El presidente Chávez, anunció al país su propuesta de reforma a la Constitución Nacional. En algunos puntos era lo anunciado o denunciado por la oposición como el de la reelección indefinida, y en otros casos nada que ver, con el referido al atentado a la propiedad privada. El debate está abierto y el país girará […]
El presidente Chávez, anunció al país su propuesta de reforma a la Constitución Nacional. En algunos puntos era lo anunciado o denunciado por la oposición como el de la reelección indefinida, y en otros casos nada que ver, con el referido al atentado a la propiedad privada.
El debate está abierto y el país girará en los próximos meses, hasta diciembre cuando se celebre el referéndum anunciado, en torno a este punto. Solo algunos temas podrán flotar en medio de esta discusión y más si están vinculados o se derivan de algunos de la reforma.
Esto coloca a las organizaciones revolucionarias frente a una gran oportunidad para aportar en una discusión trascendental para la revolución cual es, el carácter de la misma. Discusión que se ha de realizar de manera positiva, con propuestas que enriquezcan el debate que ayudarán al proceso de formación política de las masas y de la propia vanguardia de la cual formamos parte. Debemos tener presente que durante este tiempo, serán varias las ocasiones que se nos han de presentar para ejemplificar nuestras propuestas, sus fortalezas y debilidades, al igual de las ya presentadas. El gran reto en esta etapa es participar en el debate y acompañar a las masas a realizar su propia experiencia esclarecedora.
La reforma planteada
En primer lugar queremos darle la razón al presidente Chávez en cuanto que para poder construir el socialismo la actual constitución aprobada en 1999 no nos sirve, pues en ella predominan los elementos económicos y políticos de corte capitalista que favorecen que la mayor parte de la riqueza que produce nuestra clase obrera, vaya a parar a manos de los empresarios, en especial de los grupos monopólicos y los dueños del sistema bancario. Por lo tanto para alcanzar el objetivo socialista, es básico reformarla a fondo. Por otro lado, en la actual constitución no existen los mecanismos que le permitan al pueblo ejercer un poder de control y participación real en la toma de decisiones sobre la vida política y económica nacional. ¿Lo logra la propuesta planteada por el presidente Chávez? y de no ser así, ¿Qué cosas buenas y qué más de lo mismo traen dichas propuestas?.
Para poder responder estas preguntas es necesario pasar a analizar lo planteado por el presidente Chávez lo que haremos a continuación, para luego ver en qué nos ayuda la misma, en qué nos mantiene anclados a un pasado que necesitamos borrar del mapa de la historia presente futura y como superar dicho anclaje partiendo de la reforma en discusión.
Vista globalmente, y en ello nuevamente el presidente Chávez tiene razón, nos damos cuenta que esta nueva propuesta mantiene al país dentro de los marcos del capitalismo y por lo tanto, los principales problemas que este genera no se van a poder resolver, pues no existe otra vía, que no sea el socialismo para hacerlo. Al igual que en el ´99 lo que se plantean son reformas con ideas de avanzada, pero que no tocan el problema de fondo. Partiendo de este hecho y concibiendo que nuestro proceso revolucionario está lo suficientemente maduro en las condiciones objetivas y en la disposición de las masas a profundizar el proceso revolucionario hacia el socialismo haremos algunas propuestas factibles que nos permitan avanzar hacia este objetivo.
Más allá de esta apreciación que nos da un marco referencial, tenemos que pasar a analizar las particularidades de la propuesta para tener una visión más completa de una realidad que está moviendo al conjunto del movimiento obrero y popular y a la burguesía misma, en nuevos enfrentamientos que algunos desdeñarán, otros le darán el significado del camino cierto al socialismo y otros lo verán como propuestas generadoras de nuevas contradicciones sociales. Nosotros, partiendo de esta tercera posición no nos quedamos en ellas y hacemos las nuestras de carácter socialistas, en medio de una correlación de fuerzas que favorece al movimiento obrero y popular.
Dos propuestas de avanzada para el movimiento obrero
La propuesta concreta más avanzada la encontramos precisamente en el plano laboral con la extensión de la seguridad social a los trabajadores de la economía informal y en la reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias y 36 semanales en la jornada diurna (Art. 90), lo cual implica una reducción en la jornada de trabajo de 8 horas semanales, o un 18%. Una segunda propuesta importante, pero que es una carta de intención, es la de la creación de un «Fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia» (Art. 87).
Estas propuestas van en sentido contrario a la tendencia mundial del capitalismo. La primera, planteando proteger con beneficios de seguridad social al sector de trabajadores que la economía productiva no está en capacidad de absorber, conocidos como los trabajadores de la economía informal y que en Venezuela, es el más grande. Ella, siendo una reivindicación social importante que apoyamos, choca de frente con la tendencia a la privatización e individualización de todo el sistema de jubilaciones y pensiones y que será sostenible en la medida que crezcan los ingresos del estado a la par que se tenga un gobierno que defienda dicha política.
Analizando la reducción de la jornada laboral, tenemos que defenderla pues es un acto de justicia para con los productores de la riqueza, al contemplar la posibilidad de mayor tiempo libre para la recreación familiar y personal, el descanso y la formación. A nivel internacional, la jornada de ocho horas parte del año 1886, y desde ese entonces, mientras la productividad laboral se multiplicado por 10 mil, la jornada básica ha permanecido en las mismas 8 horas diarias y 48 semanales, aunque en Venezuela, a partir de la aprobación de la última constitución, la semanal se redujo a 44, teniendo una incidencia hacia la baja en la jornada diaria.
Esta propuesta ya tiene una respuesta inmediata por parte de los empresarios. Ya se habla de aumentos de precios entre el 15 y el 30%, pero de seguro se van a dar otras acciones como aumento en la intensidad en la producción o aumento de la productividad para compensar lo dejado de producir en las horas que se dejarán de trabajar a cuenta de la nueva carga horaria.
Por otro lado, los empresarios van a ver en esta medida nuevas razones para dejar de invertir en el país pues les saldrá más económico importar, y así mantener y elevar sus márgenes de ganancias. Otros, los más grandes acelerarán sus planes de inversión en países vecinos o donde la mano de obra es más barata y la jornada laboral más extensa. Parejo a esto, el aumento en los costos de producción si no va aparejado con una reducción en los márgenes de ganancias de los empresarios, se reflejará en una disminución de las exportaciones «no tradicionales» pues los productos elaborados dentro de una economía capitalista como la que mantiene la nueva constitución, se verán afectados por el aumento de los precios aplicados a raíz de la reducción de la jornada.
También podemos prever un aumento en la precarización del trabajo con jornadas irregulares, mayor uso de contratistas, o las ahora famosas «cooperativas» que en buena parte no son otra cosa que empresas disfrazadas para sobreexplotar la mano de obra asalariada. etc. Todo esto va a producir un mayor malestar social que aumentará la tendencia a mayores conflictos laborales ya sea contra los aumentos de precios, contra el desempleo y el subempleo, la sobreexplotación, etc.
Esta medida que repetimos es una acto de justicia social puede implementarse sin ninguno de los efectos colaterales que acabamos de mencionar, solo y solo si se toman medidas que corten la capacidad de los empresarios de aumentar los precios para mantener o mejorar sus márgenes de ganancias, o de precarizar el trabajo, lo cual implica nuevos conflictos con el empresariado.
Si el estado tuviera en sus manos el control de las palancas de la economía incluyendo las importaciones y exportaciones, partiendo desde la producción de las materias primas hasta la comercialización, con todo y la reducción de la jornada laboral, los precios se pudieran reducir a menos de la mitad de los existentes hoy día y cualquier medida como la reducción de la jornada se pudiera fácilmente absolver sin afectar nuestra capacidad exportadora. Hacia allá hay que ir para no hacer de esta propuesta sal y agua.
El desarrollo del poder popular
Este punto también es bien interesante al plantearse ampliar la capacidad de tomar decisiones de las organizaciones de base, como los Consejos Comunales. Este tomar decisiones tiene que ver con el manejo de los servicios públicos (Art. 184), y los recursos económicos, ahora con rango constitucional, bajados desde el gobierno nacional y desde las alcaldías, en un por lo menos 5% del presupuesto nacional. En el Art, 70, se habla también de que las decisiones de las «Asambleas de Ciudadanos» serán vinculantes y de «la gestión democrática de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad social directa o indirecta,». Es interesante pero lo del poder obrero y popular en la toma de decisiones no queda bien definido y en el caso de las Asambleas de Ciudadanos, como todo lo referente al funcionamiento de todos los «medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio directo de su soberanía…» queda sujeto a unas leyes que se aprobarán… más adelante.
El que el pueblo a través de sus organizaciones pueda tomar decisiones de en qué invertir recursos económicos es una buena experiencia, que le puede ayudar a conocer y aprender el ejercicio de la administración de los recursos públicos, pero el poder que se plantea transferir o crear solo llega hasta allí. No se trata de estructurar, vincular las organizaciones de trabajadores, vecinos, campesinos y estudiantes, para que estos puedan ejercer su poder de decisión más allá de la administración de ciertos y muy limitados recursos. En los textos propuestos como reforma, no se llega a un punto de cuestionamiento serio ni de ruptura con la estructura de dominación burocrático capitalista, que es lo que verdaderamente sienta una de las bases para dar un salto hacia un estado no capitalista en transición al socialismo, que pasa por el control cotidiano de los dirigentes que ocupan puestos en la administración del estado, en la posibilidad de revocarlos y sustituirlos en cualquier momento, en evitar que se aprueben, a modo de ejemplo, ellos mismos privilegios salariales grotescos más allá de lo que gana un trabajador calificado y otros.
Por otro lado la limitante de solo administrar recursos para la realización de obras públicas, dentro de un estado capitalista, donde el beneficiario último son los grupos monopólicos y el sistema bancario, que imponen precios, calidad, cantidad y el tipo de producción a realizarse, entorpecen grandemente el uso de los espacios de participación y toma de decisiones que se manejan en este artículo.
Dejar este artículo tal cual, con todo y los elementos progresivos que plantea, será fuente de choques directos con la burocracia del estado, respaldado por los empresarios, que verán amenazados con disminución sus poderes de decisión y de administración de recursos, por lo tanto de su capacidad de imponer decisiones. Ya hoy mismo hemos vivido el desarrollo de contradicciones entre el pueblo organizado en Consejos Comunales y Bancos Comunales, y Alcaldes y Concejales.
Se prohíben los monopolios
El art. 113 que no es nuevo en la prohibición de los monopolios habla de que «se prohíben los monopolios. Se declaran contrarios a los principios de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio, o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad.».
Este artículo tiene que levantar roncha entre los grupos capitalistas, pues va en contra del desarrollo de la «libre empresa», que tiene una dinámica independiente, que es la de establecerse, tratar de crecer al máximo posible y con la mayor eficiencia, léase bajos costos de producción para apropiarse de la mayor parte posible del mercado. El monopolio es la conclusión última de una empresa privada «eficiente». Para ver como se van a encadenar los empresarios en función de defender sus intereses de clase de aplicarse este artículo, tenemos que tomar en cuenta que incluso una empresa pequeña, digamos de 50 a 100 obreros puede ser un monopolio en Venezuela y por lo tanto se ve afectada por esta propuesta del presidente Chávez.
Aunque se les diga a los empresarios que no se les va a afectar,, la nueva redacción limita en teoría, la participación del capital privado en la «explotación de recursos naturales o de cualquier otro bien del dominio de la Nación de carácter estratégico, o de la prestación de servicios públicos vitales…» y en una situación como la que vivimos en Venezuela, con un ascenso social en pleno desarrollo, puntos como este van a provocar enfrentamientos que los propulsores de la reforma quieren evitar, pero que solo podrán resolver ó expropiando a los expropiadores de la riqueza producida por la clase obrera, ó desviando o aplastando las luchas por darse por este y otras reivindicaciones u objetivos.
El dilema es de hierro. O se aplica que no pueden existir monopolios privados o sencillamente este artículo queda en letra muerta. Si se aplica, el enfrentamiento con los sectores más importantes del capital será frontal, derrumbándose todo el esquema de ir paso a paso hacia el socialismo. De no aplicarse, sencillamente los planes del gobierno de desarrollar una economía armónica, endógena y al servicio de la liberación económica, con planes para «humanizar a la humanidad» como decía el padre cantor Alí Primera, será un imposible.
Ante este dilema, nosotros plantemos que este artículo tiene que dejar muy en claro que no solo no se permiten monopolios privados, sino que las palancas fundamentales de la economía, precisamente los que controlan los monopolios y añadamos los oligopolios, estarán en manos del estado y su funcionamiento será bajo control democrático de los obreros.
Vicepresidentes
La propuesta presidencial de nombrar vicepresidentes (Art. 225) y la potestad de nombrar autoridades supra gobernadores o alcaldes (236 numeral 3), trae serias y fundamentadas dudas de servir al proceso democratizador de nuestra sociedad y menos, camino al socialismo. Más bien parece una propuesta para aumentar, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el control sobre quienes puedan disentir en un momento determinado. No se trata de objeciones a un gobernante determinado sino de una concepción del como y con que poderes se gobierna.
Más allá de las buenas intenciones, esta propuesta va en sentido contrario al desarrollo de un poder de control y decisión total desde las bases obreras, populares, campesinas y estudiantiles, es decir al impulso dinámico del poder de abajo hacia arriba. Lo que vemos es que por encima de algunos espacios de poder de decisión, por ejemplo del que tenemos hoy de elegir alcaldes y gobernadores, con la aprobación de la propuesta presidencial, por encima de este espacio estará el dedo presidencial, ¿un Bonaparte?, que dirá la última palabra. Sin ir muy lejos, bajo la constitución del ´99 hemos vivido casos de cómo un gobernador se superpone a un alcalde, por medio del control de recursos. Un gobierno socialista o vías al socialismo no se construye sobre la base del tutelaje de unas autoridades por otras de mayor rango. En la propuesta original del socialismo del siglo XXI, donde el poder es del pueblo y el pueblo tiene que tener el poder de decisión diaria, solo él puede ser el «tutelador», que en el sentido real sería el de la autoridad máxima sin cortapisas. El pueblo es quien tiene que elegir sus dirigentes y ello implica en nuestro caso gobernadores, alcaldes, etc. y el pueblo es quien debe tener el poder para controlarlos y hasta de revocarlos.
La conclusión lógica es que este artículo no debe presentarse para la votación en el referendo, tal y como fue presentado, sino que debería transformarse en uno donde quede establecido que todos los funcionarios públicos estarán supeditados a las organizaciones de los trabajadores manuales e intelectuales de la ciudad y del campo y pueblo en general, las cuales estructuradas desde los niveles inferiores de los barrios y las fábricas, se van levantando y coordinando de tal manera que los delegados electos democráticamente por las diferentes comunidades de trabajadores y vecinos, los puedan controlar y determinar incluso las políticas a seguir por estos, so pena de ser destituidos.
La reelección presidencial
Este punto es al que la oposición política al gobierno del presidente Chávez le ha querido sacar más punta. Inclusive a estas tempranas horas del partido, hasta el New York Times ya ha opinado señalando que Chávez está socavando el velo de la respetabilidad democrática, en la continuidad de los ataques de la burguesía norteamericana contra Chávez y el proceso revolucionario que vivimos.
La propuesta de la reelección indefinida del presidente de la República, (Art. 230), que a la oposición le mortifica que sea Chávez con su política disonante de la del capitalismo mundial que dictan las grandes potencias encabezadas por el imperialismo yanqui, no es en si misma ninguna característica de una dictadura comunista al estilo Fidel Castro, afirmación de paso demostrable de tener poca base conceptual.
Aquí es bueno decir lo siguiente: El gobierno de Fidel Castro no se levanta sobre una economía capitalista, sino una economía nacionalizada y bajo control del estado que lo controla la dirección del Partido Comunista. En Venezuela las palancas fundamentales de la economía siguen estando en manos de monopolios y oligopolios capitalistas en su mayoría de multinacionales norteamericanas, europeas y japonesas. El sistema bancario cubano también es propiedad del estado, en cambio el venezolano es propiedad o vinculadas fundamentalmente al sistema bancario español y gringo. La única empresa básica que está en manos del estado venezolano es la industria petrolera, pero con una fuerte inversión en asociación con empresas multinacionales, pudiendo añadir la Electricidad de Caracas y CANTV como empresas básicas en manos del Estado.
Pero el sistema económico nacional, que incluye todas las empresas existentes están estructuradas de tal manera que el beneficiario mayor de las políticas económicas del gobierno, son los monopolios y en especial el sector bancario controlado por las multinacionales. Todas se basan en la explotación de la mano de obra asalariada, es decir en la producción de plusvalía que es apropiada por la burguesía multinacional y nacional, y en la «libre competencia» controlado por los monopolios. Este control es el principal enemigo del impulso de una economía endógena al servicio del pueblo.
Esto es una diferencia esencial entre el gobierno de Chávez y el de Fidel Castro. Existen otras diferencias no menos importantes como el papel del ejército, que en Cuba no defiende la propiedad privada de los medios de producción, mientras que en Venezuela ese es su papel último, a pesar de todos los cambios que se han realizado en el mismo.
Alguien podrá aducir que en Cuba existe una burocracia, denunciada inclusive por el propio Fidel Castro, que obtiene privilegios a partir de los cargos que ostentan en el aparato de gobierno y en la administración de empresas, hechos que son totalmente verdaderos. Es una realidad peligrosísima que se levanta sobre los logros sociales de la revolución cubana y que ya muestran sus garras y su perversa influencia. Esta burocracia en un momento dado puede encabezar un proceso contrarrevolucionario como sucedió en la Unión Soviética y en China, pero todavía hoy no podemos considerar a esa burocracia con las mismas características de la burguesía venezolana y menos de las multinacionales.
Si la oposición política burguesa ataca por este flanco es para tratar de aprovecharse de la ignorancia de ciertos sectores de la población, pero ni siquiera en este punto tienen el apoyo abierto de sectores significativos de la burguesía.
La reelección presidencial en si misma es un derecho de cualquier dirigente, si tiene la capacidad de mantenerse en sintonía política con las masas explotadas y oprimidas de la población. No es malo ni buena por si misma. Pero vale igual para los otros cargos de representación popular. Es una prerrogativa política no justificable el que unos puedan lanzarse a la reelección cuantas veces quieran y otros no puedan. He aquí una situación que refleja una concepción política diferenciada, que no resulta de la aplicación de conceptos socialistas, ni marxistas, ni democráticos.
Si vemos esta propuesta con la anterior, de la elección a dedo de vicepresidentes para las gobernaciones, tenemos un hilo conductor que es el intento de afianzar la figura de un gran líder con características «bonapartistas». Un líder que sobresale, por variadas razones, sobre los demás y los determina cuando lo considere a su criterio prudente, apoyándose en su influencia de masas, en «las puntas de las bayonetas» como decía Carlos Marx, o en ambos sectores de acuerdo a su criterio o posibilidades.
Dice el refrán popular: «la salsa que es buena para el pavo, es buena para la pava». Si lo queremos más claro. Si se acepta la reelección indefinida del presidente, todos los cargos de elección popular deben también poder ser ocupados indefinidamente por un aspirante. Si hay que ponerle límites a la reelección de cargos, debe ser para todos por el igual.
Desde nuestro punto de vista, todos los funcionarios públicos pueden ser reelectos en sus cargos las veces que sea necesario de acuerdo al criterio del pueblo que es quien los elije.
Una propuesta de democratización
Son varios los artículos donde se expresa una intención positiva de impulsar una democratización del poder político de la gestión gubernamental y el esquema de este estado capitalista. Allí están los artículos 136, 158, 168, 184, que tienen que ser vistos como elementos que van a sembrar nuevas contradicciones entre una base obrera y popular que avanza y una burocracia que en su mayoría quiere mantener sus cuotas de poder y privilegios,
Pero también tenemos que, por desarrollarse esta propuesta dentro de una economía capitalista, donde la empresa privada tiene el control de las palancas fundamentales de la economía y de allí su poder de extorsión, corrupción y determinación de decisiones, que por mantenerse en la esencia una estructura estatal vertical, con funcionarios con poder de decisión por encima de las masas obreras y populares, con una autonomía casi total pues las masas no tienen poder real de control sobre ellas, estas propuestas pueden ser anuladas por esa burocracia o pueden servir para corromper a sectores dirigentes del pueblo, como viene sucediendo en algunos bancos comunales, cooperativas, Consejos Comunales y Juntas Parroquiales.
Esto no niega y es muy probable que sea así, que en una situación de dinámica social en ascenso, estos elementos democratizadores sean tomados por el pueblo a su entender y trate de desarrollarlas más allá de los límites que las autoridades les quieran poner. La misma discusión de las leyes que habrán de concretizar el alcance de los artículos constitucionales una vez aprobados, serán fuente de nuevas discusiones y movilizaciones aleccionadoras, a un nivel superior de lo que fue la experiencia de la ley de los Consejos comunales y por lo tanto que contribuya a que el pueblo eleve su nivel de conciencia, pero el problema es que de hacerse una reforma acorde con desarrollar el poder de decisión del pueblo sin cortapisas, la redacción de estos artículos debe ser otra.
Si hoy el pueblo no ha dado mayores y mejores muestras de tomar decisiones acertadas y con un profundo carácter democrático, de combate a la corrupción, de impulso a iniciativas contra la inseguridad personal, contra las desviaciones de ciertos funcionarios con privilegios, en muchos casos grotescos, es por la falta de control de los primeros sobre los segundos. Es el temor a opinar ante el poder de aplastamiento o marginamiento que tienen estos.
Sería importante que estos artículos sufriesen una transformación que dejase bien en claro que el pueblo a través de sus organizaciones ejercerá el poder de control y ello conlleva la capacidad de destituir a cualquier funcionario en cualquier momento. Implica que son las organizaciones obreras y populares quienes determinarán las políticas a seguir en un estado, municipio, parroquia y barrio. Que estas organizaciones de trabajadores y pueblo estarán integradas por delegados electos democráticamente desde las bases y tendrán un carácter revocable y rotativo a decisión de las bases que les eligieron. Que los funcionarios que elijan estaos delgados para cumplir funciones públicas no pueden ganar más de lo que gana un obrero calificado ni tener otros beneficios que no ganan estos.
Las propuestas de nuevas formas de propiedad
En estos artículos, tenemos la mayor carta de intenciones, de realizar nuevas experiencias de empresas «no capitalistas», «de propiedad social directa», «y unidades de producción socialistas» (Art. 113), «propiedad social indirecta» (115), o de desarrollar la participación de los trabajadores en la administración de empresas o servicios municipales (Art. 184, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6).
El planteamiento de cogestión y control obrero de empresas y entes públicos es un avance con respecto a las formas vertical como se mueven las empresas privadas, pero en ellas hay que tener la claridad de que, por funcionar dentro de un mercado capitalista, donde la «libre competencia» se impone, los trabajadores y las comunidades no son responsables de los resultados de las mismas. Dichas experiencias en primer lugar serán parte de debates entre las bases del pueblo y la burocracia del estado que las querrá mediatizar y luego sí como servirán de una rica experiencia de administración de empresas sin patronos ni burócratas, serán objeto por parte de la burguesía y de la misma burocracia estatal de bombardeos permanentes para destruirlas.
Pero más allá de los intentos de sectores burgueses y burocráticos por desvirtuar o acabar con experiencias cogestionarias, de control obrero o de empresas de propiedad social o las llamadas socialistas, hay que tener claro que su alcance será muy limitado por cuanto las mismas tendrán que competir en un mercado dominado por empresas monopólicas y oligopólicas nacionales y multinacionales donde la libre competencia se vale de todo, desde una guerra de precios, pasando por la limitación de materias primas, control del transporte, mercado, hasta prácticas de violencia física e institucional a través de trabas en las instancias gubernamentales donde los grupos capitalistas viejos y nuevos tienen buenos contactos.
Pero aún hay más. Por más que el presidente Chávez declare que las nuevas empresas deben tener un fin social, esto no es suficiente para combatir la ideología predominante en el capitalismo y es que una empresa se monta para obtener la máxima ganancia. La ganancia justa es la máxima posible y esto solo se puede combatir acabando de raíz con el capitalismo y esto es lo precisamente el proponente y los defensores acríticos del proyecto de reformas no plantean.
Una reforma constitucional que se plantee echar las bases del socialismo, tiene que ser muy clara en que los sectores claves de la economía nacional deben estar en manos del estado y ello incluye industrias, comercialización, banca, la exportación e importación, etc. Que todos deben funcionar bajo control obrero, constituyendo un modo y relaciones de producción que no existe en los llamados países socialistas. De esta manera se creará una verdadera socialización de la economía y bajo un plan económico democráticamente centralizado.
En una economía así construida, la existencia de cooperativas u otras formas de organización económico social pueden funcionar sin problemas.
Lo más progresivo de la reforma no esta en ella…
La propuesta de reformas presentada a la Asamblea Nacional y al pueblo está fundamentada en la creencia de que se puede derrotar o acabar con el capitalismo poco a poco, paso a paso, etapa por etapa diferenciada, empezando por las hojas y terminando un día de estos por la raíz que es la propiedad privada de los medios de producción, que incluye los monopolios y oligopolios capitalistas nacionales y multinacionales, con su «libre mercado», «ganancias justas» y el que cada quien que se defienda como pueda.
Nos vamos a permitir diferir de esta concepción. La revolución tiene un carácter permanente como lo señaló León Trotsky en su famosa teoría de la Revolución Permanente y lo indicó el propio Lenín en «Las Tesis de Abril». La revolución es un proceso continuo como se explica en «El Programa de Transición», libro recomendado por el presidente Chávez en uno de sus programas «Aló Presidente» y es esa dinámica permanente la que se ha venido desarrollando en las bases del pueblo, cada vez con mayor velocidad y que aumentará en el futuro inmediato, poniendo sobre el tapete la exigencia de expropiar sin indemnización las palancas fundamentales de la economía bajo control obrero, para dar paso a un nuevo momento de nuestro proceso revolucionario. No se trata de tesis antiguas o anticuadas. Tan solo son las conclusiones científicas surgidas del análisis de la raíz del capitalismo que no ha cambiado desde su nacimiento y que tan solo ha sufrido transformaciones externas, que son precisamente a las que responden obras como las arriba citadas.
Ante el argumento de que las tesis de Lenín o Trotsky son viejas, pudiéramos decir que las tesis que se vienen levantando en defensa de una evolución gradual y pacífica de nuestra revolución hacia el socialismo, de un paso aquí y más adelante otro más allá para no predisponer a las fuerzas de la contrarrevolución, y la tesis de que se puede construir una economía socialista con la participación de grandes capitales que controlan sectores claves de la economía son iguales de antiguas, como las sostenidas por teóricos revolucionarios, y nunca han podido ser demostradas como certeras, pues la dinámica económico social en el capitalismo lo han impedido con graves consecuencias para el pueblo explotado y oprimido.
En lo inmediato, el aspecto más progresivo de la reforma constitucional lo constituye el hecho de que le ha permitido a las masas obreras y populares UNIFICARSE A NIVEL NACIONAL TRAS EL OBJETIVO DE DISCUTIR QUE PAIS TIENE Y CUAL QUIERE. Esto implica la movilización de millones de hombres y mujeres del pueblo discutiendo sobre su destino, que es el nuestro, cuestionando lo que tienen. Y en esta medida, representantes de la burguesía y sectores de esta, opuestos a la reforma, se han lanzado en una campaña contra la Reforma Constitucional, entendiendo el peligro que entraña para ellas el que las masas discutan su presente y futuro, ayudando a hacer más interesante la participación y discusión en el seno del pueblo, desde donde han empezado a surgir críticas y propuestas alternativas que van desde la puntuales sobre el cambio en un articulado sobre si el responsable de la seguridad industrial es solo del estado o de los empresarios, pasando por el cuestionamiento de la sola reelección presidencial, hasta el que no se plantee pasar de una vez por todas al socialismo y por lo tanto se debe plantear que todas las palancas de la economía deben ser nacionalizados bajo control obrero.
La incorporación del pueblo a discutir su presente y su futuro es el aspecto más progresivo pero no el único. Arriba hemos señalado, particularizando algunos de esos otros elementos reivindicativos concretos y políticos democráticos que tienen un elemento potenciador de las contradicciones de clase, que debemos saber apreciar y apoyar ubicadas en el contexto de la lucha de clases que estamos asistiendo en el país, para no limitarnos mecánicamente a las mismas.
Nuestra posición
Como hemos dicho, la propuesta presidencial introduce una serie de elementos económicos y políticos que no son socialistas y no marcan el camino seguro hacia su consecución. Pero son propuestas que introducen una serie de contradicciones en el seno de la sociedad venezolana que van a generar nuevos y más profundos enfrentamientos con el imperialismo y la burguesía nativa, quienes van a reafirmar su determinación de combatir al gobierno de Chávez hasta su derrocamiento y desaparición y con él, del proceso revolucionario que lo sustenta.
Para nosotros como revolucionarios esta es una buena oportunidad para expresar nuestras ideas como parte de nuestra labor de educación política, acompañando a las masas en su experiencia y combatir a su lado esas nuevas agresiones de los enemigos de la revolución que no por ser tan solo tocados superficialmente se van a quedar sin pelear. En esta medida podremos ir aprendiendo y enseñando la veracidad de nuestras propuestas alternativas.
Chávez ha dicho que algunos dirigentes con experiencia le han aconsejado que no siga los pasos de la revolución rusa o cubana, y por ello su cautela y respeto por la propiedad privada. Pues bien, tan solo nos queda decir que ante esta posición respetable, nosotros vamos a seguir insistiendo que mientras subsista la propiedad privada capitalista en cualquiera de sus variantes, la explotación del hombre por el hombre, no podremos llegar al puerto del socialismo y los hechos nos darán la razón así como se lo dieron a Trotsky en 1917.
Un último elemento
En cuanto a la forma de votación de la Reforma planteada por Chávez, tenemos que señalar que el método de votación en bloque no nos parece el mejor, pues no nos permite separar los artículos que compartimos de los que no, desde el punto de vista de clase. Pero ese no es el punto central hoy, ni en lo político ni en lo temporal. Hasta tanto no se resuelva legalmente el método, nosotros plantearemos la oportunidad de que se voten separadamente y de que se modifiquen las propuestas para que de una vez por todas marquemos el paso hacia el socialismo. En este sentido llamamos a otras organizaciones y militantes revolucionarios por el socialismo a acordar propuestas de articulados concretos, para presentarlos como alternativas a los ya propuestos por el presidente de la República. Se han dado pasos adelante en este sentido, pero hay que fortalecerlos.
Apenas estamos en los comienzos de la discusión y ya los motores se están calentando. Las perspectivas son las de que el ambiente se caliente aún más y de que algunos sectores reformistas y burocráticos intenten cortar la discusión. Los sectores revolucionarios debemos intervenir para partiendo del nivel de conciencia de la masas, de su propia experiencia saber explicar las limitaciones teóricas y políticas que tiene la propuesta planteada, inclusive tomando en cuenta las propias palabras del presidente de que con la reforma no se va a llegar al socialismo, cuando el mismo nos dijo durante la campaña electoral y en los meses subsiguientes que teníamos que alcanzarlo pronto, pues el capitalismo es la causa principal de los problemas que sufre el pueblo.
Tenemos el deber de intervenir de manera educativa y no sectaria. Debemos intervenir para unificar a importantes dirigentes sociales, en la medida que se desarrolle la discusión y la vivencia del pueblo, que vayan comprendiendo las limitaciones de la reforma planteada, para que se sumen a impulsar propuestas en positivo en función de darnos la fortaleza debida que nos permitan trascender del capitalismo hacia el socialismo no en un mañana incierto sino en un presente real.
Estamos conscientes que esto solo será posible en la medida que construyamos una corriente socialista revolucionaria disciplinada y coherente a nivel nacional, vinculada al pueblo explotado y oprimido, que sepa marchar unido para acrecentar esa conciencia revolucionaria que ha tenido expresiones puntales el 12-13A, durante el lockout del 2D, el 15 de agosto cuando el referéndum y en luchas como la de los trabajadores de Sanitarios Maracay. Desde El Topo Obrero te invitamos a unir fuerzas para construir esa corriente socialista revolucionaria.