La petrolera está acusada de dejar de pagar al fisco local 215.000 dólares en aranceles aduaneros e impuestos
La Aduana Nacional de Bolivia anunció ayer una demanda contra la petrolera Andina, participada en un 50% por la española Repsol, por un presunto delito de contrabando de 230.399 barriles de crudo valorados en más de 9 millones de dólares (7,54 millones de euros). Eso supuso dejar de pagar al fisco 215.000 dólares en aranceles e impuestos.
La demanda fue anunciada en rueda de prensa por el presidente de la Aduana, Ricardo Alba, quien presentó el resumen de una investigación realizada en los últimos cinco meses sobre las exportaciones de Repsol YPF entre junio del 2004 y julio del 2005.
Según Alba, los resultados del informe fueron notificados ayer a la petrolera y serán presentados en las próximas horas a la fiscalía adscrita a la Aduana en el distrito oriental de Santa Cruz para el inicio de una investigación en esa instancia. La acusación también incluye una denuncia por falsificación de documento.
El informe de la Aduana señala que se exportó petróleo sin «contar con la documentación legal, consistente en una autorización del Ministerio de Hidrocarburos». Esa actuación, añade, infringe «la disposición especial contenida en el decreto supremo 27493 y el artículo 138 del reglamento a la ley general de Aduanas, por lo que existen indicios de la presunta comisión del delito de contrabando».
Alba explicó que el código tributario del país establece que la multa económica para la filial de Repsol YPF en Bolivia debe equivaler al 100% del valor de las mercancías objeto de contrabado. Además, el informe de Aduana señala que «existen indicios» de presunto contrabando de otros 154 barriles de petróleo por un valor de 6.010 dólares (5.037 euros) que también serán investigados.
En cuanto a la supuesta falsedad documental, explicó que Andina habría declarado exportaciones de petróleo inferiores a las que realmente envió hacia Argentina y Chile entre junio del 2004 y junio del 2005. Andina argumenta que sus exportaciones efectivamente fueron mayores, pero su intención no fue esconder información a la Aduana, y que lo que aconteció es que el exceso en los volúmenes de petróleo se debió a la falta de previsiones y de control en el momento de hacer los despachos.
La empresa Andina está participada en un 50% por Repsol YPF y en otro 50% por el Estado boliviano, representado por las dos administradoras de Fondos de Pensiones que existen en el país. El pasado 13 de febrero, el presidente de Repsol YPF en Bolivia, Julio Gavito, señaló que la petrolera cumplió con todos los requisitos legales en su actuación ante las versiones que insinuaban que había cometido contrabando. «Tenemos la conciencia absolutamente tranquila, creemos que hemos hecho todo correctamente», dijo Gavito al asegurar que «no hubo dolo, no hubo daño, ni hubo engaño a nadie, ni nadie se benefició de eso».
Además, Gavito advirtió que un fallo contrario de la Aduana podría «enturbiar» la relación en dos proyectos de sociedad que tiene con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con la que planea invertir 150 millones de dólares (unos 125,7 millones de euros).
Se abre así un nuevo frente para Repsol en Bolivia, donde controla un 35% de las reservas de gas que tiene el país.