Bolivia, la persistencia de la pobreza en un país rico

Bolivia es un país con poco más de nueve millones de habitantes, con una geografía variada – que va del clima y la vegetación tropical de la floresta Amazónica («El Oriente» del país) hasta las altísimas montañas (como el Illimani, símbolo nacional), con sus temperaturas abajo de cero, sus nieves eternas y la presencia endémica del «soroche», el mal de las alturas. El «soroche», con su dificultad respiratoria crónica – debido a la escasez del oxígeno en altitudes elevadas -provoca grave dificultad respiratoria, dolores de cabeza y sensación de náuseas.

Poblaciones antiguas, que en el Primer Milenio A.C. colonizaron el Altiplano, descubrieron que mascar las hojas de coca, o tomarlas como infusión, aliviaba, o eliminaba, las consecuencias del «soroche». «Coquear», mascar las hojas de coca, se convirtió en un hábito y el descubrimiento de sus propiedades alucinógenas – cuando es refinada industrialmente – originó el amplio flujo del narcotráfico internacional, uno de los muchos males del país, así como de otros vecinos sudamericanos.

Bolivia es un país rico – siempre ha sido un país rico. Fue cuna y palco del desarrollo de civilizaciones antiguas, como los «collas», señores de Tiwanaku, constructores de la «Puerta del Sol» y colonizadores de la civilización del Lago Titicaca. Acogieron las culturas aymara y quechua, componiendo el más vasto imperio indígena del continente, el gran centro civilizador inca. Los conquistadores españoles, seducidos por la riqueza más visible del país – sus tesoros en oro, plata y piedras preciosas que adornaban los templos y palacios del imperio inca – asaltaron a las naciones originales del Altiplano, saquearon y promovieron la destrucción, cultural y física, de millares de comunidades indígenas.

La plata fue la primera y principal fuente de riqueza que permitió que la colonización europea fuera impuesta al país. Después de la independencia, en el siglo XIX, fue el guano – el excremento de pájaros, rico en fosfatos y utilizado como fertilizante por una Europa que vivía una tremenda expansión demográfica.

El estaño y el volframio – fundamental para el establecimiento de los Estados Unidos como principal relación comercial del país a partir de la II Guerra Mundial – trajeron un inmenso flujo de divisas hacia el país, que fue sistemáticamente acaparado por una minoría, de origen europeo, blanco e hispanohablante. La gran mayoría de la población, formada por «mineros» y «campesinos» fue dejada al margen de las riquezas generadas por la explotación de las fuentes de recursos naturales del país y por el trabajo de la población.

La persistencia de la pobreza en un país rico

Poco a poco, la plata se acabó, así como el guano; el estaño dejó nada más que montañas dilaceradas y el volframio se agotó. Solamente la población de «mineros» y «campesinos» siguió en el mismo estado de pobreza y abandono de siempre, y ahora con menos «capital natural» para sostener e impulsar el desarrollo y el bienestar social. A partir de los años 80 el gas natural se transformó en la última esperanza de desarrollo y de distribución de renta en el país, inaugurando nuevas expectativas económicas.

Además, Bolivia, bajo la dirección de elites incompetentes y sufriendo la presión de fuertes intereses extranjeros, participó en dos guerras desastrosas: la Guerra del Pacífico (1878/1884), que redundó en la pérdida del litoral nacional para Chile, dejando al país aislado y pesando fuertemente sobre las oportunidades de desarrollo, y, más tarde, en la Guerra del Chaco (1932/1935), contra Paraguay, una guerra provocada por fuertes intereses petrolíferos extranjeros. También perdió para Brasil, a través de un mecanismo forzado de venta, el territorio de Acre (1904).

Actualmente, 10% de la población boliviana está desempleada, en especial en los barrios pobres de La Paz o Cochabamba y, principalmente, en la impresionante ciudad dormitorio de El Alto, a casi cuatro mil metros de altitud y a veinte minutos de La Paz, yendo por la Autopista La Paz/Aeropuerto.

El Alto, con casi 700 mil habitantes, es un inmenso aglomerado poblacional, con gravísimas deficiencias urbanas, entre ellas el abastecimiento de agua, privatizado durante el gobierno Sánchez de Losada y adquirido por una empresa francesa. Los medios de transporte son tremendamente ineficientes, realizados principalmente por los llamados «minibuses», camionetas y utilitarios que se ocupan del transporte colectivo en condiciones increíblemente precarias.

La atención médica y escolar sigue las mismas pautas, obligando a las instituciones nacidas del movimiento social autónomo – como la «Federación de Juntas Vecinales», la Fejuve – a ejercer como «Brazos Sociales», con atendimiento y acciones sociales para suplir la ausencia del Estado. Tales condiciones explican la razón de que, hoy, 1,29 millón de bolivianos sean «expatriados», buscando en España, Argentina y Brasil, entre otros países, oportunidades de trabajo y de derechos, que no existen en su país. Otros 400 mil bolivianos buscan medios, legales o no, para salir del país. Tales condiciones hacen con que Bolivia sea el único país del continente con una tasa de crecimiento negativa, afectando claramente sus condiciones de desarrollo y, en el límite, al propio carácter nacional boliviano.

Mientras tanto, un flujo de US$ 350 millones en envíos ilegales hacia el exterior – para un país con un PIB de US$ 7,8 billones, en 2002 – diminuyen las posibilidades de inversión, de creación de empleos y de una mejor distribución de la renta en el país.

Crisis democrática y crisis institucional

La democracia y la estabilidad institucional, bases indispensables para el desarrollo justo y el uso adecuado de los recursos naturales del país a favor de su población, fueron la gran esperanza cuando ocurrió la democratización sistema político nacional. La crónica periodística y una cierta ciencia política de consumo inmediato atribuyen a Bolivia el mayor número de golpes de Estados de la historia mundial. Los números varían: 159, 170, incluso 190… Poco importa, es parte del mito político sobre Bolivia, cultivado en el exterior e, incluso, en la misma Bolivia.

Tal mito avergüenza al país, a la nueva generación y a sus militantes e intelectuales comprometidos con un proyecto de cambio nacional.

En verdad, de los 83 gobiernos de Bolivia, hasta 2005, 22 tuvieron una existencia promedio de cuatro años o más, es decir que existe un antecedente de estabilidad histórica posible. Con todo, 37 gobiernos fueron regímenes «de facto». Es decir, 46% de los gobiernos del país no tuvieron un origen democrático. La historia boliviana reconoce solamente 23 golpes de Estado «clásicos»; siete casos en que un gobierno autoritario fue sucedido por otro gobierno autoritario; cinco casos de sublevación popular masiva o revolución, que resultaron en un cambio de gobierno (1899, 1946, 1952, 2003 y 2005); por dos veces la sucesión gubernamental fue completamente ilegal – en 1930 y 1934 – y, finalmente, en otros dos casos – en 1939 y 1951 – se buscaron soluciones políticas inconstitucionales.

El período más duro en la vida democrática del país fue la fase del «militarismo», entre 1964 y 1982, cuando se produjo una secuencia gobiernos militares, putshs y cuartelazos, que mucho contribuyeron al mito de la inestabilidad boliviana (1964, 1969, 1970, 1971, 1978 – ¡dos veces el mismo año! – 1979 y 1980). La fase más aguda de la crisis institucional ocurrió entre 1978 y 1982, cuando hubo un total de nueve gobiernos, ¡con una duración media de cinco meses y medio cada uno!

La democratización y la ampliación de la agenda social El período democrático – a partir de 1982 – marca el retorno del sistema de alternancia de poder según los moldes típicos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con un nuevo alineamiento internacional de Bolivia. Liberales – ahora realineados con las corrientes neoliberales internacionales y mirando hacia los Estados Unidos (tales como Hugo Banzer, presidente constitucional entre 1997 y 2001 – y que antes fuera dictador, entre 1971 y 1978; Jorge Quiroga, 2001/2002 y Sánchez de Losada, presidente entre 1993 y 1997 y, nuevamente electo, entre 2002 y 2003, cuando fue derrocado por un levante popular, la llamada «Guerra del Gas»).

Este nuevo «liberalismo» boliviano posee un fuerte matiz «extranjero», doctrinario, oriundo de estudios y estadías de políticos bolivianos en el exterior, en especial en los Estados Unidos (Quiroga, Sánchez de Losada). En términos sociales, son políticos que se identifican con el poder oligárquico nacional, con el concepto de libre empresa y de alineamiento – en un nicho exportador de bienes primarios – con los Estados Unidos.

Tradicionalmente, Santa Cruz de la Sierra – la mayor ciudad del país, con cerca de 1,2 millón de habitantes – es el núcleo y la base de poder de los grupos liberales, notoriamente blancos y de origen española, nutriendo gran desconfianza hacia el poder central – cuando no apoyan a la dictadura en el poder en La Paz – y fuerte desprecio por la mayoría indígena del país.

Los conservadores, oponentes tradicionales de los liberales, fueron suplantados históricamente en la oposición al liberalismo por la corriente nacionalista boliviana. EL nacionalismo boliviano defiende, como doctrina, el uso social de los recursos naturales del país, la integración de las clases populares (en particular «mineros» y «campesinos», con un fuerte liderazgo de la nueva burguesía progresista).

Buscan la recuperación del poder del Estado – con la nacionalización de los bienes naturales y su explotación estatal – y la Reforma Agraria, una bandera histórica del nacionalismo. Incluso ese nacionalismo «histórico», dominante hasta mediados de los años 80, fue superado (o ampliado en su base doctrinaria) por la incorporación de las amplias masas indígenas, históricamente dejadas al margen en el país. La emergencia del MAS (Movimiento al Socialismo), a partir de 1998 – quedando en segundo lugar en la campaña presidencial de 2002, con la candidatura de Evo Morales – marca la «ampliación» del nacionalismo en una agenda cada vez más socializante, incluyente y antielitista.

La Democracia y la Persistencia de sus Males

Como país sudamericano, con una colonización ibérica y una fuerte dominación oligárquica, Bolivia conoce, también, un cuestionamiento permanente de sus instituciones democráticas, marcadas por la precariedad y por la presencia permanente de la corrupción. En el centro de las mismas crisis que colocaron en jaque a las instituciones republicanas en Argentina, en Ecuador y que crecen en Perú – después de barrer el tradicionalismo político en Venezuela – Bolivia vive en medio a una amplísima crisis política e institucional. En veintitrés años de democracia, vivió un intenso cambio de gobiernos – aunque esta vez en el ámbito constitucional – y en los últimos seis años presenció la ascensión y caída, por motivos variados, de seis presidentes.

La buena noticia fue la resistencia de las formas democráticas, a pesar de haberse dado bajo el peso de un masacre, como en la «Guerra del Gas», contra Sánchez de Losada en 2003 (más de 80 muertos en las luchas populares en La Paz y en El Alto). La emergencia de un amplio movimiento popular, sea en los cuadros partidarios, con el MAS, sea con el movimiento social autónomo (con la Fejuve, por ejemplo), colocó en jaque a los 500 años de dominación oligárquica, blanca e hispanohablante: los reducidísimos grupos sociales, «la buena sociedad», que a través de lazos de parentesco y de intereses económicos dominan el país, se ve hoy bajo intenso fuego popular.

Esta «buena sociedad» domina la política nacional – prácticamente todos los presidentes poseían lazos con otros presidentes, con ministros, parlamentarios, embajadores y jueces, mostrando, más allá del nepotismo, ¡un verdadero control del aparato político de la república! Solamente en dos ocasiones, durante toda la historia boliviana, mestizos (y, claro, ¡indios jamás!) llegaron a la presidencia del país: con Manuel Isidoro Belzu, entre 1848 y 1855, asesinado en 1865, y con Juan José Torres (entre 1970 y 1971), depuesto y asesinado en 1976 en su exilio en Argentina. Ambos presidentes, Belzu y Torres, implementaron políticas nacionalistas, a favor del desarrollo y antimperialistas. Belzu enfrentó el control británico de las exportaciones bolivianas, al paso que Torres trabajó contra la presencia americana en el país.

La persistencia de la corrupción, del nepotismo y del control oligárquico familiar de las instituciones políticas de la República amenazan – como en toda América Latina – la credibilidad de la democracia y de las herramientas clásicas de la representatividad popular. Las instituciones de la República son marcadas por la rápida transitoriedad de los líderes, removidos de sus funciones al sabor de los cambios políticos. Gran parte de los partidos se lanzan sobre la administración pública como botín de guerra, dividiendo cargos en la búsqueda del enriquecimiento personal – en fin, ¡ninguna novedad en esta parte del mundo!

Además, hay una actitud generalizada de «no me importa» entre aquellos que ocupan los cargos públicos, llevando a la población a desconfiar de la eficacia y justicia de la República. Así, la crisis – como en Ecuador, en Perú o, incluso, en Brasil – no afecta solamente a los políticos. La credibilidad de las propias instituciones políticas republicanas está en juego y, con ella, el propio destino de la democracia en Bolivia.