El ALCA es mucho más que un simple acuerdo para destrabar las relaciones comerciales, sus principales consecuencias no se pueden deducir sectorialmente, ya que su puesta en marcha afectaría notoriamente a las cooperativas, a la economía en general y a la soberanía nacional», advierte la investigadora del Instituto Argentino Investigaciones en Economía Social (IAIES) y profesora universitaria. Rosa Schaposnik, licenciada en Economía y técnica en Cooperativas, aboga contra la integración desigual que proponen los países centrales porque «aún cuando pudiera presentar ventajas sectoriales en el comercio de algunos productos, generaría costos sociales y políticos demasiado elevados».
– ¿De qué modo debe reaccionar la economía solidaria frente a tratados de libre comercio como los que impulsa Estados Unidos?
Antes de tomar posición, las cooperativas y en general las organizaciones de la economía social, tendrían que conocer qué significan a corto y a largo plazo los Tratados de Libre Comercio (TLC) de «nueva generación» que se están impulsando actualmente. Porque son acuerdos entre gobiernos, negociados a espaldas de la sociedad, que van mucho más allá del libre comercio de mercancías, ponen en riesgo la soberanía de los Estados y las posibilidades de construcción de modelos socioeconómicos y políticos participativos y solidarios.
Si hablamos de las cooperativas en particular, creo que se debería difundir la información sobre los TLC y plantear la discusión entre los asociados, es decir las bases del movimiento, ya que la discusión y la toma de posición no puede quedar solo en el nivel de la dirigencia de las confederaciones y federaciones.
Si el análisis se realizara a la luz de los principios y valores cooperativos, los TLC de nueva generación, especialmente el Alca, deberían rechazarse. Esa es una de las conclusiones a las que llegamos en el estudio argentino del Prica, realizado para la ACI Américas y aprobado por el Comité Nacional de ese programa, que lo consideró la posición del movimiento cooperativo argentino.
– ¿Cree que a partir de lo sucedido en noviembre pasado en Mar del Plata existen mejores condiciones para lograr una mayor concientización de cara a ese debate pendiente?
– Se realizaron allí dos cumbres, parte de la dirigencia del cooperativismo se preocupó por incidir para que en el documento final de la cumbre «oficial» se incluyera un reconocimiento al aporte que hacen las cooperativas en cuanto a la generación de trabajo y el desarrollo. Y lograron que el cooperativismo aparezca como una palabra más en el documento, algo que no creo que transforme la situación del sector. Por otro lado, algunas federaciones convocaron a la Cumbre de los Pueblos, en este caso sí tuvieron una posición firme y fundamentada de oposición al ALCA. Mi sensación es que ambas posiciones son de las dirigencias, que faltó más debate, entendiendo que no es una tarea fácil promoverlo, porque habría que remar en contra de la corriente, romper con la inercia de la falta de participación y con esa sensación instalada de que no existe otro camino. Pero sí creo que es posible la concientización, y en ese sentido me parece que es mucho lo que pueden hacer las federaciones que se expresaron contra el ALCA y convocaron a la Cumbre de los Pueblos, que algunos llamaron contracumbre, porque tienen información y sólidos argumentos para plantear la discusión.
– El Gobierno Nacional impulsó la formación de centenares de cooperativas vinculadas con planes sociales como el llamado «Manos a la obra». ¿Cuál es su visión al respecto?
– Pienso que es una política equivocada, que forzó la constitución de miles de cooperativas, especialmente las que denominan «de trabajo para la vivienda», utilizando esa figura jurídica para desarrollar planes sociales. En esos programas las personas que formaron las cooperativas prácticamente estaban obligadas a hacerlo para no perder sus beneficios sociales, es decir, tuvieron que asociarse sin haber elegido esa alternativa, asumir responsabilidades de gestión sin capacitación empresaria, y en la mayoría de los casos sin proyectos sustentables, porque en realidad dependen de lo que les da el Gobierno. Así generan expectativas en los trabajadores, que ya se está comprobando que se frustran, y también una imagen negativa del cooperativismo en la sociedad.
– ¿Más allá del uso de la figura cooperativa, cuál es su opinión acerca de las políticas sociales desarrollados por el Gobierno Nacional?
– No estoy de acuerdo con estos programas que subsidian a los desocupados o a los pobres, aunque en algunos se prevea como contrapartida la realización de una tarea. Son dádivas, paliativos, que están pensados para controlar, para disuadir el conflicto social que emerge de las situaciones de injusticia y exclusión. Así fueron pensados los planes de Jefas y Jefes de Hogar durante el gobierno de Duhalde, y por eso tuvieron el apoyo de organismos financieros internacionales. El Gobierno Nacional continúa con esos planes como lo principal de su política social. No hay en ellos un espíritu inclusivo, que apunte a la construcción o reconocimiento de ciudadanía. Además, conservan un sentido asistencialista y focalizado, y en general se utilizan como una forma de clientelismo oficial o partidario. Me parece que las políticas deberían ser de tipo universal y enfocarse hacia la eliminación de las causas que originan la pobreza, no a poner parches. Las que están en vigencia no atacan las causas de la pobreza, la indigencia, la desocupación, ni apuntan a eliminar la inequidad en la distribución de ingresos que impide que millones de personas tengan la posibilidad de acceder a una vida digna. Si las políticas oficiales siguen respondiendo a los intereses de los grupos de poder económico más concentrados no pueden ser adecuadas para los millones de personas marginadas o excluidas del sistema.
– ¿Advierte cambios de fondo en el modelo económico?
– De acuerdo con el discurso oficial, estaríamos abandonando las políticas ortodoxas del «consenso de Washington». Y desde la presidencia se pone mucho énfasis en señalar que el modelo ahora es «keynesiano» y «heterodoxo». Sin embargo, no encuentro cambios de fondo en las estructuras económicas ni se modifican las bases de la terrible desigualdad en la distribución de los ingresos que tiene Argentina. Una de ellas es la estructura impositiva regresiva, que tiene una alta carga de inequidad ya que la mayor presión impositiva recae sobre el consumo. Habría entonces que reducir la tasa del IVA y eliminarlo en productos sensibles para la mayoría de la población, como los que componen la canasta básica familiar, y aumentar los impuestos que gravan a las expresiones de riqueza física o financiera, como propiedades o grandes ganancias. También deberían eliminarse ciertas exenciones arbitrarias como las que se aplican a las rentas financieras y a los dividendos.
– ¿Qué opina respecto de fenómenos como los de empresas recuperadas, cooperativas de cartoneros o de autoconstrucción de viviendas, que en algunos casos se plantean como alternativas reales de desarrollo social y económico para los grupos que las integran?
– Me parece que las cooperativas que se están formando para recuperar empresas pueden dar respuesta a las necesidades sociales y económicas de los grupos que las forman, y avanzar hacia un cambio de modelo a través de la autogestión, porque los trabajadores están demostrando, con todas las dificultades que tiene un proceso de esta naturaleza, que el capital es una herramienta que pueden manejar, y que la «capacidad empresaria» se puede desarrollar a partir de otros valores, por ejemplo, desde una gestión participativa y democrática