta de formación en derechos humanos. En febrero de 2003, la sección española de Amnistía Internacional publicó el informe «Educación en Derechos Humanos: asignatura suspensa». Para la realización de este informe se estudió la formación que recibían los estudiantes universitarios de las titulaciones de Pedagogía y Magisterio. Y ello se hizo por dos vías: pasando unos cuestionarios para indagar el nivel de conocimientos sobre la materia, y examinando los planes de estudio de estas titulaciones. Los resultados se pueden resumir casi en una palabra: nada. Nuestros estudiantes universitarios que van a ser en el futuro maestros y profesores de secundaria no saben nada de derechos humanos. Ya sabemos, en consecuencia, qué pueden transmitir (o qué no pueden transmitir) a los niños y jóvenes el día de mañana.
¿Y por qué hay que empeñarse en que aprendan derechos humanos no sólo nuestros estudiantes universitarios de Magisterio y Pedagogía, sino todos los demás estudiantes, en todos los niveles educativos? Es muy fácil: el 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos 1995-2004, y declaró que «la educación en la esfera de los derechos humanos debía constituir un proceso que durara toda la vida y mediante el cual las personas aprendieran a respetar la dignidad del prójimo». Además, la Asamblea hizo un llamamiento a los gobiernos para que orientaran la educación «hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales». España, como el resto de los países, está obligada a seguir las recomendaciones del Decenio. Esto supone elaborar un Plan Nacional de Acción para la Educación en Derec hos Humanos, así como formar un Comité Nacional para esta materia. También supone que los derechos humanos estén presentes en la educación en todos los niveles educativos.
Quizás alguien esté pensando que, como ya terminó el Decenio, también ha terminado la obligación de cumplir sus recomendaciones. Afortunadamente, el pasado 10 de diciembre la Asamblea de las Naciones aprobó en sesión plenaria un plan de acción para el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos, que supone, de hecho, la prórroga de los planteamientos del Decenio, y, por tanto, la prórroga de las obligaciones que los sucesivos gobiernos españoles han incumplido sistemáticamente. ¿Será nuestro gobierno actual más sensible, y responsable, en esta materia, o seguirá en la línea de considerar todas estas acciones y textos de las Naciones Unidas un «brindis al sol»? La formación en derechos humanos se recomienda por parte de esta organización para todos los niveles educativos, así como para diversos cuerpos del funcionariado, como profesores, fuerzas de seguridad del Estado, y funcionarios de prisiones.
Es lamentable que no se haya hecho NADA a este respecto en nuestro país. Se trata de una tarea ambiciosa, pero no imposible, y para la cual existen directrices y recomendaciones que marcan pautas a seguir. La propuesta del profesor Peces-Barba, siendo, por supuesto, sensata, no se percibe de forma tan inmediata. Lo que nos hace falta, sin duda, es educación en derechos humanos. ¿Qué puede hacer la educación en derechos humanos actualmente? Seguramente, ayudar a mejorar la calidad de la ciudadanía.
Hace unas semanas, Soledad Gallego-Díaz publicaba una columna («Entre la realidad y el sueño», El País, 21-1-05) en la que se refería al aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, planteando la reflexión de que toda la cultura europea no fue capaz de protegernos frente a la barbarie nazi. Hubo muchos oficiales con una cultura exquisita que no les estorbaba para cumplir sus funciones dirigiendo campos de concentración, oficiales orgullosos de su «trabajo». También las potencias que terminaron con el nazismo practicaron la barbarie. El piloto que destruyó Hiroshima se mostraba muy orgulloso de su acción, reivindicando su brillante ejecución técnica y, por tanto, su «profesionalidad». Quizás de esto hace muchos años y pueda parecer agua pasada. Vengamos a algo más reciente: hace unos días, un tribunal estadounidense condenaba al sargento Charles Graner a diez años de prisión. Este sujeto era el responsable de la cárcel de Abu Ghraib. Par ece ser que cuando conoció su sentencia declaró sentirse «fantástico».
Hechos como éstos tienen que hacer reflexionar a todos los que estamos en el ámbito educativo. Como decía más arriba, nuestro país no ha hecho absolutamente nada para cumplir ninguna de las recomendaciones de la ONU en materia de educación en derechos humanos, y no sabemos qué va a hacer el actual Gobierno al respecto. De momento, en el debate abierto por el Ministerio de Educación y Ciencia, hay una propuesta encima de la mesa: un nuevo área de Educación para la Ciudadanía. Si se implanta, ya veremos cómo se da y qué preparación se les va a dar a los profesores. El asunto no es fácil, ya que un informe de Amnistía Internacional presentado en febrero de 2003 revelaba que los estudiantes de Magisterio y Pedagogía, futuros educadores, no reciben ninguna formación para educar en derechos humanos.
Señora Ministra de Educación y Ciencia: no estaría mal que averiguara quién teme a la educación en derechos humanos en este país. El Decenio comenzó aquí con un gobierno del partido actualmente gobernante, que no hizo nada. Posteriormente, el PP siguió sin hacer absolutamente nada. ¿Vamos a seguir igual en esta nueva etapa, con un gobierno que ha generado justificadas ilusiones en la ciudadanía? Desde aquí le hago una petición: haga lo posible por que la educación en derechos humanos esté presente en nuestro país, tanto en los niveles de primaria y secundaria como en el nivel universitario, y por que los derechos humanos dejen de ser un «brindis al sol» o un adorno para cualquier texto legal.
* Pedro López López. Director de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Equipo de Educación en Derechos Humanos de la sección española de Amnistía Internacional. [email protected]