Después de 20 años en discusión en el Congreso Nacional, fue aprobado el proyecto de ley 7361 que define las líneas generales para el saneamiento básico y una política federal para el sector. El proyecto que ya fue aprobado por el Senado Federal ahora espera la aprobación del presidente Lula. Uno de los problemas ya […]
Después de 20 años en discusión en el Congreso Nacional, fue aprobado el proyecto de ley 7361 que define las líneas generales para el saneamiento básico y una política federal para el sector.
El proyecto que ya fue aprobado por el Senado Federal ahora espera la aprobación del presidente Lula. Uno de los problemas ya identificados en la ley es que no se define quien exactamente entre estado y municipio es responsable por el servicio de saneamiento básico en las regiones metropolitanas o por servicios de interés de más de un municipio. Esta cuestión aguarda una definición en el Supremo Tribunal Federal. A pesar de la prohibición de cobrar por las concesiones, estados y municipios podrán privatizar sus empresas de saneamiento. Las empresas tendrán autonomía para ejecutar los servicios y establecer los reajustes de las tarifas del agua. Para entidades de defensa de este bien natural, esto podrá representar más una etapa de privatización como aconteció con el sector eléctrico. Así opina Roberto Malvezzi, uno de los coordinadores de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), quien señaló que «la nueva cuestión en el futuro es como será realizado el control público y social de estos servicios. Ellos podrán realizar un reajuste para el agua de la misma forma como pasó con el sector eléctrico. En este caso, el precio de la energía subió más del 400 por ciento después de la privatización».