Nuevamente el presidente Chávez despotrica contra los colectivos populares y organizaciones de izquierda del país. Específicamente contra los grupos sociales que hacen vida en las parroquias Catia y 23 de enero. Ya después de la conmemoración del 27 de febrero había realizado acusaciones similares, y cuestionado la consigna central de una marcha convocada por la […]
Nuevamente el presidente Chávez despotrica contra los colectivos populares y organizaciones de izquierda del país. Específicamente contra los grupos sociales que hacen vida en las parroquias Catia y 23 de enero. Ya después de la conmemoración del 27 de febrero había realizado acusaciones similares, y cuestionado la consigna central de una marcha convocada por la Asamblea Popular de Caracas, que rezaba: «No queremos que nos gobiernen, queremos gobernar».
Más allá de las actitudes vanguardistas de algunas de estas organizaciones, que se retrataron encapuchadas y hasta haciendo alarde de armas, métodos y políticas que no compartimos, en el día de ayer, el Presidente en cadena nacional expuso al odio público a las organizaciones sociales de esas parroquias caraqueñas, acusándolas alegremente de «terroristas», y de realizar «actos de vandalismo», como el paro revolucionario llevado a cabo por diversas organizaciones populares del oeste de Caracas, en protesta por los allanamientos y persecución policial contra reconocidos dirigentes sociales de esa zona de la capital.
El Presidente hace acusaciones temerarias al afirmar ante las cámaras de televisión que estos grupos y organizaciones están financiados por la CIA, y que además serían parte de una «campaña de provocación» de la derecha venezolana. Chávez, echando mano de su infalible «revolucionarómetro», afirmó que los miembros de estas organizaciones «no son revolucionarios, son terroristas dándole armas al enemigo».
Estas declaraciones fueron precedidas por un artículo publicado en el diario VEA el pasado 2 de abril, en el que se hace una acusación parecida contra los trabajadores de Sidor y otros sectores sociales que luchan, tildándolos de «contrarrevolucionarios».
Llama la atención que en momentos que el gobierno de Bush discute la posibilidad de incluir a Venezuela en la lista de países terroristas, el presidente Chávez utilice este mismo expediente contra las organizaciones sociales y políticas que hacen vida en el 23 de enero. Le recuerdo al Presidente, que mientras él era oficial en aquel ejército que ametrallaba los bloques del 23 y otros barrios populares de Caracas y del país, ya muchos de esos colectivos luchaban contra los gobiernos adecos y copeyanos, y enfrentaban la represión de la Policía Metropolitana y de la Guardia Nacional.
Realmente son insólitas las afirmaciones del presidente Chávez. Pareciera que se le olvidara que esos mismos colectivos que hoy estigmatiza como «terroristas» y «financiados por la CIA», eran los mismos que junto al pueblo se jugaron la vida en Puente Llaguno y en Fuerte Tiuna. Para rescatarlo de los golpistas en abril del 2002 no eran terroristas, tampoco lo fueron durante los dos meses del paro patronal y el sabotaje a PDVSA.
En el marco del proceso revolucionario el gobierno ha creado una perversa y distorsionada matriz de opinión según la cual hacer paros, huelgas, movilizaciones independientes y autónomas, no convocadas por el comandante, cerrar calles, son acciones desestabilizadoras, golpistas o contrarrevolucionarias, que supuestamente le hacen el juego a la derecha y al imperialismo.
Pues no Presidente, usted se equivoca. Una cosa es que la derecha oligárquica y sus partidos lacayos del imperialismo intenten derrocar a un gobierno legítimo elegido por el pueblo, y liquidar el proceso revolucionario, y para ello realicen güarimbas y otras acciones violentas, a lo que nos enfrentaremos en las calles, como lo hicimos en el pasado reciente, y otra muy distinta es que el pueblo y los trabajadores luchen por sus derechos, y por reivindicaciones que no terminan de materializarse por más que usted hable de socialismo a cada paso.
La sociedad no está dividida solamente entre «escuálidos» y «chavistas», en realidad, está dividida en clases sociales. Por una parte la burguesía y el imperialismo y por otra los trabajadores y el conjunto del pueblo explotado y oprimido que ha luchado a brazo partido en defensa de este proceso, a riesgo de su propia vida, pero que no termina de verle el queso a la tostada.
Los colectivos populares del 23 de enero que ayer trancaron los accesos a esa populosa parroquia capitalina, hastiados de los allanamientos y la represión de la Disip; los trabajadores de Sidor reprimidos por la Guardia Nacional; los obreros de Sanitarios Maracay que luchan por el control de esa empresa en medio del total desentendimiento del gobierno; los petroleros que se batieron el año pasado contra la meritocracia roja, rojita, en defensa del contrato colectivo; los humildes trabajadores de la planta de tratamiento de desechos sólidos de Mérida; los de ULA TV, que se enfrentan a la rancia oligarquía copeyana que dirige los destinos de la Universidad de los Andes; los pobladores de las principales ciudades que luchan por vivienda; los campesinos que pelean por tierra, contra la desidia gubernamental y contra los sicarios pagados por los terratenientes; los empleados públicos que tienen 4 años sin contrato colectivo, no son contrarrevolucionarios, ni terroristas, ni mucho menos están financiados por la CIA. Son luchadores honestos que lo defendieron a usted Presidente, contra el golpismo, pero que exigen sus derechos aún insatisfechos en el marco del proceso revolucionario.
Movilizarnos y luchar de forma autónoma por nuestras reivindicaciones no es un delito, no es terrorista ni contrarrevolucionario. La lucha por el socialismo verdadero, sin patronos, burócratas ni corruptos bolivarianos -y no esta caricatura llamada «socialismo del siglo XXI», que de socialismo tiene muy poco-, está indisolublemente ligada a la pelea por lograr satisfacer las necesidades más inmediatas, como salario digno, vivienda, educación, salud, empleo genuino, tierras, contratación colectiva, libertad y autonomía sindical. Por ello, luchar por aumento de salario similar a la canasta familiar, por escala móvil de salarios, para enfrentar la inflación y el desabastecimiento; empleo genuino y no precario, como el que prevalece en la administración pública; por la defensa de la autonomía de los sindicatos o por el derecho a la contratación colectiva, no son meras luchas económicas, por el contrario, son parte de la pelea por el socialismo y por el ejercicio directo del poder por parte de los trabajadores y el pueblo.
Ya es hora de acabar con ese mito de que movilizarnos, hacer huelgas y paros le hace el juego a la derecha y al imperialismo. Lo que sí le hace el juego a la contrarrevolución y a los enemigos endógenos y exógenos del proceso revolucionario es la política de colaboración de clases del gobierno del presidente Chávez, que se expresa en la amnistía aberrante para los golpistas, en las empresas mixtas, que convierten en socias del negocio petrolero a las transnacionales, o la flexibilización de las normas para importar mediante la cual los empresarios no necesitan presentar solvencias de INCE, Seguro Social y Ley de Política Habitacional, el desmontaje paulatino del control de precios de los alimentos, la represión que las policías estadales y la Guardia Nacional viene ejerciendo sistemáticamente contra los sectores en lucha, el desconocimiento del derecho a la contratación colectiva o a la autonomía de las organizaciones sindicales, consejos comunales y demás organizaciones sociales. No es la izquierda ni las organizaciones populares el enemigo.
Digámoslo sin eufemismos y con todas las letras. Este no es nuestro gobierno, no es un gobierno «obrerista», como ha dicho el Presidente, ni es el gobierno del pueblo pobre y oprimido, aunque algunos lo hayan creído así en algún momento. Por el contrario, este es un gobierno burgués, montado sobre un monumental engaño. Una gran farsa vestida de rojo, y con un discurso embaucador que habla de un supuesto «socialismo del siglo XXI», mientras los banqueros siguen haciendo jugosos negocios -el propio Superintendente de Bancos ha dicho que ser banquero es el mejor negocio del país-, las transnacionales gringas, europeas, asiáticas, iraníes, rusas y chinas, se convierten en socias del Estado en el negocio petrolero; «amos del valle», como Alberto Vollmer se hacen pasar por «empresarios socialistas», y bancos que hasta ayer nadie conocía, crecen y se enriquecen, como es el caso del BOD y Fondo Común.
El proceso revolucionario ha entrado en una encrucijada. La derrota del gobierno el pasado 2D lo puso en evidencia. O avanzamos efectivamente hacia el socialismo mediante la conformación de un gobierno obrero y popular o la derecha se puede convertir en un peligro inminente. Aún estamos a tiempo. El pueblo y los trabajadores siguen movilizados y dispuestos a continuar luchando por la profundización del proceso revolucionario, pero para ello es necesario que nos dotemos de una herramienta política de lucha, y eso no lo será el PSUV, que nació enfermo de burocratismo y sigue controlado por el dedo presidencial.
Es urgente que los luchadores revolucionarios en todo el país, nos organicemos en un poderoso partido de los trabajadores, el pueblo y la juventud, que luche por nuestras reivindicaciones más urgentes como parte de la lucha por el socialismo y por un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo.