La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Costa Rica, autorizó medidas provisorias en relación con los detenidos del Presidio Dr. Sebastião Martins Silveira, en Araraquara, interior del Estado de San Pablo. Ahora, según informaciones de organizaciones de derechos humanos, con la autorización de estas últimas medidas, […]
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Costa Rica, autorizó medidas provisorias en relación con los detenidos del Presidio Dr. Sebastião Martins Silveira, en Araraquara, interior del Estado de San Pablo. Ahora, según informaciones de organizaciones de derechos humanos, con la autorización de estas últimas medidas, Brasil se convirtió en el país de América con el mayor número de casos de violaciones contra personas privadas de libertad ante la Corte Interamericana. Las denuncias y la solicitud de medidas cautelares sobre la situación del presidio de Araraquara fueron enviadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) por las organizaciones de derechos humanos Pastoral Carcelaria, Grupo Tortura Nunca Más (San Pablo), Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Fundación Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos (FidDH), Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), Centro de Derechos Humanos de Sapopemba, Instituto Tierra Trabajo y Ciudadanía (ITTC) y Justicia Global, durante la primera quincena del mes pasado. La CIDH, ante la gravedad de la situación y de las malas condiciones de detención a las que están sometidos los detenidos del presidio de Araraquara, envió la denuncia directamente a la Corte, que entonces emitió una resolución, en la cual afirma que la responsabilidad del Estado de adoptar medidas de seguridad es, todavía más evidente, por tratarse de personas recluidas en un Centro de Detención Estatal. En la resolución, el Presidente de la Corte, Sergio García Ramírez, destacó «que el Estado brasilero debe adoptar todas las medidas necesarias para prevenir episodios de violencia y para garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad y que, por lo tanto, es urgente y necesario abrir las puertas de la Penitenciaria de Araraquara en la que se encuentran confinados los reclusos, dando acceso al personal médico y a los agentes estatales, posibilitando la visita de los familiares de las personas privadas de libertad, y garantizando condiciones dignas de detención». La resolución de la Corte también solicita al Estado «que investigue los hechos que motivaron la adopción de las medidas urgentes y, si fuere el caso, identifique a los responsables y les imponga las sanciones correspondientes, incluyendo las administrativas y disciplinarias». Por fin, ante la gravedad de la situación la Corte convocó al Estado Brasilero, a la Comisión Interamericana (CIDH) y a los peticionarios a una audiencia pública en su próximo período ordinario de sesiones.