Cuando cientos de miles de personas se manifestaron en México el año pasado contra un incremento al precio de la tortilla, muchos analistas culparon a los biocombustibles. A causa de los subsidios del gobierno estadunidense, los granjeros de ese país dedicaban más hectáreas al maíz para etanol que para alimento, lo cual disparó los precios. […]
Cuando cientos de miles de personas se manifestaron en México el año pasado contra un incremento al precio de la tortilla, muchos analistas culparon a los biocombustibles. A causa de los subsidios del gobierno estadunidense, los granjeros de ese país dedicaban más hectáreas al maíz para etanol que para alimento, lo cual disparó los precios. Esta desviación del uso del maíz fue sin duda una causa de la elevación de precios, aunque probablemente la especulación de intermediarios con la demanda de biocumbustible tuvo mayor influencia. Sin embargo, a muchos se les escapó una pregunta interesante: ¿cómo es que los mexicanos, que viven en la tierra donde se domesticó el maíz, han llegado a depender del grano estadunidense?
La erosión de la agricultura mexicana
No puede entenderse la crisis alimentaria mexicana sin considerar que en los años anteriores a la crisis de la tortilla la patria del maíz fue convertida en una economía importadora de ese grano por las políticas de «libre mercado» promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Washington. El proceso comenzó con la crisis de deuda de principios de la década de 1980. México, uno de los dos mayores deudores del mundo en desarrollo, fue obligado a implorar dinero del banco y del FMI para pagar el servicio de su deuda con bancos comerciales internacionales. El precio de un rescate fue lo que un miembro del consejo ejecutivo del BM describió como «intervencionismo sin precedente», diseñado para eliminar aranceles, reglamentaciones estatales e instituciones gubernamentales de apoyo, que la doctrina neoliberal identificaba como barreras a la eficiencia económica.
El pago de intereses se elevó de 19 por ciento del gasto federal total en 1982 a 57 por ciento en 1988, en tanto el gasto de capital se derrumbó de 19.3 a 4.4 por ciento. La contracción del gasto gubernamental se tradujo en el desmantelamiento del crédito estatal, de los insumos agrícolas subsidiados por el gobierno, los apoyos de precio, los consejos estatales de comercialización y los servicios de extensión.
Este golpe a la agricultura campesina fue seguido por uno aún mayor en 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque dicho tratado consideraba una prórroga de 15 años a la protección de productos agrícolas, entre ellos el maíz, pronto comenzó a fluir maíz estadunidense altamente subsidiado, lo cual redujo los precios a la mitad y hundió al sector maicero en una crisis crónica. En gran medida a causa de ese acuerdo, México se ha consolidado como importador neto de alimentos.
Con el cierre de la entidad gubernamental comercializadora de maíz, la distribución de importaciones maiceras de Estados Unidos y del grano nacional ha sido monopolizada por unas cuantas comercializadoras trasnacionales, como Cargill. Eso les ha dado tremendo poder para especular con las tendencias del mercado, de modo que pueden manipular y magnificar muchas veces los movimientos de demanda de biocombustibles. Al mismo tiempo, el control monopólico del comercio doméstico ha asegurado que una elevación en los precios internacionales del maíz no se traduzca en precios significativamente más altos a pagar a los pequeños productores.
Cada vez resulta más difícil a los productores mexicanos de maíz eludir el destino de muchos otros pequeños productores en sectores como arroz, carne de res, pollo y cerdo, quienes se han venido abajo por las ventajas concedidas por el TLCAN a los productos subsidiados estadunidenses. Según un informe del Fondo Carnegie de 2003, las importaciones agrícolas de EU han dejado sin trabajo a 1.3 millones de campesinos, muchos de los cuales han emigrado al país del norte.
Las perspectivas no son buenas, pues el gobierno mexicano continúa en manos de neoliberales que desmantelan sistemáticamente el sistema de apoyo al campo.
Creación de la crisis del arroz en Filipinas
Que la crisis global de alimentos se origina en la restructuración de la agricultura por el libre mercado resulta más claro en el caso del arroz. A diferencia del maíz, menos de 10 por ciento de la producción mundial de arroz se comercializa. Además, en el arroz no ha habido desviación del consumo hacia los biocombustibles. Sin embargo, en este solo año los precios se han triplicado, de 380 dólares por tonelada en enero a más de mil dólares en abril. Sin duda, la inflación deriva en parte de la especulación de los cárteles mayoristas en una época de existencias escasas. Sin embargo, el mayor misterio es por qué varios países consumidores de arroz que eran autosuficientes se han vuelto severamente dependientes de las importaciones.
Filipinas ofrece un triste ejemplo de cómo la restructuración económica neoliberal transforma un país de exportador neto a importador neto de alimentos. Es el mayor importador mundial de arroz. El esfuerzo de Manila por asegurarse provisiones a cualquier precio se ha vuelto nota de primera plana, y las fotos de soldados que resguardan la distribución del cereal en comunidades pobres se ha vuelto emblemática de la crisis global.
Los trazos generales de la historia de Filpinas son similares a los de México. El dictador Ferdinando Marcos fue culpable de muchos crímenes y malos manejos, entre ellos no llevar adelante la reforma agraria, pero no se le puede acusar de privar al sector agrícola de fondos gubernamentales. Para paliar el descontento de los campesinos, el régimen les otorgó fertilizantes y semillas subsidiadas, impulsó mecanismos de crédito y construyó infraestructura rural. Durante los 14 años de su dictadura, sólo en uno, 1973, se tuvo que importar arroz debido al extenso daño causado por tifones. Cuando Marcos huyó del país, en 1986, había 900 mil toneladas métricas de arroz en los almacenes del gobierno.
Paradójicamente, los siguientes años de gobierno democrático vieron encogerse la capacidad de inversión gubernamental. El BM y el FMI, actuando por cuenta de acreedores internacionales, presionaron al gobierno de Corazón Aquino para que diera prioridad al pago de la deuda externa, que ascendía a 26 mil millones de dólares. Aquino accedió, aunque los economistas de su país le advirtieron que sería «inútil buscar un programa de recuperación que sea consistente con el pago de la deuda fijado por nuestros acreedores».
Entre 1986 y 1993, entre 8 y 10 por ciento del PIB salió de Filipinas cada año en pagos del servicio de la deuda. Los pagos de intereses en proporción al gasto gubernamental se elevaron de 7 por ciento en 1980 a 28 por ciento en 1994; los gastos de capital cayeron de 26 a 16 por ciento. En suma, el servicio de la deuda se volvió la prioridad del presupuesto nacional.
El gasto en agricultura cayó a menos de la mitad. El BM y sus acólitos locales no se preocupaban, porque un propósito del apretamiento del cinturón era dejar que el sector privado invirtiera en el campo. Pero la capacidad agrícola se erosionó con rapidez, el riego se estancó, y hacia finales de la década de 1990 sólo 19 por ciento de la red caminera del país estaba pavimentada, contra 82 por ciento en Tailandia y 75 por ciento en Malasia. Las cosechas eran anémicas en general; el rendimiento promedio de arroz era de 2.8 toneladas por hectárea, muy debajo de los de China, Vietnam y Tailandia, donde los gobiernos promovían activamente la producción rural. La reforma agraria languideció en la era posterior a Marcos, privada de fondos para servicios de apoyo, que habían sido la clave para las exitosas reformas de Taiwán y Corea del Sur.
Como en México, los campesinos filipinos enfrentaron la retirada en gran escala del Estado como proveedor de apoyo. Y el recorte en programas agrícolas fue seguido por la liberalización comercial; la entrada de Filipinas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) tuvo igual efecto que la firma del TLCAN para México. La membresía en la OMC requería eliminar cuotas en las importaciones agrícolas excepto arroz, y permitir que cierta cantidad de cada producto ingresara con bajos aranceles. Si bien se permitió al país mantener una cuota en importaciones de arroz, tuvo que admitir el equivalente a entre uno y 4 por ciento del consumo doméstico en los 10 años siguientes. De hecho, a causa del debilitamiento de la producción derivado de la falta de apoyo oficial, el gobierno importó mucho más que eso para compensar una posible escasez. Esas importaciones, que se elevaron de 263 mil toneladas en 1995 a 2.1 millones en 1998, deprimieron el precio del cereal, lo cual desalentó a los productores y mantuvo la producción a una tasa muy menor a la de los dos principales proveedores del país, Tailandia y Vietnam.
Las consecuencias del ingreso de Filipinas a la OMC barrieron con el resto de la agricultura como un tifón. Ante la invasión de importaciones baratas de maíz, los campesinos redujeron la tierra dedicada a ese cultivo de 3.1 millones de hectáreas en 1993 a 2.5 millones en 2000. La importación masiva de piezas de pollo casi acabó con esa industria, en tanto el aumento de importaciones desestabilizó las de aves de corral, cerdo y vegetales.
Los economistas del gobierno prometieron que las pérdidas en maíz y otros cultivos tradicionales serían más que compensadas por la nueva industria exportadora de cultivos «de alto valor agregado» como flores, espárragos y brécoles. Poco de eso se materializó. El empleo agrícola cayó de 11.2 millones en 1994 a 10.8 millones en 2001.
El doble golpe del ajuste impuesto por el FMI y la liberalización comercial impuesta por la OMC hizo que una economía agrícola en buena medida autosuficiente se volviera dependiente de las importaciones y marginó constantemente a los agricultores. Fue un proceso cuyo dolor fue descrito por un negociador del gobierno filipino durante una sesión de la OMC en Ginebra: «Nuestros pequeños productores agrícolas son masacrados por la brutal injusticia del entorno del comercio internacional».
La gran transformación
La experiencia de México y Filipinas se reprodujo en un país tras otro, sujetos a los manejos del FMI y la OMC. Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 14 países descubrió que los niveles de importaciones agrícolas en 1995-98 excedieron los de 1990-94. No era sorprendente, puesto que uno de los principales objetivos del acuerdo agrícola de la OMC era abrir mercados en países en desarrollo para que absorbieran la producción excedente del norte.
Los apóstoles del libre mercado y los defensores del dumping parecieran estar en extremos opuestos del espectro, pero las políticas que propugnan producen el mismo resultado: una agricultura capitalista industrial globalizada. Los países en desarrollo se integran en un sistema en el que la producción de carne y grano para exportación está dominada por grandes granjas industrializadas como las manejadas por la trasnacional tailandesa CP, en las que la tecnología es mejorada continuamente por avances en ingeniería genética de firmas como Monsanto. Y la eliminación de barreras tarifarias y no tarifarias facilita un supermercado agrícola global de consumidores de elite y clase media, atendidos por corporaciones comercializadoras de granos como Cargill y Archer Daniels Midland, y minoristas trasnacionales de alimentos como la británica Tesco y la francesa Carrefour.
No se trata sólo de la erosión de la autosuficiencia alimentaria nacional o de la seguridad alimentaria, sino de lo que la africanista Deborah Bryce-son, de Oxford, llama la «descampesinación», es decir, la supresión de un modo de producción para hacer del campo un sitio más apropiado para la acumulación intensiva de capital. Esta transformación es traumática para cientos de millones de personas, pues la producción campesina no es sólo una actividad económica: es un modo de vida milenario, una cultura, lo cual es una razón de que en India los campesinos desplazados o marginados hayan recurrido al suicidio. Se calcula que unos 15 mil campesinos indios han acabado con su vida. El derrumbe de precios por la liberalización comercial y la pérdida de control sobre las semillas ante las empresas de biotecnología son parte de un problema integral, señala Vandana Shiva, activista por la justicia global: «En la globalización, el campesino o campesina pierde su identidad social, cultural y económica de productor. Ahora un campesino es ‘consumidor’ de semillas y químicos caros que venden las poderosas corporaciones trasnacionales por conducto de poderosos latifundistas y agiotistas locales».
* Versión reducida del artículo a publicarse en la edición de The Nation (Nueva York) el 2 de junio. Se reproduce con permiso del autor.
** Walden Bello es analista y ex director ejecutivo del instituto de investigación y activismo Enfoque en el Sur Global, con sede en Bangkok.
Traducción: Jorge Anaya.