En Venezuela, la publicación de documentos que confirman el financiamiento de Estados Unidos a grupos políticos opositores del Gobierno de Hugo Chávez, ha generado revuelo en el país suramericano. La unicameral Asamblea Nacional de Venezuela, integrada en su totalidad por fuerzas oficialistas, denunció por «traición a la patria» ante el Ministerio Público, a la organización […]
En Venezuela, la publicación de documentos que confirman el financiamiento de Estados Unidos a grupos políticos opositores del Gobierno de Hugo Chávez, ha generado revuelo en el país suramericano.
La unicameral Asamblea Nacional de Venezuela, integrada en su totalidad por fuerzas oficialistas, denunció por «traición a la patria» ante el Ministerio Público, a la organización opositora Súmate, al aculsarla de ser «la principal agrupación» que está vinculada a los intereses de Washington en Venezuela.
Súmate es una organización creada en 2002 que organizó las acciones opositoras en el fallido referendo revocatorio de 2004, que buscó infructuosamente la salida de Chávez en el poder.
Los documentos desclasificados por la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en sus siglas en inglés), contienen 1.600 páginas en las que se confirman que desde el año 2002, grupos políticos opositores al Gobierno de Caracas, han recibido financiamiento por 2,9 millones de dólares.
Al respecto la presidenta de la Asamblea Nacional venezolana, Cilia Flores aseguró que «el Gobierno estadounidense ha tenido sus manos metidas aquí para desestabilizar y acabar con la democracia».
«En el golpe de Estado del 11 de abril (de 2002, que sacó por 47 horas del poder a Chávez), no es secreto que la embajada de Estados Unidos, participó activamente y ha estado financiando a los grupos fascistas desestabilizadores como Súmate», sostuvo la legisladora venezolana.
De acuerdo con los 132 contratos revelados por la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, entre los donantes se encuentran la Fundación Nacional para la Democracia (NED), entidad financiada por el Congreso estadounidense; el Instituto Internacional Republicano y el Instituto Nacional Demócrata y la organización Súmate.
El directivo de Súmate, Roberto Abdul dijo en declaraciones a periodistas que Súmate «fue auditado. Usamos una cuenta bancaria. Se puede ver cuanto dinero entró y cómo lo utilizamos. Utilizamos ese dinero en algunos talleres y cursos. La educación es un derecho constitucional».
Los directivos de Súmate reconocen que «también recibimos dinero de la fundación alemana Konrad Adenauer y del Gobierno canadiense, cuyos recursos se destinaron a talleres sobre temas de justicia y análisis constitucional».
Pero la Asamblea Nacional venezolana duda que ese haya sido el destino final de esos recursos. Por eso, un grupo de diputados investigó y denunció a la organización ante la Fiscalía General de la República.
Entre los delitos por los que fue denunciada la organización Suámete destacan traición a la patria, presunta violación de las normas nacionales de control cambiario de divisas e irregularidades electorales durante el referendo constitucional de 2004.
El diputado Asamblea Nacional venezolano, el oficialista José Albornoz sostuvo que «yo creo que ellos tienen claro que la actividad que desarrollan estas organizaciones son de carácter desestabilizadora para la democracia».
Denuncia sustentada
Eva Golinger, abogada estadounidense quien denunció el envío de recursos del Gobierno de la nación estadounidense a Súmate, aseguró en declaraciones a TeleSUR que el Fondo Nacional para la Democracia y la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, son los dos principales organismos que financian actividades alrededor del mundo para promover la democracia.
«Al Fondo Nacional lo denuncie porque tengo los documentos desde 2004 y el financiamiento de Súmate que fue durante la campaña del referendo revocartorio», dijo la profesional del derecho en declaraciones telefónicas.
Asimismo, recalcó que «mucha gente creemos que lo que hacen esas organizaciones públicas lo que hacen es promover cambios de régimen y gobiernos que velan los intereses de Estados Unidos».
Explicó que en el caso de Venezuela no se pudo sacar al Gobierno de Caracas. Sin embargo, resaltó que hay países donde sí se pudo aplicar la estrategia desestabilizadora como en Haiti, Ucránia y Nicaragua.