El derecho a la vida está por encima del resto de los derechos fundamentales. De él se desprende otro sin el cual no es posible vivir: el derecho a la salud. Sin embargo, la industria farmacéutica antepone sus derechos comerciales y el derecho a la propiedad intelectual de sus patentes al derecho a la salud, […]
El derecho a la vida está por encima del resto de los derechos fundamentales. De él se desprende otro sin el cual no es posible vivir: el derecho a la salud. Sin embargo, la industria farmacéutica antepone sus derechos comerciales y el derecho a la propiedad intelectual de sus patentes al derecho a la salud, sin el que tratan de sobrevivir millones de personas en todo el mundo.
La globalización ha permitido el desarrollo de una nueva forma de poder, la farmacocracia, capaz de decidir qué enfermedades y qué enfermos merecen tratamiento. En los países del Sur millones de personas no tienen acceso a las medicinas necesarias para superar enfermedades casi pandémicas, como el sida. Viven condenados a sufrir males para los que hay cura.
Cada vez que el gobierno de algún país empobrecido o emergente decide saltarse una patente para reducir el costo de algún medicamento y mejorar así la maltrecha salud de su población, las empresas farmacéuticas tratan de atemorizar a la opinión pública con las posibles consecuencias que pueden traer para la ciencia y la investigación esas decisiones.
Lo hemos visto recientemente con la decisión adoptada por el Gobierno brasileño de romper la patente del Efarivenz, un antirretroviral comercializado por la multinacional Merck Sharp & Dhome. En Brasil, 75.000 de los 200.000 enfermos de sida toman este medicamento, que se considera de primera línea para combatir las infecciones de VIH. Merck vendía el fármaco en el país carioca a 1,65 dólares por unidad, mientras que un genérico con las mismas propiedades que el Efarivenz, como el fabricado en la India, cuesta 0,44 dólares, un 150% menos.
Merck, una de las 3 multinacionales farmacéuticas con mayor volumen de negocios del mundo con una facturación anual superior a los 16.000 millones de euros, no tardó en manifestar que con esa medida el Gobierno de Lula tan sólo conseguiría frenar la investigación científica. Para el laboratorio, esta expropiación de la propiedad intelectual podría frenar su interés por la investigación de enfermedades que afectan a países empobrecidos.
Según esta hipótesis, la investigación científica tendría como sentido único el beneficio económico de los laboratorios que ponen los medios para que se pueda llevar a cabo. La investigación farmacéutica tendría como objeto primordial el beneficio económico, sin importar la salud de los sujetos que necesitan el resultado de dichas investigaciones. Así, se podría entender que el 90% del presupuesto dedicado por las farmacéuticas para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos esté destinado a enfermedades que padecen un 10% de la población mundial.
La búsqueda del máximo beneficio de las multinacionales farmacéuticas, las trabas burocráticas, los aranceles y la corrupción de los algunos gobiernos de países empobrecidos hacen que más de 2.000 millones de personas se vean privadas de su derecho a la salud.
Los precios de los medicamentos han descendido en los últimos años y ha aumentado la cantidad de genéricos fabricados por países empobrecidos. Pero esto no se debe a la benevolencia ni a la filantropía de las empresas farmacéuticas, sino a que el Acuerdo de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio reconoce que un país puede ignorar las leyes sobre patentes en casos de emergencia.
A esta posibilidad se acogió el Gobierno de Brasilia para romper la patente de Efarivenz. El sida es una emergencia para los 200.000 brasileños infectados por el VIH y los más de cinco millones de personas de todo el mundo que mueren cada año por este virus, y en salud las urgencias no se pueden hacer esperar. Hasta en el mundo de los negocios existe también una ética que no se puede olvidar, sobre todo en el campo de la salud, del dolor y de la enfermedad.
El objetivo de la ciencia es el de permitir un mejor conocimiento del mundo, colaborar al progreso de la humanidad y mejorar la calidad de vida de todas las personas. No se pueden anteponer la propiedad intelectual, el comercio y el lucro, a los 2.000 millones de personas que se ven privadas del derecho a la salud. Comerciar con la salud es poner precio a la vida.