En un artículo en su página de internet, el diario dijo que el programa se centró en personas, estadounidenses y de otro origen, bajo sospecha de estar vinculadas a la organización terrorista Al Qaeda. En la operación se revisó la base de datos de una cooperativa belga conocida como Sociedad para la Telecomunicación Interbancaria Mundial […]
En un artículo en su página de internet, el diario dijo que el programa se centró en personas, estadounidenses y de otro origen, bajo sospecha de estar vinculadas a la organización terrorista Al Qaeda.
En la operación se revisó la base de datos de una cooperativa belga conocida como Sociedad para la Telecomunicación Interbancaria Mundial (SWIFT, por sus siglas en inglés), señaló el diario.
‘The New York Times’ aseguró que el programa era considerado por el Gobierno como un instrumento vital en la investigación antiterrorista nacional e internacional desde el 11-S y ayudó en la captura de un alto miembro de Al Qaeda en el sudeste asiático.
Ese dirigente terrorista fue identificado como Riduan Isamuddin Hambali, quien se cree que fue el cerebro de los atentados perpetrados en 2002 en el balneario de Bali, dijo el diario.
Las operaciones financieras consistían en las trasferencias de fondos desde y hacia Estados Unidos. El diario citó declaraciones de Stuart Levey, un subsecretario del Departamento del Tesoro, quien indicó que el programa era concebido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU y supervisado por su departamento.
El programa ‘nos ha proporcionado una poderosa y única ventana a las operaciones de redes terroristas y es, sin ninguna duda, un uso legal y adecuado de nuestra autoridad’, señaló.
En un comunicado, el secretario del Tesoro, John Snow, expresó sentirse orgulloso del programa de inspección, que según él «persigue de manera concienzuda las huellas de las transacciones financieras de presuntos terroristas extranjeros».
Todo indica que la puesta en práctica de estas actividades coincidió con el controversial programa de espionaje de llamadas telefónicas y correos electrónicos, desarrollado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) tras los atentados de 2001.
Para ejecutar las medidas de monitoreo la NSA no contó con orden judicial alguna, pero si con el visto bueno de una directiva emitida por Bush a inicios de 2002.
Una ley nacional de vigilancia de 1978 establece que los servicios de inteligencia deben solicitar permiso a una corte, antes de monitorear comunicaciones de civiles estadounidenses en territorio norteamericano.