Para no seguir reproduciendo la desigualdad de género, los gobiernos deben implementar políticas integrales que reconozcan, por ejemplo, el trabajo no remunerado de las mujeres, según un informe de la Cepal sobre el cumplimiento del tercer Objetivo de Desarrollo para el Milenio (ODM). Los ocho grandes ODM fueron fijados por la Asamblea General de la […]
Para no seguir reproduciendo la desigualdad de género, los gobiernos deben implementar políticas integrales que reconozcan, por ejemplo, el trabajo no remunerado de las mujeres, según un informe de la Cepal sobre el cumplimiento del tercer Objetivo de Desarrollo para el Milenio (ODM).
Los ocho grandes ODM fueron fijados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2000 en su sede de Nueva York, con plazos casi todos ellos en 2015 y tomando como referencia los indicadores de 1990.
El primer compromiso de las también llamadas metas del milenio es abatir la pobreza extrema y el hambre a la mitad de los registros de 1990, al que le siguen lograr la enseñanza primaria universal, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/sida y otros males, garantizar la sostenibilidad del ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
El tercer ODM es promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer en tres dimensiones: económica, política y física (violencia y ejercicio de los derechos reproductivos).
La meta asociada a este objetivo es «eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015».
Los cuatro indicadores fijados para medir su cumplimiento son la relación entre niñas y niños en todos los niveles educativos, la relación entre las tasas de alfabetización femenina y masculina de personas entre 15 y 24 años, la proporción de mujeres en empleos no agrícolas y la representación parlamentaria.
«Si se analizan los indicadores oficiales, hay un progreso en el cumplimiento del tercer ODM en América Latina y el Caribe. Pero éste es lento e insuficiente», dijo a IPS Sonia Montaño, jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Por ello, la experta cree que «es necesario ponerle atención a las otras dimensiones» abordadas en el informe titulado «Objetivos de Desarrollo del Milenio 2006: Una mirada a la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer en América Latina y el Caribe», presentado este martes en Santiago.
El documento de 151 páginas, elaborado por las agencias que componen el sistema de ONU, analiza, además de la meta y los cuatro indicadores oficiales, tres complementarios y siete adicionales.
«Los indicadores del tercer ODM muestran algunos avances (sobre todo en educación y representación parlamentaria), aunque una mirada más amplia muestra una realidad más compleja», señaló José Luis Machinea, secretario ejecutivo de la Cepal, al comenzar la presentación.
Algunos de los indicadores complementarios y adicionales incluidos son el empleo femenino en sectores de baja productividad, las diferencias de salario entre hombres y mujeres y la cantidad de horas diarias dedicadas a los quehaceres del hogar.
También la incidencia de las leyes de cuota en la representación de las mujeres en los parlamentos, la demanda insatisfecha de planificación familiar los porcentajes de fecundidad no deseada y de violencia física, sexual o psicológica.
En 2004, la gran mayoría de los países de la región habían alcanzado la paridad en la educación primaria, mientras que en los niveles secundario y terciario se advertía una mayor matrícula femenina que masculina, dice el informe.
La situación en el ámbito laboral no es igual de auspiciante: la participación femenina en empleos no agrícolas pasó de 38 por ciento a 48 por ciento entre 1990 y 2004. En promedio, 40 por ciento de las mujeres urbanas y 53 por ciento de las rurales carecían de ingresos propios en 2005 y los salarios de las féminas eran 30 por ciento menores a los de los hombres.
En 2005, alrededor de 30 por ciento de los hogares de 12 países de la región tenían jefatura femenina, porcentaje que se eleva a 36 por ciento en el caso de los hogares indigentes, los cuales disponen de menos recursos para satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes que aquellos encabezados por hombres.
Asimismo, el número de mujeres de escasos recursos supera el de los hombres. Más aún, el informe señala que el índice de feminidad en la pobreza ha aumentado de 108 a 112 mujeres por cada 100 hombres en hogares pobres entre 1994 y 2005.
Al tratar de construir su perfil, Machinea señaló que hay más mujeres pobres entre las separadas, viudas, solteras y aquellas que viven en hogares monoparentales.
¿Cuál es el aspecto más destacado del informe? «Creo que es la primera vez que se le presta atención central al trabajo no remunerado como factor del desarrollo», comentó a IPS Montaño.
Según el estudio, 27 por ciento de las mujeres de la región son «amas de casa», mientras que 13 por ciento de las ocupadas trabaja en el servicio doméstico. La remuneración que reciben por esa labor equivale a 40 por ciento de la obtenida en otras ocupaciones femeninas.
«El informe tiene la virtud de poner en evidencia que, si no hay políticas públicas que reconozcan el trabajo doméstico de las mujeres y que permitan que hombres y mujeres participen en igualdad de condiciones en el mercado laboral, vamos a seguir reproduciendo la desigualdad de género», explicó Montaño.
El documento advierte que el trabajo no remunerado y de cuidado, asignado socialmente a las mujeres, es uno de los factores centrales de la desigualdad de género, ya que afecta negativamente tanto su vida privada como pública.
Las políticas públicas recomendadas en este ámbito son «fortalecer la provisión de servicios de cuidado en la esfera pública», «rectificar el sesgo existente en la legislación laboral sobre licencias y guarderías, actualmente dirigidas solo a las mujeres» y «reformar los sistemas previsionales con el fin de que el trabajo no remunerado de cuidado sea reconocido en los esquemas de protección social y de pensiones para la vejez».
Asimismo, se sugiere «ratificar y aplicar el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadores con responsabilidades familiares».
Montaño destacó «el esfuerzo que está haciendo Chile al incorporar una perspectiva de género en su actual reforma al sistema de previsión social», que incluye, por ejemplo, la entrega de una pensión mínima a las amas de casa a partir de los 65 años.