TRAS LAS EXPERIENCIAS de Venezuela y Estados Unidos (EE UU) crece la controversia sobre lo adecuado de la utilización de sistemas informáticos o telemáticos tanto en los procesos de elección de representantes políticos como en la puesta en práctica de nuevas formas de organización de la participación ciudadana en el quehacer democrático. Entre el 1 […]
TRAS LAS EXPERIENCIAS de Venezuela y Estados Unidos (EE UU) crece la controversia sobre lo adecuado de la utilización de sistemas informáticos o telemáticos tanto en los procesos de elección de representantes políticos como en la puesta en práctica de nuevas formas de organización de la participación ciudadana en el quehacer democrático.
Entre el 1 y 18 de febrero, durante la campaña del referéndum para la Constitución europea, tuvo lugar una prueba de voto telemático en 52 ayuntamientos de tamaño medio auspiciada por el Ministerio de Interior. Como persona intelectualmente comprometida en una línea de investigación que pretende la indagación, desarrollo e implementación de sistemas informáticos que contribuyan a la mejora de los derechos ciudadanos y minimicen los efectos negativos que pueden tener sobre ellos el asentamiento de la Sociedad Red, he de señalar, brevemente, varias circunstancias que nos han sorprendido a aquellos que hemos realizado un seguimiento del desarrollo de este experimento.
Los estudios sociológicos realizados por nuestro equipo desde el año 2001 señalan como ventajas del voto telemático la rapidez en la contabilización de votos, la facilidad de realizar consultas frecuentes sin excesivo gasto adicional y, sobre todo, la posibilidad de votar desde cualquier colegio electoral o incluso desde casa. Asimismo, las desventajas principales señaladas por la ciudadanía suelen centrarse en temores sobre la violación del secreto del voto y sobre la posibilidad de alteraciones de los votos o fraudes masivos. Ante una asentada confianza de la ciudadanía en el procedimiento actual de votación, el voto telemático aparece salpicado de dudas sobre su funcionamiento: exige un acto de fe, de confianza en que la máquina hace lo correcto.
El desarrollo de esta prueba, de este ensayo general, se ha dado en unas circunstancias que distan mucho de las que habrían de observarse en un proceso electoral con validez jurídica. Se ha utilizado un sistema de voto sin que se hayan puesto a disposición pública, o al menos a equipos de evaluación independientes, datos contrastables sobre lo que hace o deja de hacer (el código fuente es secreto industrial). Según las entrevistas realizadas en los ayuntamientos elegidos, hubo cierta precipitación en su organización: se avisó a las localidades apenas dos semanas antes de que comenzaran las votaciones, la propaganda oficial (trípticos y carteles) llegó, salvo contadas excepciones, varios días después de comenzar las votaciones, y cada ayuntamiento era responsable de diseñar su propia campaña de publicidad (en la mayoría de los casos ha sido a través de la prensa). Como media se dispuso de dos ordenadores de registro y uno de votación por ayuntamiento, recursos que, teniendo en cuenta otras experiencias de voto, tan sólo permitirían la votación in situ de un máximo de 2.000 personas (contabilizando cinco minutos por persona en jornadas de ocho horas de apertura durante 18 días seguidos).
El secreto del voto se ha visto comprometido en muchos ayuntamientos por la ubicación del ordenador de votación permitiendo la visión de la pantalla por otras personas. Además, la mayoritaria falta de habilidades en el manejo de ordenadores entre la población hace necesaria la presencia de asistentes. Como señalamos en el informe sobre la prueba realizada en El Hoyo de Pinares (marzo 2003), sigue siendo necesario un protocolo de actuación más exigente para este tipo de personal auxiliar que garantice el respeto del secreto de votación. De lo contrario, es inviable su aplicación a una votación real.
Respecto al propio sistema, cabe destacar que en un momento de expansión general en este país del software libre (con varias iniciativas autonómicas de sistemas operativos libres) nos encontramos con un sistema de votación telemática que no acepta entornos Linux, ni navegadores libres (para ejercer el derecho al voto habríamos de comprar un sistema propietario) y cuyo funcionamiento (el código fuente) no es transparente ni contrastable. Nuestros colegas del OVE han preguntado sin éxito por detalles del sistema. Ningún ayuntamiento tiene capacidad de auditar y comprobar el correcto funcionamiento del sistema que han puesto a disposición de sus habitantes. Secreto y democracia no forman una buena pareja.
Este sistema adolece de varias de las garantías clásicas en los sistemas de votación convencional: carece de sistemas de interventores (tradicionalmente partidos políticos o asociaciones ciudadanas) que dan fe de la fiabilidad del proceso y de la contabilización final de los votos. Además, este sistema de Indra carece de los necesarios procedimientos que permitan la verificación individual de la correcta computación y sentido del voto.
De cara a un futuro, sugerimos que el próximo proceso de pruebas se inicie con mayor antelación, convocando a toda institución, empresa o equipo de investigadores (telemáticos, criptólogos, expertos en seguridad, sociólogos, politólogos, juristas, políticos de profesión, asociaciones ciudadanas, etcétera) que tengan algo que aportar, para que entre todos, de forma transparente y democrática, podamos construir un sistema de votación que se ajuste a la legalidad y conjure los temores y dudas que el uso de ordenadores despierta.
El autor es miembro del Observatorio Ada Byron para la Democracia Digital y los Derechos de Ciudadanía en Internet. Universidad Complutense de Madrid.