En Suiza, las Islas Caimán, Antillas Holandesas… A pesar de lo declarado en sus campañas corporativas, el banco se sitúa entre las empresas con mayor actividad en zonas ‘off-shore’.
En la historia económica española queda la incógnita de hasta qué punto, cuando en 1999 decidieron fusionarse los bancos BBV y Argentaria, los directivos de este último eran conscientes de la dimensión que alcanzaban las cuentas secretas del que sería su nuevo socio. El ‘banco dentro del banco’ que poseía el BBVA quedaba al descubierto años más tarde tras una investigación de la Audiencia Nacional en 2002. En total, la caja B, abierta en 1987 en Jersey (Islas del Canal) y ampliada en 1991 en el paraíso fiscal de Liechtenstein, sumaba unos 37.343 millones de pesetas (224 millones de euros) de los cuales 3.500 se invirtieron en 22 fondos de pensiones a nombre de ex consejeros del BBV, pertenecientes a la élite económica del país, entre quienes se incluía al entonces presidente, Emilio Ybarra.
Desde entonces, la asociación mental de ideas entre BBVA y áreas de dudosa reputación fiscal ha sido un problema de imagen especialmente combatido por las campañas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del banco. Así, a propósito de estos paraísos, en 2005 el director de la Responsabilidad Social del BBVA, José Ángel Moreno, señalaba «el compromiso de la dirección del BBVA de ir reduciendo nuestra presencia en los mismos».
Desde entonces, las cifras ponen en duda la puesta en práctica de ese compromiso. El pasado mes de mayo, la revista Capital señalaba una lista de 27 sociedades del BBVA con sede en conocidos paraísos fiscales como Jersey o las Islas Caimán, o países como Luxemburgo o Suiza, que ofrecen un trato fiscal bastante ventajoso. Con ello, junto a Telefónica y Repsol, el Bilbao Vizcaya Argentaria se sitúa entre las tres empresas españolas del Ibex 35 con mayor presencia en estas áreas.
Lejos de cualquier control
Sin preguntas sobre el origen del dinero, con legislaciones fiscales laxas, cuando no inexistentes, y lejos del control de las administraciones, las ventajas de mantener estas cuentas superan con creces el daño que pueda causar a la imagen del banco.
Ante estas prácticas también las autoridades españolas miran hacia otro lado. Según denunció en 2006 el Grupo de Acción Financiera Internacional, la legislación no establece prohibición alguna para mantener relaciones comerciales con las sociedades- pantalla. Tampoco el Gobierno español cuenta con una estimación sobre las sociedades que sirven de pantalla a las empresas españolas en paraísos fiscales. El motivo de la falta de control lo explicaba la investigadora de Economía Bibiana Medialdea (DIAGONAL nº 15): «La función de los paraísos fiscales no es una consecuencia indeseada del funcionamiento del sistema, vinculada con la delincuencia y el blanqueo de capitales. La existencia de los paraísos fiscales es consustancial y necesaria para la lógica de las finanzas».
En esa línea, el pasado marzo se hacía visible cómo los pecados fiscales del BBVA no han de temer duras represalias judiciales. Después de cinco años la Audiencia Nacional resolvía el escándalo de las cuentas secretas. El fallo del tribunal declaró la nulidad de las actuaciones y el archivo del caso de las «cuentas secretas» por la «inexistencia de perjudicados». Los sí beneficiados, ex consejeros con fondos de pensiones millonarios procedentes de paraísos fiscales, respiraron con alivio.