México: la insostenible ligereza del crecimiento

«Todo va bien en el mejor de los mundos posibles»: tal es el epígrafe que, inspirados en la filosofía del profesor Pangloss, podría encabezar los resultados económicos generales de México en 2004. El aumento de 4.4 por ciento del producto interno bruto el año pasado no sólo rebasó las expectativas de crecimiento de las autoridades económicas, sino que parece confirmar el porfiado optimismo de los más altos representantes políticos del gobierno acerca del derrotero promisorio que, según ellos, está cobrando el desarrollo nacional, «incluso sin reformas».

Dicho aumento es el más alto del actual periodo gubernamental y su tasa multiplica por un factor superior a 6 el promedio alcanzado entre 2001 y 2003, donde la economía estuvo prácticamente estancada. Este crecimiento fue generalizado, pues por primera vez desde 2001 las grandes porciones en que se divide la actividad productiva registraron signos positivos. Además, el mayor crecimiento del producto no alteró el cuadro general de estabilidad macroeconómica que de manera tan afanosa y con tanto celo se empeñan en guardar desde la década pasada las autoridades financieras y hacendarias.

Pero, a pesar de los resultados recientes, sería difícil sostener que la economía mejoró su desempeño y con ello sus perspectivas de crecimiento a largo plazo. Las fuerzas primarias de la relativa reanimación del producto son en su mayor parte exógenas e inerciales, y no responden a ninguna modificación estructural o de la estrategia económica vigente. El crecimiento fue impulsado por las exportaciones, bajo el estímulo casi único de la demanda estadunidense, y por el consumo privado, cuyo mayor dinamismo fue avivado en primer término por las remesas de los trabajadores expatriados a Estados Unidos (y en forma adicional por la ampliación del crédito al consumo).

Otra fuerza propulsora del crecimiento agregado de 2004, también de origen externo, fue el alza de los precios internacionales del petróleo. Se estima que este factor generó un incremento de casi 15 por ciento en los recursos fiscales aportados por la industria petrolera. El gobierno federal contó así con la posibilidad de realizar un mayor gasto de inversión sin contravenir sus objetivos de un déficit público equivalente a 0.3 por ciento del PIB.

La evolución conjunta de estos componentes de la demanda ejerció un efecto favorable en el aparato productivo, cuya reactivación retroalimentó a su vez la inversión fija bruta total (IFB). Después de tres años sucesivos de contracción en los que acumuló un descenso de casi 8 puntos porcentuales con respecto a su nivel de 2000, la IFB observó un crecimiento anualizado de 7 por ciento en los primeros once meses de 2004. La mayor parte del nuevo gasto de inversión se destinó a la adquisición de maquinaria y equipo, con un crecimiento comparativamente menor del gasto en construcción (que además estuvo muy concentrado en la edificación residencial). Esto sugiere que la IFB de 2004 no tuvo un impacto significativo en términos de la ampliación efectiva de la capacidad instalada y que una parte importante de ella respondió a necesidades de reposición, así como a la satisfacción de demandas de equipamiento cuya realización fue diferida ante el letargo económico del periodo 2001-2003, y en especial el verificado en el mercado de exportación.

2004 en la perspectiva económica de largo plazo

En sí mismo, el crecimiento general de 2004 está lejos de ser despreciable o irrelevante, pero debe admitirse que, debido a sus características, también está muy por debajo de las necesidades de una economía que padece un cúmulo de restricciones de orden estructural e institucional y político que impide la expansión sostenida del producto y el empleo. Existe cierto consenso de que una tasa anual de 4.4 por ciento como la observada el año pasado se sitúa en la zona del umbral cuantitativo después del cual, desde hace más de dos décadas, la economía mexicana tiende a generar desequilibrios y a enfrentar restricciones que le impiden sostener en el mediano y largo plazos un crecimiento dinámico y acumulativo del producto y del empleo.

En los 20 años que van de 1960 a 1979 la economía creció a un ritmo anual promedio de 6.5 por ciento, en tanto que en el periodo posterior, de 1980 a 2004, la tasa correspondiente cayó a 2.5 por ciento anual. En los años más recientes, después de la crisis de 1995, el PIB sostuvo una variación anual promedio ligeramente superior a 5 por ciento hasta 2000, pero su ritmo volvió a desplomarse a 0.7 por ciento entre 2001 y 2003. Si se incluye el resultado del año pasado, resulta que durante los dos primeros tercios del gobierno actual la economía observó una tasa anual promedio de 1.6 por ciento, menor al promedio general del último cuarto de siglo y apenas equivalente a la tasa de crecimiento de la población.

Es evidente que México padece un grave problema de crecimiento económico que en los últimos cuatro años tendió a acentuarse. Más allá de la tasa de variación del PIB en un año determinado, el problema estriba en los factores subyacentes en el crecimiento histórico del país y sus implicaciones para los próximos años. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) coincide con las conclusiones de varias investigaciones independientes en el sentido de que más de la mitad de la caída de la capacidad de crecimiento de México desde los 80 es atribuible al pobre desempeño de la productividad total de los factores (PTF), que no es otra cosa que una medida de la eficiencia con que se utilizan los insumos fundamentales que la economía emplea para generar el producto. Los datos indican que la PTF observó una variación anual positiva de 2.1 por ciento entre 1960 y 1979, evolución que de 1980 a 2003 se tornó negativa, contrayéndose a un ritmo de 0.5 por ciento en promedio anual.

Mientras en los años 80 esa contracción no debe resultar sorprendente debido a los múltiples problemas financieros desencadenados por la crisis de la deuda externa, en cambio sí es muy significativo que en el periodo más reciente, de 1996 a 2003, el crecimiento promedio de la PTF (0.7 por ciento) sea, desde cualquier punto de vista, muy modesto. Es éste un resultado que habrá de calificar como mediocre si se considera el mejoramiento del entorno económico que se supone habrían creado las reformas económicas emprendidas en la última década, en particular en el campo comercial y financiero.

Lo que indican estos datos es una ineficiencia estructural y generalizada del sistema económico para utilizar los factores productivos. No debe extrañar en consecuencia que la formación de capital, que es un indicador incuestionable de la confianza efectiva de los agentes económicos nacionales y extranjeros en la estrategia económica de un país y sus perspectivas de largo plazo, siga manteniendo coeficientes bajos en relación con los niveles alcanzados en México 25 años atrás.

Las fuerzas exógenas que a falta de políticas activas determinan en lo general el desempeño a corto plazo de la economía mexicana tenderán a ser menos dinámicas en éste y el próximo año debido al ciclo de ajuste fiscal y financiero que Estados Unidos está iniciando para reducir las dimensiones de sus abultados déficit presupuestario y externo. En este sentido, el mayor riesgo consiste en una desaceleración superior a la esperada del mercado estadunidense, donde se realiza poco más de 80 por ciento del comercio exterior. Ello produciría reducciones significativas de la demanda cuyo efecto negativo en los niveles de actividad del sector exportador de México no se harían esperar. La experiencia de 2001 muestra que la economía nacional adolece de gran fragilidad ante acontecimientos de esta naturaleza.

Un riesgo adicional de este escenario es que el menor crecimiento de Estados Unidos también llegue a afectar las condiciones de empleo de algunos de los cientos de miles de mexicanos que trabajan en aquel país, causando una disminución de las jugosas transferencias que realizan y que ahora constituyen un rubro estratégico en el capítulo de ingresos del sector externo. Cabe recordar que, a diferencia de las exportaciones, el monto de las remesas familiares recibidas no disminuyó a raíz de la recesión económica estadunidense de 2001. Al contrario, el superávit de la cuenta de transferencias corrientes de la balanza de pagos, al cual las remesas contribuyen con nueve de cada 10 dólares, se duplicó en proporción del PIB, al pasar de 1.2 a 2.5 por ciento entre 2000 y 2004.

Es de esperar que estas transferencias continúen sosteniendo el gasto interno de consumo, aunque tal vez a un ritmo más moderado que el año pasado. De esta manera, las remesas que envían a sus familias los cientos de miles de mexicanos emigrados a Estados Unidos tenderán a consolidar en 2005 y 2006, y sin duda más allá de estos años, su papel cada vez más determinante en el mantenimiento de un modelo económico que los excluye. Basta con señalar que los 16 mil millones de dólares que remitieron al país en 2004 es un monto mayor al flujo total de inversión extranjera recibido en México en cualquier año desde 1994, con la excepción de 2000 (cuando el valor de ambas variables fue equiparable) y 2001 (en el que la inversión foránea fue excepcionalmente alta).

Por otra parte, los menores precios internacionales del petróleo, que en promedio prevalecerán en 2005, es otro factor que permite anticipar una reducción adicional de los ingresos de exportación, que limitará el ya escaso margen de operación presupuestaria del gobierno. En un cuadro de debilidad fiscal en el que los ingresos tributarios apenas representan 12 por ciento del PIB, este hecho reducirá todavía más las posibilidades de inversión en sectores críticos como salud, educación o infraestructuras físicas.

Las principales fuerzas básicas del crecimiento mexicano de 2004 ­exportaciones, remesas familiares, precios internacionales del petróleo­ están fuera de toda posibilidad de reforzar las políticas de contención del déficit fiscal y de control de la inflación para asegurar la estabilidad macroeconómica. En el contexto actual esta opción es tal vez inevitable y necesaria, pero también se trata de una apuesta política y socialmente arriesgada, pues se corre el riesgo de crear mayores restricciones al crecimiento del producto y del empleo.

La política presupuestaria de 2005 apunta de manera inequívoca en esta dirección, al fijar como objetivo un déficit fiscal equivalente a 0.2 por ciento del PIB. La consecución de esta meta enfrenta ya un primer conflicto en la controversia constitucional que mantienen los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto de sus atribuciones en la asignación del gasto público; a medida que los plazos de la contienda electoral se vayan acercando, las disputas presupuestarias tenderán a multiplicarse.

En el frente monetario, las autoridades tendrán que desactivar los efectos del incremento de las tasas internacionales de interés y de las presiones inflacionarias que ya se manifestaron en 2004, cuando la tasa anual de inflación (5.2 por ciento) fue 30 por ciento más elevada que la del año precedente (4 por ciento). La respuesta ha sido una política monetaria más restrictiva, en un marco en el que la remuneración promedio de los Cetes de las primeras siete semanas de 2005 llegó ya a duplicar a la que se ofrecía un año antes. Además de incrementar por décima vez en 11 meses el monto del «corto» que impone a la demanda de dinero, el banco central dejó clara su intención de reafirmar su control sobre la orientación general de la política económica.

El sesgo restrictivo de esta política va a impedir que la situación del empleo observe algún síntoma de mejoría en el lapso final de la presidencia de Vicente Fox. Al cierre de 2004 el nivel de este indicador seguía unos 2 puntos porcentuales por debajo del punto alcanzado en 2000. Esto significa que en los últimos cuatro años se acumuló un déficit de 4 a 4.5 millones de puestos de trabajo formales, cifra equivalente al número de personas que debieron sumarse al masivo contingente de los que emigran a Estados Unidos o simplemente se convierten en subempleados, categoría ésta que a finales de los años 90 representaba a dos quintas partes de la población económicamente activa. La conclusión es que el principal legado económico y social del actual gobierno al que lo suceda en 2006 será la agudización del problema del empleo, mucho más que la situación macroeconómica y financiera con «fundamentos sanos» que tanto gustan pregonar los economistas oficiales.