El Tribunal de Cuentas, institución a la que la Constitución Española atribuye la función de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público con el fin de hacer transparente su gestión económica-financiera y comprobar que sigue los principios de legalidad, eficiencia y economía se ha encontrado con un escollo en […]
El Tribunal de Cuentas, institución a la que la Constitución Española atribuye la función de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público con el fin de hacer transparente su gestión económica-financiera y comprobar que sigue los principios de legalidad, eficiencia y economía se ha encontrado con un escollo en su tarea.
Resulta, aunque pueda parecer surrealista, que las instituciones encargadas de la supervisión del sistema bancario (Banco de España), del mercado de valores (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y del sector asegurador (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) se niegan a facilitarles el acceso a parte de la documentación que necesitan para realizar su tarea.
Los supervisores se niegan a ser supervisados alegando que esa información entra en el terreno de lo que deben custodiar bajo el secreto profesional. Como si el Tribunal de Cuentas fuera una revista del corazón y sus funcionarios no estuvieran también sujetos al deber de secreto.
La historia tiene su miga porque pone de manifiesto que la concesión de independencia a determinadas entidades de derecho público, como es el caso de las tres referidas, es interpretada por éstas como un salvoconducto para ubicarse al margen del resto de poderes del Estado. O, lo que es más grave y en casos como éste, para situarse por encima de dichos poderes.
La democracia no es compatible con estos «agujeros negros» donde la información se oculta a quienes tienen la obligación de fiscalizarla, que no de difundirla.
El Tribunal de Cuentas no fiscaliza por capricho, fiscaliza en beneficio de todos y para garantizar que nuestros impuestos son gastados adecuadamente. Y es de todo punto incomprensible que instituciones que tienen encomendada igualmente la tarea de supervisar a entidades y agentes del sector privado no entiendan y colaboren en esa tarea cuando se les solicita. ¿O cómo reaccionaría el Banco de España, por ejemplo, si llegara a una institución financiera y ésta se negara a entregarle la información requerida amparándose en el secreto bancario?
Que quede bien claro: en democracia la independencia no equivale a patente de corso para actuar con impunidad. Así que a rendir cuentas sin rechistar.
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación CEPS. Puedes visitar su blog «La otra economía» en la página de elotrodiario.com.