Introducción La industria asociada a la extracción de los recursos naturales en América Latina lleva históricamente asociada la vulneración de los derechos sociales, económicos y culturales de la población que ocupan los territorios de donde se extraen estos recursos . Concretamente en Perú, la actividad extractiva minera (oro, cobre, zinc, plata) ocupa un lugar prioritario […]
Introducción
La industria asociada a la extracción de los recursos naturales en América Latina lleva históricamente asociada la vulneración de los derechos sociales, económicos y culturales de la población que ocupan los territorios de donde se extraen estos recursos .
Concretamente en Perú, la actividad extractiva minera (oro, cobre, zinc, plata) ocupa un lugar prioritario en la economía de este país. La urgencia por aprovechar las imposiciones del mercado global de países «ricos» en recursos naturales como Perú, pero «pobres» en índices de desarrollo humano y de estabilidad política, conducen a los gobiernos a promover y proteger la inversión extranjera, a costos muy bajos en lo económico y muy altos en lo social y ambiental.
El gobierno peruano ofrece a las grandes empresas trasnacionales mineras (empresas de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Australia, Reino Unido) marcos jurídicos y tributarios muy favorables, exentos de una legislación ambiental que regule los posibles impactos de esta actividad y de una legislación tributaria que conduzca a una mayor recaudación y a una mejor redistribución de los beneficios al país.
Esta inversión extranjera que el gobierno se preocupa en impulsar. no ha supuesto, en ningún caso, una mejora en las condiciones de vida de la población afectada por la minería, por contra, los contextos de actividad minera están asociados a las palabras pobreza, discriminación y vulnerabilidad de derechos:
• El derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano, derecho vulnerado por ejemplo con los índices no permisibles de plomo en un 98% los niños y niñas de La Oroya en Perú por efecto de la actividad minera de extracción de cobre de la empresa estadounidense Doe Run,
• El derecho al agua vulnerado al permitir actividades mineras en cabeceras de cuenca que limitan la calidad del agua para consumo humano y la cantidad de agua para consumo agrícola, por ejemplo con la extracción de oro a tajo abierto por la empresa estadounidense Newmont Coorporation en Cajamarca.
• El derecho a la libertad y seguridad personal de cualquier individuo vulnerado con las amenazas, persecución y vigilancia que sufren los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente y los miembros de comunidades que pacíficamente se manifiesta en defensa de sus derechos.
Esta situación ha provocado un clima de alta conflictividad social en las distintas regiones afectadas por la minería en Perú, conflictos asociados a violencia, represión y muerte de campesinos defendiendo su tierra, su agua y sus derechos en general.
Sin embargo, estos conflictos han provocado también que alrededor de la actividad minera haya aparecido un sinnúmero de movimientos sociales que intentan incidir en la construcción de un modelo de desarrollo alternativo, independiente de los recursos naturales. Estos movimientos sociales, con cierto pero insuficiente respaldo internacional, están siendo minimizados por el gobierno peruano y catalogados de comunistas, terroristas o asociados al narcotráfico.
Consulta Vecinal: Caso Majaz
En este contexto que hemos intentado simplificar a modo de introducción, el gobierno peruano concede licencia de operación a la empresa minera Majaz y su inglesa empresa matriz Monterrico Metals, con su proyecto Río Blanco en la sierra de Piura.
Dicho proyecto, destinado a la extracción de cobre y otros minerales, afecta las cuencas hidrográficas de la región, amenazando la vida y la actividad agrícola de las comunidades campesinas.
Por ello, las municipalidades de Ayavaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa, del departamento de Piura, en la sierra norte del Perú, convocan una consulta vecinal el pasado 16 de septiembre para que los ciudadanos de los 3 distritos respondan a la pregunta de si están de acuerdo o no con que se realice actividad minera en la zona.
Tras varios intentos de distintos organismos del Estado y del propio presidente de la República, hasta última hora, de desacreditar, deslegitimar e incluso anular la realización de esta consulta, finalmente prevalecieron las decisiones tomadas por organismos como el Consejo Nacional de Derechos Humanos, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE y las fiscalías de cada uno de los distritos, que reconocieron el derecho de las municipalidades a establecer mecanismos de participación ciudadana, amparados por la Ley Orgánica de Municipalidades.
Tras este intento de represión política y mediática de la consulta, la dimensión de la misma cobra mayor importancia que la que tenía en un principio. Ya no sólo es importante la afirmación o negación de los deseos e intereses de una población frente al caso Majaz, sino que esta consulta se convierte ahora en una poderosa herramienta para decirle al país que la población rural de esos distritos existe y que tiene los mismos derechos que el resto: un derecho a decidir sobre su futuro y sobre el modelo de desarrollo para su región, siendo, de esta forma, protagonistas por una vez de la política nacional y de un participativo y representativo modelo democrático.
Los miles de campesinos caminaron y esperaron pacientemente durante horas para poder ejercer su derecho al voto. Una espera caracterizada por la desproporcionada presencia de dispositivo policial que dormía en las instalaciones de los colegios del distrito.
Las mismas instalaciones educativas que el ministerio de educación no dio permiso para utilizar como centros electorales y cuyos directores no quisieron ofrecer por miedo a posibles represiones.
De esta manera, el comité electoral organizador, tuvo que acondicionar los estadios municipales como únicos centros de votación.
Como ya muchos saben y como ya muchos sabían, la respuesta a la pregunta sobre si estos pueblos quieren que se desarrolle la actividad minera en su distrito, fue contestada en un 94.3% con un rotundo NO, respaldado por un exiguo pero suficientemente representativo 60.27% de participación, de media entre los tres distritos consultados.
Hasta aquí el camino ha sido difícil, quienes lo convocaron y quienes participaron en su organización deben estar satisfechos pues el pueblo habló y se expresó en un clima pacífico, pero lo más difícil viene ahora.
Algunos desde el gobierno y medios de comunicación se atreven a decir que la consulta no ha sido representativa por la baja participación y que los pocos que participaron lo hicieron influenciados por ONG’s internacionales enemigas del «desarrollo» y de la inversión en el Perú.
Otros desde un plano más ofensivo, dicen que el proceso ha sido una farsa, desoyendo de esta manera no sólo los informes de los 25 observadores internacionales que declaran la transparencia del proceso sino que faltan el respeto a las casi veinte mil personas que manifestaron su opinión con innegables dosis de compromiso y responsabilidad.
El carácter no vinculante de esta consulta, impide que la decisión del pueblo vete la actividad minera en la zona, pero no debe impedir reconocer la ilegalidad de la presencia del proyecto minero Majaz en la zona, que está ocupando ilegalmente los terrenos de las comunidades.
La ilegalidad de la ocupación proviene porque dos tercios de la asamblea comunal deben dar su aprobación antes de que la superficie sea utilizada por empresas mineras. Según se ha constatado en esta consulta, la aprobación de los 2/3 de la población, no existe.
Esta consulta lamentablemente, sólo ha conseguido abrir más la brecha y radicalizar aún más las posturas. Unos defienden la inversión extranjera minera como motor del desarrollo económico del país y defienden que los minerales son propiedad del Estado Peruano y no de unos pocos pobladores.
El resto se pregunta como se apuesta por una inversión minera sin asegurar antes la existencia de una autoridad ambiental independiente, aún más necesaria cuando es el ministerio de energía y minas quien fiscaliza ambientalmente los proyectos y al tiempo fomenta las inversiones. Después están también los argumentos más humanos, menos políticos, argumentos provenientes de los principales afectados de fuerte oposición al proyecto justificada a lo largo de los años del proceso a través de argumentos como:
➢ Más de 250 comuneros que han sido denunciados penalmente por participar en protestas contra Majaz,
➢ Dos miembros de las rondas campesinas han muerto,
➢ El proyecto minero está rodeado por lagunas que dan origen a ríos, bosques de neblina con animales en vías de extinción y páramos que sirven para captar y distribuir las aguas de la región.
Si Majaz no se ejecuta, sería el tercer gran proyecto minero, después del Quilish en Cajamarca y Tambo grande en Piura, que se da marcha atrás por la fuerte oposición popular. No sabemos si el gobierno de Alan García estará dispuesto a permitir este nuevo precedente pero de cualquier forma esperemos que como hasta ahora no haga falta la violencia que se empleó en los dos últimos y que el diálogo entre empresa y gobiernos municipales, regionales y nacionales fluya en la dirección que beneficie a la población que ejerciendo sus plenos derechos, ha emitido su opinión.
El autor pertenece a la Asoc. Catalana de Ingenierías Sin Fronteras – Perú