Los números de Chávez favorecen nueva etapa en Venezuela

Rosales perdió en los 24 estados de Venezuela, incluido el Estado Zulia, donde ha sido elegido gobernador por dos períodos consecutivos: en 2000, con el 51,44% de los sufragios, y en 2004, con 54,02% de las preferencias (con 47,7% de abstención).

Esta vez Chávez superó a Rosales en el Zulia por casi 3%, con 712.174 votos (51,37%) contra 671.829 sufragios (48,46%). En el Referéndum de 2004 Chávez alcanzó un mejor porcentaje en el Zulia, 53,14%, aunque con menos electores: 605.383 preferencias. Por lo tanto, el resultado electoral en su propio Estado resulta poco halagüeño para el futuro político de Rosales, quien tiene competidores en una oposición en permanente crisis de liderazgo.

Probablemente, a la luz de los análisis post-electorales, sus propios aliados cuestionarán el liderazgo nacional de Rosales. Por otra parte, cuando en octubre cumpla la mitad de su mandato otros sectores podrán solicitar un referéndum para revocar su gestión, tal como ocurrirá con centenares de concejales, alcaldes y gobernadores de diverso signo político elegidos por la voluntad popular a través de todo el territorio.

Perspectivas de la votación opositora

Para la oposición será duro mejorar el 36,85% de Rosales y recuperar por lo menos volver al 40,64 % de las preferencias obtenidas en el Referéndum Presidencial de 2004, entonces con 3,99 millones de votantes. Hoy los opositores obtuvieron más votos -4,2 millones- pero en un universo electoral mucho más grande que hizo descender el porcentaje, que en cambio aumentó generosamente para Chávez.

La derecha deberá recomenzar sus batallas electorales prácticamente a partir de «fojas cero», a causa de su errada política golpista y su decisión de boicotear las elecciones parlamentarias del año pasado. Lo positivo del liderazgo de Rosales es la nueva «voluntad democrática» que encarna en una oposición que durante 8 años jugó la errónea carta del golpismo. La equivocada estrategia, políticamente suicida, impuesta por EEUU a la oposición le hizo perder influencia electoral, sin conseguir tampoco su objetivo de deslegitimar las elecciones.

Hoy la derecha venezolana carece de representación parlamentaria precisamente por haber retirado sus candidatos en vísperas de los comicios legislativos del año pasado. Rosales representa un cambio de estrategia simplemente por haberse mantenido como candidato hasta el final, sin retirar su postulación y, más aún, por haber reconocido su derrota sin objetar la transparencia del acto electoral.

La abstención retrocedió

Chávez derrotó también a la abstención, «tercer candidato» virtual pero importante. El 25,12% de abstención reportado por el CNE todavía resulta alto para una democracia, porque equivale a la cuarta parte del universo electoral de 15,9 millones de inscritos o a 3,9 millones de ciudadanos, pero es la tasa más baja detectada en una elección presidencial desde 1993, cuando Rafael Caldera fue elegido por segunda vez con el 17% de los votos y 39,84% de abstención. En la primera elección de Chávez, en 1998, hubo 36,55% de abstención y 43,69% en su legitimación en 2000. La abstención en el Referéndum del 15 de agosto de 2004 fue de 30,08%, con 4.222.269 de inscritos que no votaron.

La abstención recurrente en la historia electoral de Venezuela también expresa la desilusión del ciudadano medio ante un sistema corrupto manipulado durante cuatro décadas por la «partidocracia», o nueva clase política que se hizo cargo del poder en 1958, a la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez.

La corrupción de las cúpulas estimuló el desinterés de la ciudadanía por «la cosa política», donde no tenía otra participación que la pasiva emisión de su voto para que otros depredaran al país en su nombre. El simple hecho de votar no cambiaba el destino de los pobres, que fueron convirtiéndose en abrumadora mayoría en la sociedad petrolera de la post dictadura pérez-jimenista. Las elecciones ofrecían «más de lo mismo» a un pueblo empobrecido, excluido del reparto de la renta del petróleo tanto en dictadura como en «democracia».

Ahora que Chávez tiene la certeza de 6 años de tranquilidad relativa, tendrá además mejores condiciones para dotar a su revolución bolivariana, o «socialismo del siglo 21», de una estrategia coherente, estructural, más permanente, tanto en la teoría como en la práctica. Para que los cambios sociales sobrevivan a sus líderes se requiere algo más que la generosidad del gasto social del Estado.

Es falso el axioma de que el gasto social estimula la corrupción, pero tampoco es un obstáculo para combatirla de frente. La corrupción en Venezuela es una vieja herencia que actúa como la ósmosis, transversal a todas las clases sociales, y se adentra en parte importante del aparato del Estado, las empresas públicas, incluso en las cúpulas de caudillos bolivarianos y, en particular, en la estructura vertical de alguna de las «misiones» que benefician a la gran masa de los desposeídos, que en última instancia son también los electores. Quizás llegó la hora de sacudir con fuerza la mata, y dar señales claras, ejemplarizantes, para que caigan los oportunistas corruptos de oscuro pasado hoy encaramados en el árbol del chavismo. camuflados con una camisa roja y una «cachucha» o gorra del mismo color.

La consolidación del nuevo modelo de sociedad no requiere montoneras, sino partidos bolivarianos reales, serios, con cuadros políticos y estructurados desde la participación de las bases y no desde el caudillismo de las cúpulas, en permanente guerrilla interna.

La sociedad venezolana dispone hoy de más dinero que durante el boom petrolero de los años 70. La clase media, incluidos los más recalcitrantes y acérrimos anti-chavistas, disfrutan una bonanza sin precedentes, con 350.000 automóviles nuevos saliendo anualmente a la circulación. La oferta de vehículos supera con creces a la disponibilidad de dinero para comprarlos. Los restaurantes de los barrios acomodados están saturados de clientes que forman colas para obtener una mesa e incluso algunos se niegan a aceptar comensales gordos o negros.

Los grandes grupos económicos acumulan ingentes ganancias como proveedores del Estado, en particular el grupo Mendoza que abastece de alimentos a Mercal, el programa social que los vende subsidiados a los pobres y a quien quiera comprarlos a bajo precio. Surgen nuevos grupos económicos «chavianos» alimentados por la sólida capacidad financiera del Estado, que mueve a toda la economía del país. Se han dado grandes batallas contra la pobreza, pero aún supervive la indigencia, crece el comercio informal, que disfraza al desempleo e invade los espacios de los peatones en las calles de las ciudades. La delincuencia decrece pero no de manera significativa.

Incluso algunos observadores favorables al proceso bolivariano estiman que la banca y el mundo financiero tienen demasiado libertinaje para incrementar sus ganancias. Teóricos como James Petras sugieren leyes laborales que eliminen el trabajo precario y acaben con la informalidad, por ejemplo con un programa de empleo en los sectores industrial y de servicios pensado para el 38% de los pobres que aún existen de Venezuela, una realidad ‘que se debe enfrentar no solamente con educación, salud y comida subvencionados [por el Estado], sino que se necesitan grandes inversiones públicas en el sector productivo o por lo menos proyectos conjuntos con el sector privado para generar empleo’, aseguró el pensador estadounidense. (1)

En fin, los números electorales renovaron por enésima vez la indiscutible legitimidad democrática de un proyecto político que tiene las mejores condiciones para transformar la distribución populista en estructuras sólidas de una nueva sociedad.