La inédita y gigantesca operación que permitió el arresto de cerca de 2.200 presuntos delincuentes el viernes en todo Brasil, que fue coordinada por las policías regionales sin el conocimiento del gobierno central, generó ayer una polémica debido al supuesto objetivo político de la acción. La operación movilizó a unos 30.000 agentes de la Policía […]
La inédita y gigantesca operación que permitió el arresto de cerca de 2.200 presuntos delincuentes el viernes en todo Brasil, que fue coordinada por las policías regionales sin el conocimiento del gobierno central, generó ayer una polémica debido al supuesto objetivo político de la acción.
La operación movilizó a unos 30.000 agentes de la Policía Civil en todo el país y, además de cuatro personas muertas por resistirse a su arresto, permitió, tan sólo en el estado de Sao Paulo, la aprehensión de 640.600 objetos de procedencia ilegal, 322 kilogramos de drogas (principalmente cocaína y marihuana) y 257 armas.
Pese a que la movilización, inédita en un país en que las policías son regionales y carecen de coordinación nacional, mereció elogios en todos los periódicos, la intención de los responsables por la operación fue puesta en duda incluso por miembros de la Policía.
El presidente del Consejo Nacional de Jefes de Policía Civil y comisario general del estado de Sao Paulo, Mario Jordao Toledo, que coordinó la movilización, negó que el operativo fuese una demostración de insatisfacción de las policías por la situación precaria en que trabajan.
Según Jordao Toledo, el operativo comenzó a ser preparado hace un mes y fue una «demostración de fuerza» de la Policía contra las organizaciones criminales que actúan en todo el país.
El pronunciamiento fue una respuesta a las declaraciones en las que el comisario Celso Ferro, director del Departamento de Actividades Especiales da Policía Civil de Brasilia, afirmó que el objetivo del operativo fue llamar la atención de las autoridades sobre la capacidad de las fuerzas policiales.
Según Ferro, los policías quieren ser escuchados en la definición de las políticas de seguridad del país, en la elaboración de las leyes y en la decisión sobre las inversiones previstas para combatir el crimen.
El comisario alegó que los policías no están siendo tenidos en cuenta ni por el secretario nacional de Seguridad Pública, Luiz Fernando Correa, quien prepara una amplia reforma de las fuerzas policiales en todo el país.
«No fue una protesta sino una acción para mostrarle a la población que la Policía Civil está organizada y que va a asumir su responsabilidad en el combate a la criminalidad mediante cooperación e inteligencia», afirmó Jordao Toledo.
En la polémica también terció el presidente de la Federación de Policías Civiles en las regiones Centro-Oeste y Norte de Brasil, Divinato Ferreira, quien atribuyó el operativo a una demostración de fuerza de los comisarios para que sean tenidos en cuenta en las reuniones en las que se está definiendo la nueva política nacional de Seguridad Pública.
«Los comisarios están comandando esas operaciones no para combatir la violencia sino para defender sus intereses. Por eso, nosotros (agentes de la Policía Civil) estamos en contra», afirmó el líder sindical.
«La ley en discusión contraría los intereses de los comisarios, que se creen dueños de la Policía», agregó el presidente del sindicato que representa a los agentes en diez de los 27 estados del país.
Jordao Toledo admitió que la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y los gobernadores regionales -superiores de la policía en cada estado- apenas fueron informados de la operación el jueves, pero negó que la movilización tuviese connotaciones políticas.
Admitió igualmente que la operación no tuvo la intención de criticar la supuesta falta de acción del gobierno nacional y sí la de demostrar que la Policía Civil puede hacer algo más que investigar crímenes.
Según balances parciales de las policías regionales, al menos 2.200 narcotraficantes, secuestradores, homicidas y asaltantes fueron arrestados en la operación conjunta para detener personas buscadas por la justicia, arrestar a criminales en flagrancia y ocupar espacios que eran controlados por grupos criminales.
La megaoperación permitió la detención de presos fugados y personas acusadas de los más diversos delitos, desde homicidio y narcotráfico, hasta venta de carne asada en estado de descomposición en puestos callejeros o agresiones a homosexuales.