La petrolera brasileña Petrobras habría incurrido en violaciones legales y operativas en el manejo de sus concesiones en Ecuador, lo que debería ser sancionado con la caducidad de su contrato y la pérdida de sus activos, reveló el martes un informe oficial. El documento cuestiona la transferencia por parte de la empresa estatal brasileña a […]
La petrolera brasileña Petrobras habría incurrido en violaciones legales y operativas en el manejo de sus concesiones en Ecuador, lo que debería ser sancionado con la caducidad de su contrato y la pérdida de sus activos, reveló el martes un informe oficial.
El documento cuestiona la transferencia por parte de la empresa estatal brasileña a la japonesa Teikoku Oil del 40 por ciento de sus operaciones en el país andino y la supuesta explotación irregular de un yacimiento en disputa con la estatal Petroecuador. «Recibimos el informe final y no se ha analizado todavía. Dicen (los técnicos en el área) que consideren la posibilidad de caducidad bajo varios argumentos,» dijo escuetamente el ministro de Energía, Jorge Albán, a Reuters.
Una eventual declaratoria de caducidad del contrato de exploración y explotación vigente entre Ecuador y Petrobras implicaría la pérdida de los activos de la empresa, que extrae unos 35.000 barriles de crudo por día (bpd) de los campos amazónicos que opera en Ecuador. Albán, un ambientalista que está encargado de la secretaría de Estado, no precisó si el informe sería el inicio de un proceso legal en contra de Petrobras. Una resolución final podría tomar años.
La empresa no se pronunció respecto al caso. En el estudio, elaborado por una comisión conformada con el el aval del Gobierno, se argumenta que la transferencia parcial de los derechos de la estatal brasileña a Teikoku en el 2005 se realizó sin la autorización previa del Ministerio de Energía, por lo que la operación se inscribe en una causal de caducidad de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Petrobras obtuvo el aval de Ecuador dos años después de haber suscrito el acuerdo con la firma japonesa, según el estudio.
La empresa siempre ha calificado al trato como un acuerdo que entraba vigencia luego de la aprobación de Quito. La declaratoria de caducidad es la figura a la que Ecuador apeló el país andino en mayo del 2006 para sancionar presuntas violaciones contractuales de la estadounidense Occidental Petroleum Corp., que demanda una indemnización por mas de 1.000 millones de dólares en un tribunal arbitral.
La petrolera brasileña tampoco ha informado sobre las supuestas operaciones que estaría realizado en un campo, que según los técnicos, no forma parte de la concesión otorgada a la firma. La petición de una posible caducidad fue respaldada por el ex ministro de Energía, Alberto Acosta, quien antes de dimitir a su cargo el 13 de junio solicitó al presidente Rafael Correa iniciar un proceso administrativo para determinar las supuestas irregularidades contractuales derivadas del informe. «Había indicios que podrían provocar la caducidad.
El proceso de reflexión debe darse y concluirá en un proceso de revisión del contrato, de caducidad o renegociación,» dijo Acosta, a Reuters. La empresa opera el bloque amazónico 18 y el 31, que no se encuentra operativo a la espera de una licencia ambiental. El informe atizó las diferencias entre Quito y Brasilia respecto a la suerte que corre Petrobras en el quinto productor de crudo de Sudamérica.