La construcción de un nuevo proyecto nacional en Venezuela, activado por el presidente de la República, Hugo Chávez, cuenta con la Ley Habilitante como una herramienta necesaria para acelerar la etapa de cambios hacia un modelo socialista.Los poderes especiales solicitados por el mandatario considerados como el primero de los cinco motores en la profundización del […]
La construcción de un nuevo proyecto nacional en Venezuela, activado por el presidente de la República, Hugo Chávez, cuenta con la Ley Habilitante como una herramienta necesaria para acelerar la etapa de cambios hacia un modelo socialista.
Los poderes especiales solicitados por el mandatario considerados como el primero de los cinco motores en la profundización del proceso revolucionario-, colocan al Ejecutivo en condiciones de imprimir un mayor ritmo a las transformaciones.
El aval popular al pedido de Chávez, concretado en el marco del llamado parlamentarismo de calle y la aprobación final en la plaza publica Bolívar de la capital, representa además una señal de respaldo a la estrategia gubernamental propuesta por las autoridades.
A finales del pasado año, en ocasión de la juramentación de su equipo de gobierno para el período 2007-2013, el mandatario definió los elementos claves en su estrategia, entre los cuales mencionó precisamente a la Ley Habilitante.
Asimismo, se suman a ese mecanismo la reforma constitucional, el fortalecimiento del poder comunal, la nueva geometría del poder y la educación popular.
Según lo previsto por las regulaciones, las normativas de poderes especiales son aprobadas por el parlamento y establecen las directrices, propósitos y el marco de las materias que se delegan al jefe de estado, con rango y valor de ley, siempre con un lapso de tiempo determinado
De acuerdo con expertos, en esta ocasión tendrán una vigencia de 18 meses a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y conceden al estadista las facultades para aprobar decretos y normativas con rango y fuerza de ley.
En ese sentido, recordaron la existencia de leyes que muestran determinado desfase con el avance hacia un nuevo proyecto socialista en el país, y por ello se requiere de un mecanismo en condiciones de modificar ese panorama.
Como antecedente, ésta es la tercera herramienta de su tipo que recibe Chávez, pues ya en 1999 se le otorgó el aval para dictar medidas extraordinarias en materia de economía y finanzas con un plazo de seis meses.
Ya en el 2000, el mandatario contó con la autorización del legislativo para actuar en los ámbitos financiero, económico y social; infraestructura, transporte y servicios; seguridad ciudadana y jurídica; ciencia y tecnología, y organización y funcionamiento del Estado.
Para esta ocasión, los poderes especiales se perfilan con mayor amplitud al abarcar 11 esferas de la sociedad, varias de ellas de vital importancia como la participación popular, energética, seguridad y defensa e instituciones del estado.
Completan la relación el ejercicio de la función pública, ámbito económico y social, financiero y tributario, seguridad ciudadana y jurídica, ciencia y tecnología, ordenación territorial, infraestructura, transporte y servicios.
Con la aprobación de la solicitud de poderes especiales, una Comisión especial dirigida por el Vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, ejecutará en un plazo cercano a los tres meses los proyectos de decretos correspondientes.
Posteriormente, se prevé una fase de hasta 11 meses de consultas públicas antes de su sanción definitiva por el Ejecutivo.
Ese proceso, indicaron los especialistas, se efectuará de manera paralela a la reforma de la Carta Magna, de ahí que las leyes surgidas de la Habilitante respondan a los principios de la Constitución y para ello se extendió a 18 meses el período de vigencia pedido por Chávez.
Rodríguez estimó que en el marco de la Habilitante se elaborarán entre 40 y 60 leyes, con vistas a impulsar la construcción del nuevo proyecto nacional de carácter socialista.
Los trabajos adelantados por las diversas instancias públicas ponen al descubierto la profundidad del proceso de cambios que adelanta el gobierno, con un amplio espectro de normativas sujetas a modificaciones.
En ese sentido, se mencionan posibles reformas a las leyes Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, de Disciplina Militar, de la Policía Nacional, del Régimen Penitenciario, Antisecuestro y Extorsión, de los Consejos Comunales y Ordenamiento Territorial.
En el ámbito financiero, el propósito está en profundizar y adecuar el sistema financiero público y privado a los principios constitucionales, apoyado en la modernización del marco regulatorio para los sectores monetario, banca, seguros, tributario e impositivo.
El aval popular a la Habilitante coloca al presidente en condiciones de acelerar el proceso de transformaciones hacia el modelo respaldado por el 63,1 por ciento de los votos en los comicios de diciembre último.
*El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Venezuela.
Los poderes especiales solicitados por el mandatario considerados como el primero de los cinco motores en la profundización del proceso revolucionario-, colocan al Ejecutivo en condiciones de imprimir un mayor ritmo a las transformaciones.
El aval popular al pedido de Chávez, concretado en el marco del llamado parlamentarismo de calle y la aprobación final en la plaza publica Bolívar de la capital, representa además una señal de respaldo a la estrategia gubernamental propuesta por las autoridades.
A finales del pasado año, en ocasión de la juramentación de su equipo de gobierno para el período 2007-2013, el mandatario definió los elementos claves en su estrategia, entre los cuales mencionó precisamente a la Ley Habilitante.
Asimismo, se suman a ese mecanismo la reforma constitucional, el fortalecimiento del poder comunal, la nueva geometría del poder y la educación popular.
Según lo previsto por las regulaciones, las normativas de poderes especiales son aprobadas por el parlamento y establecen las directrices, propósitos y el marco de las materias que se delegan al jefe de estado, con rango y valor de ley, siempre con un lapso de tiempo determinado
De acuerdo con expertos, en esta ocasión tendrán una vigencia de 18 meses a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y conceden al estadista las facultades para aprobar decretos y normativas con rango y fuerza de ley.
En ese sentido, recordaron la existencia de leyes que muestran determinado desfase con el avance hacia un nuevo proyecto socialista en el país, y por ello se requiere de un mecanismo en condiciones de modificar ese panorama.
Como antecedente, ésta es la tercera herramienta de su tipo que recibe Chávez, pues ya en 1999 se le otorgó el aval para dictar medidas extraordinarias en materia de economía y finanzas con un plazo de seis meses.
Ya en el 2000, el mandatario contó con la autorización del legislativo para actuar en los ámbitos financiero, económico y social; infraestructura, transporte y servicios; seguridad ciudadana y jurídica; ciencia y tecnología, y organización y funcionamiento del Estado.
Para esta ocasión, los poderes especiales se perfilan con mayor amplitud al abarcar 11 esferas de la sociedad, varias de ellas de vital importancia como la participación popular, energética, seguridad y defensa e instituciones del estado.
Completan la relación el ejercicio de la función pública, ámbito económico y social, financiero y tributario, seguridad ciudadana y jurídica, ciencia y tecnología, ordenación territorial, infraestructura, transporte y servicios.
Con la aprobación de la solicitud de poderes especiales, una Comisión especial dirigida por el Vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, ejecutará en un plazo cercano a los tres meses los proyectos de decretos correspondientes.
Posteriormente, se prevé una fase de hasta 11 meses de consultas públicas antes de su sanción definitiva por el Ejecutivo.
Ese proceso, indicaron los especialistas, se efectuará de manera paralela a la reforma de la Carta Magna, de ahí que las leyes surgidas de la Habilitante respondan a los principios de la Constitución y para ello se extendió a 18 meses el período de vigencia pedido por Chávez.
Rodríguez estimó que en el marco de la Habilitante se elaborarán entre 40 y 60 leyes, con vistas a impulsar la construcción del nuevo proyecto nacional de carácter socialista.
Los trabajos adelantados por las diversas instancias públicas ponen al descubierto la profundidad del proceso de cambios que adelanta el gobierno, con un amplio espectro de normativas sujetas a modificaciones.
En ese sentido, se mencionan posibles reformas a las leyes Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, de Disciplina Militar, de la Policía Nacional, del Régimen Penitenciario, Antisecuestro y Extorsión, de los Consejos Comunales y Ordenamiento Territorial.
En el ámbito financiero, el propósito está en profundizar y adecuar el sistema financiero público y privado a los principios constitucionales, apoyado en la modernización del marco regulatorio para los sectores monetario, banca, seguros, tributario e impositivo.
El aval popular a la Habilitante coloca al presidente en condiciones de acelerar el proceso de transformaciones hacia el modelo respaldado por el 63,1 por ciento de los votos en los comicios de diciembre último.
*El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Venezuela.