Ante el progresivo consumo de agua y la escasez que se prevé en años futuros, las compañías transnacionales se lanzan en una desenfrenada carrera para tratar de controlar las fuentes de abastos junto a la prestación de ese servicio en diferentes países del orbe. Según informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 1 100 […]
Ante el progresivo consumo de agua y la escasez que se prevé en años futuros, las compañías transnacionales se lanzan en una desenfrenada carrera para tratar de controlar las fuentes de abastos junto a la prestación de ese servicio en diferentes países del orbe.
Según informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 1 100 millones de personas carecen de acceso al agua potable a las que se añaden 2 400 millones de habitantes que no cuentan con saneamientos adecuados. Para el 2025 se calcula que la demanda del líquido necesario para la vida humana será un 56 % superior al abastecimiento. En el III Foro Mundial del Agua, celebrado en Kyoto, se informó que para el 2025 dos tercios de la población mundial deberá enfrentar déficit de agua limpia
En ese sentido, las multinacionales del agua están aprovechando la propaganda sobre la escasez del líquido para impulsar las privatizaciones, una estrategia que consiste en convertir esa crisis en un fecundo negocio. Sin ambages, prometen garantizar la provisión de agua para quienes puedan pagarla a un precio que permitiría ahorrarla y sufragar los costos de distribución
La expansión de la comercialización del agua tiene su más reciente antecedente en noviembre de 2001 cuando en la Organización Mundial del Comercio (OMC), bajo presión de los países más desarrollados, comenzaron a negociarse los servicios de salud, educación y recursos naturales y que tenía como meta la liberación irracional de los servicios públicos para este año 2005, lo cual hasta el momento han logrado detener las naciones menos favorecidas.
En conclusion, lo que hasta hace poco era regulado por los Estados, pasaría a ser un mercado de libre comercio con las consecuentes desventajas para la inmensa mayoría de este mundo lleno de pobres que no podría pagar los servicios.
Para Maude Barlow, presidente del Consejo de Canadienses, el grupo de apoyo estatal más gran de Canadá, en los últimos años el Banco Mundial ha estado imponiendo silenciosamente en varios países un sistema de suministro y tratamiento de agua orientado al lucro, dejando sin acceso al líquido a millones de personas. Para esas operaciones aprovecha el modelo de desarrollo del «Consenso de Washington» adoptado por las naciones donantes para promover los intereses de un puñado de transnacionales del agua.
Barlow indicó en un reciente informe que el BM sirve a los intereses de las compañías de agua tanto a través de sus programas habituales de préstamo a los gobiernos, como de su brazo para el sector privado, la Corporación Financiera Internacional, que invierte en proyectos de privatización y otorga préstamos a las compañías que los ponen en práctica.
En la última década, el Banco Mundial prestó alrededor de 20.000 millones de dólares para proyectos relativos a suministro de agua, constituyéndose en el principal facilitador de la privatización. Un estudio llevado a cabo durante un año por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, con sede en Washington, reveló que la mayoría de los préstamos del BM destinados a proyectos de agua en los últimos cinco años han exigido la conversión de sistemas públicos a privados como condición para la transacción. Los gobiernos están cediendo ese control que en la actualidad alcanza un 10 % mundial, a través de la participación en convenios comerciales dentro de la OMC o por medio de Tratados de Libre Comercio como el de América del Norte (TLCAN) y el proyectado con Centroamérica y Dominicana que obligan a abrir todos los servicios y recursos al sector privado y otorgan a las transnacionales derechos sin precedentes sobre el agua.
Entre las grandes compañías que están involucradas en una carrera por expandir sus servicios aparecen las estadounidenses Nerón Springs, Monsanto Wells y Bechtel Co; las francesas Suez/División ONDEO (antes Lyonnaise des Eaux) y Vivendi; las españolas Aguas de Valencia y Unión FENOSA ACEX y la inglesa Thames Water.
A la lista se suman otras que necesitan para sus actividades grandes cantidades de agua como la General Motors, la Ford y la Intel, las cuales buscan y han obtenido en ocasiones acuerdos con gobiernos para adueñarse o tener acceso a recursos hídricos que les permitan subsidiarse el agua necesaria tanto en volúmenes como en precio.
Ese ineludible interés para la supervivencia de las transnacionales que no deparan en ofertar cuantiosas sumas de dinero a funcionarios y abogados gubernamentales para acceder y hacer usufructo del agua, ha disparado el mercado de compra-venta, robo y falsificaciones de título de derechos hídricos.
Hace solo 10 años esas empresas distribuían el líquido a 51 millones de personas en 12 países pero con los actuales ritmos de expansión, y si los Estados no les ponen coto, para el 2015 controlarán más del 70 % de los sistemas de servicios de agua de Europa y América del Norte. Ejemplos de la penetración para controlar el agua son muchos en América Latina. En Cochabamba, Bolivia, el Banco Mundial exigió que se privatizara, y cuando la Bechtel comenzó a aumentar el precio del agua, toda la ciudad hizo una huelga; la policía reprimió el movimiento pero al final la transnacional debió abandonar el país, tras lo cual impuso una demanda al gobierno para que le resarciera 20 millones de dólares por los gastos incurridos.
En Uruguay comenzó en los años 80 con al empresa Venecia que en 1993 pasó al control de la Suez y adoptó el nombre de Aguas de la Costa. Elevó los precios a 104 dólares mensuales que contrastaban con otras zonas que solo abonaban 15 dólares. Tras grandes protestas y manifestaciones se llevó a cabo un plebiscito donde el 65 % de la población aprobó que la gestión de los recursos hídricos fuera pública.
En 1993 se concretó la privatización del agua en Argentina, principalmente en Buenos Aries, Santa Fe y Córdoba a favor de las compañías Suez y el grupo Soldati. En 2003 ya las tarifas se habían incrementado 88 % a pesar que se estipulaba por ley que no podía pasar de un 7 %. Cuando hay falta de pagos, ese servicio es cortado y si la deuda se acumula se ponen en remate las viviendas y en estos momentos existen por ese motivo 8 000 juicios de embargo.
Organizaciones sociales han denunciado con fuerza que en México se están privatizando las fuentes de abastecimiento de agua y destacan los casos del Valle de Mexicali, Baja California e Imperial County, California, donde se construyen canales para llevar el líquido desde esos puntos hacia Estados Unidos, y en los Altos de Chiapas donde empresas como Coca-Cola y Pepsi, Nestle se adueñan de los manantiales para garantizar sus negocios.
Sería interminable la lista de casos pues los monopolios se expanden apoyados por los organismos financieros internacionales, convenios de libre comercio y, sobre todo, ante la mirada indiferente de algunos gobernantes. Pero ya muchos pueblos están comprendiendo que el agua es un derecho humano y un servicio público esencial.