El rechazo de un regalo de cuarenta y cinco millones de dólares no es algo que se vea todos los días. Y menos aún si el destinatario del regalo es una organización humanitaria que vive solicitando donaciones para, a su vez, ayudar a los pobres. Y sin embargo esto es, precisamente, lo que acaba de […]
El rechazo de un regalo de cuarenta y cinco millones de dólares no es algo que se vea todos los días. Y menos aún si el destinatario del regalo es una organización humanitaria que vive solicitando donaciones para, a su vez, ayudar a los pobres.
Y sin embargo esto es, precisamente, lo que acaba de hacer CARE, una de las mayores organizaciones no gubernamentales del mundo, que la semana pasada declinó una contribución anual en ayuda alimentaria por ese monto del gobierno de Estados Unidos, alegando que esa ayuda perjudica a los pobres a quienes debería beneficiar.
La decisión de CARE fue motivo de comentarios en toda la prensa influyente de su país, incluyendo el New York Times y el semanario Time, ya que fue tomada en momentos en que el Congreso discute los subsidios agrícolas y la política de ayuda en alimentos para los próximos cinco años. CARE distribuye como ayuda a los pobres del mundo alimentos excedentarios en Estados Unidos desde la aprobación de la Ley 480 en 1954 y la imagen pública de la organización está íntimamente relacionada con los «paquetes» que distribuye en situaciones de emergencia, guerras y desastres naturales. «Si alguien quiere ayudar, no debería destruir el modo de vida de quienes necesitan ayuda», declaró al New York Times, George Odo, un funcionario de CARE encargado de supervisar la venta de trigo y aceite vegetal de Estados Unidos en Kenya.
CARE no se opone, por cierto, a la práctica de donar alimentos a los afectados por emergencias, sino al mecanismo ahora rechazado por la organización que consiste en la compra por parte del gobierno de Estados Unidos de cereales y oleaginosas para ser enviados -en barcos de bandera norteamericana- a países pobres donde son donados a organizaciones norteamericanas privadas que los venden en el mercado local para que éstas luego utilicen el dinero en ayudar a los pobres.
Este programa suma unos 180 millones de dólares al año, de los cuales CARE manejaba una cuarta parte. Como mecanismo de ayuda, el sistema es «intrínsicamente ineficiente», según el juicio de la Oficina de Contabilidad Gubernamental del Congreso, ya que las ventas de estos alimentos permiten recuperar en dinero local disponible para ayudar a los pobres apenas setenta por ciento de lo que el gobierno norteamericano gastó en comprar y transportar los productos. Peor aún. Como documentó CARE en Kenya, la venta en el mercado local de aceite de soja comprado en Estados Unidos a agroempresas gigantes como Bunge hace bajar el precio local de las semillas de girasol que plantan los campesinos pobres… ¡con apoyo del dinero obtenido de esa venta! Además, esta ayuda compite con las exportaciones agrícolas de otros países en desarrollo.
El tema divide a la comunidad humanitaria en Estados Unidos. La organización Save the Children y el Servicio Católico de Asistencia critican el sistema, pero sólo estarían dispuestos a abandonarlo si el Congreso les garantiza que recibirán en efectivo un ingreso similar al que actualmente obtienen de la venta de alimentos regalados, mientras que la organización cristiana World Vision y otros grupos menores que forman parte de la Alliance for Food Aid defienden el mecanismo que, alegan, permite ahorrar divisas a los países beneficiados. Que se favorezca a la marina mercante y la agroindustria sirve en definitiva, sostienen, para cimentar la alianza política sin la cual no habría ayuda alguna. A caballo regalado, parece ser su argumento, no hay que mirarle los dientes.
Otras grandes instituciones de ayuda, como el Carter Center, del ex presidente Jimmy Carter, y las fundaciones Gates y Rockefeller tratan, en cambio, de incrementar la productividad de los campesinos africanos. Las organizaciones no gubernamentales «han ignorado durante años la evidencia del impacto negativo de la ayuda alimentaria sobre los precios que reciben los campesinos», dice Peter Marlon, economista agrícola de la Fundación Rockefeller.
Andrew Natsios, ex administrador de la agencia oficial de desarrollo USAID, propuso una enmienda por la cual en vez de enviar como ayuda alimentos producidos en Estados Unidos, uno de cada cuatro dólares de ayuda alimentaria podría destinarse a comprar comida localmente de los campesinos en los propios países beneficiarios. La idea fue rechazada por el Congreso, donde es políticamente impopular porque los legisladores la ven como una reducción de los subsidios del gobierno federal a sus votantes.
Sin embargo, como testimonió ante el Senado el pastor David Beckmann, presidente de la organización cristiana «Pan para el Mundo», sólo «seis por ciento de quienes viven en áreas rurales en Estados Unidos son granjeros o trabajan en granjas de otros y sólo una minoría de ellos recibe subsidios y la mayor parte de los subsidios va a las granjas más ricas». Beckmann comentó con ironía que «otros medios podrán encontrarse para asegurar la viabilidad de la marina mercante de Estados Unidos que no sea imponer costos adicionales a los envíos de comida a los hambrientos del mundo» y reclamó cambiar por medidas de apoyo efectivo a la población rural empobrecida de su país los actuales subsidios a la producción que distorsionan el comercio internacional y dificultan un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio.
Prácticamente todos los analistas reconocen que los programas de ayuda alimentaria de Estados Unidos han sido históricamente una forma de ayuda a sus propios productores, ya sea porque venden su producción al gobierno o porque al comprar el gobierno los excedentes se evita que los precios caigan. En su comunicado, CARE enfatiza que «la ayuda alimentaría no debería servir para que el donante establezca una ventaja comercial injusta y desestimule la producción y los mercados locales». En este momento de alza de los precios de los productos agrícolas a nivel internacional, ese apoyo no es realmente necesario y la oportunidad podría ser propicia para un cambio en el sistema. No es casualidad que CARE anunciara su nueva política en momentos en que el asunto pasa a consideración del Senado.
«Desvincular» la ayuda, o sea hacerla independiente de la obligación de comprar productos o servicios en el país donante, es uno de los objetivos de la Declaración de París firmada en 2005 por los países donantes con miras a aumentar su eficacia y disminuir los costes de transacción. Sin embargo este objetivo, conocido como «indicador 8» en la jerga de la cooperación internacional, es uno de los que carecen de metas concretas y los países firmantes, Estados Unidos entre ellos, sólo se comprometieron a «reducir gradualmente a lo largo del tiempo» la proporción de estas modalidades de ayuda que en el fondo sólo ayudan a los propios benefactores.
Roberto Bissio es director ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo.