(2’04» / 487 Kb) – La decisión del gobierno federal de comprar tierras para acelerar el ritmo de la reforma agraria es motivo de crítica dentro del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Según la coordinación del movimiento, la compra es responsable por la sobrevalorización del precio de la tierra en algunas regiones […]
(2’04» / 487 Kb) – La decisión del gobierno federal de comprar tierras para acelerar el ritmo de la reforma agraria es motivo de crítica dentro del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Según la coordinación del movimiento, la compra es responsable por la sobrevalorización del precio de la tierra en algunas regiones del país y se trata de una política de compensación social que no saca a los campesinos de la pobreza.
La coordinación del MST afirma que el gobierno gasta más de US$ 500 millones por año con la compra de tierras que podrían ser desapropiadas. Según el profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la USP – Universidad San Pablo -, Ariovaldo Umbelino, el gobierno de Lula ha utilizado el instrumento de la compra de tierras más que su antecesor, Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
La actualización de los índices de productividad rural es una reivindicación de los movimientos sociales. Los datos actualmente en vigor son los del censo agropecuario de 1975. Ariovaldo explica cómo esto genera una distorsión en la evaluación de cuáles son las propiedades productivas.
«La productividad media de la soja prevista en la legislación actual es de 1,2 toneladas por hectárea, mientras hoy el promedio brasileño está en tres toneladas. Eso ya es un ejemplo de que hubo un avance tecnológico y de que los indicadores de productividad de la ley actual (de 1975) están muy debajo de lo que es la realidad del país.»
Ariovaldo afirma también que, aun con la actualización de los índices, eso sólo no ayudará a la reforma agraria, pues si son aplicados los nuevos índices – que están siendo discutidos por el gobierno – pocas propiedades serían desapropiadas. Para el profesor, la solución pasa por una cuestión de voluntad política.