Los domingos por la tarde el público repleta los pasillos de la sucursal de Escazú de PriceSmart, una de las cuatro gigantescas tiendas que la cadena minorista estadounidense ha abierto en esta capital centroamericana. La mayoría de los clientes que llenan sus carros con salsa de tomates Prego y papitas fritas Pringles no son costarricenses, […]
Los domingos por la tarde el público repleta los pasillos de la sucursal de Escazú de PriceSmart, una de las cuatro gigantescas tiendas que la cadena minorista estadounidense ha abierto en esta capital centroamericana. La mayoría de los clientes que llenan sus carros con salsa de tomates Prego y papitas fritas Pringles no son costarricenses, sino jubilados de Estados Unidos que en los últimos 20 años se han unido a la corriente de pensionados extranjeros que han venido a vivir acá.
Los costarricenses se jactan de que su país es el único en América Latina, y quizás en el mundo, donde los estadounidenses residentes superan a los costarricenses emigrados: se estima que unos 20.000 jubilados de Estados Unidos y Canadá residen en el país. Esta tendencia ha llegado a ser un importante fenómeno económico.
Al ofrecer durante décadas incentivos tributarios y otras regalías para atraer a jubilados de habla inglesa, Costa Rica ha sido pionera en el uso de una herramienta de desarrollo económico cada vez más popular para las pequeñas y empobrecidas naciones de la Cuenca del Caribe: la importación de personas de alto poder adquisitivo que ya no tienen la responsabilidad de educar a sus hijos.
En el caso de Costa Rica, los jubilados representan una parte importante de los US$1.400 millones que los estadounidenses gastan anualmente en el país, según datos oficiales (las cifras no distinguen entre los pensionados y los visitantes de largo plazo). Los efectos multiplicadores, como los gastos en salud, construcción, comercio y otros servicios, podrían elevar el beneficio total a unos US$4.000 millones, cerca de 25% del Producto Interno Bruto del país. Además, la ola de pensionados genera sinergias: los primeros jubilados instalaron pequeños hoteles cerca de la playa y agencias de viaje que, a su vez, trajeron a más turistas y a más retirados.
Ante la perspectiva de que más de 30 millones de estadounidenses empiecen a jubilarse a partir del próximo año, Costa Rica y otros países en desarrollo esperan cosechar los frutos. Ello genera la interrogante de si EE.UU. debiese subcontratar la jubilación de sus ciudadanos.
Irse a vivir al extranjero después de la jubilación se está convirtiendo en la norma en Europa. Más de un millón de alemanes, escandinavos, holandeses y británicos se han ido a vivir lejos de sus países, especialmente a la zona del Mediterráneo, a las costas de España, Grecia e Italia. Esos jubilados gozan de los beneficios de la Unión Europea, que no les exige visa para pasar de un país a otro y les permite trasladar fácilmente sus cuentas bancarias, pólizas de seguro y pensiones.
Costa Rica permite que los ciudadanos estadounidenses que se inscriben en su sistema de pensionados contribuyan al menos US$37 al mes a la seguridad social del país, lo que les da derecho a 100% de cobertura hospitalaria y de medicamentos. La mayoría de los jubilados extranjeros usa el sistema local de salud como un recurso de emergencia, pero acuden a clínicas privadas cuando necesitan cuidados más especializados.
Costa Rica también está incentivando a los extranjeros a que soliciten una visa de inversionistas, la que los obliga a comprar una casa o un negocio pequeño valorado en al menos US$150.000.
«Estamos observando apenas la punta del iceberg», dice Alberto Kader, un empresario de bienes raíces que se especializa en segundas viviendas para los pensionados estadounidenses. «El mercado para las casas de más de un US$1 millón ya es bastante grande. El mercado para las casas de más de US$100.000 va a ser gigantesco».
Panamá, Honduras, Belice y Nicaragua también están interesados en atraer jubilados estadounidenses, liberando del pago de impuestos a quien desee comprar o construir una vivienda en el país.
Pero no todo ha sido tan fácil. Hace unos años, en la península mexicana de Baja, muchos jubilados extranjeros se encontraron con que los títulos de propiedad de sus casas en la playa no cumplían con los requisitos establecidos en una política de seguridad nacional, la que, técnicamente, permite que solamente ciudadanos del país sean dueños de propiedades costeras en México.
En Costa Rica, la cantidad de propiedad costera en manos de extranjeros, que según algunas estimaciones llega a 83%, se ha transformado en un tema político. Lo mismo ha ocurrido con la delincuencia. Una preocupación cada vez mayor es que la llegada de pensionados acaudalados atraiga a inmigrantes pobres de Nicaragua que traten de acosar a los estadounidenses y sus vecinos costarricenses.
Pero también cabe preguntarse si estos países pueden costear el esfuerzo que significa atraer a esta población extranjera.
«Se requiere mucho más que bienes inmuebles», advierte Tomás Engler, un panameño del Banco Interamericano de Desarrollo, especialista en el tema de la tercera edad. El mayor obstáculo es ofrecer adecuados servicios de salud, dice, y pocos de estos países tienen los medios para hacerlo.
«Costa Rica tardó entre 10 y 15 años en fortalecer su red privada de salud, después de que los jubilados empezaron a venir», dice, y ya contaba con un excelente sistema público de salud.
Es posible que estas condiciones se den en algunas partes de Panamá, pero se necesitarían enormes inversiones en el caso de países como Honduras o Nicaragua, afirma.