El 27 de mayo de 2008 los medios venezolanos anunciaban que el Ministro del Poder Popular de Comunicación e Información, Andrés Izarra, había puesto su cargo a la orden debido a diferencias relacionadas con su reciente instrucción de comercializar la señal televisiva del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que es utilizada por otros canales. […]
El 27 de mayo de 2008 los medios venezolanos anunciaban que el Ministro del Poder Popular de Comunicación e Información, Andrés Izarra, había puesto su cargo a la orden debido a diferencias relacionadas con su reciente instrucción de comercializar la señal televisiva del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que es utilizada por otros canales. Al parecer el cobro que propuso por usar la programación estatal no fue bien recibido en algún nivel político, a pesar de que ello forma parte de sus atribuciones como rector de las políticas comunicacionales. Una de sus razones parecía fundamentarse en un intento de frenar la manipulación mediática ejercida cotidianamente por el canal privado Globovisión, en donde recurrentemente se editan a conveniencia fragmentos descontextualizados de noticias emitidas por el canal VTV. A pesar de esta intención los contenidos emitidos por el Presidente de Venezuela, el principal blanco de las críticas, habrían seguido estando disponibles a cualquier reportero sin mediar pago alguno (1). Contradictoriamente los empresarios capitalistas denigran abiertamente del enfoque comunicacional del canal del Estado, pero diariamente utilizan su señal sin pagar por el servicio audiovisual, con lo que se ahorran grandes cantidades en su labor de ocultar lo positivo y resaltar lo negativo. Esto ocurre en medio de un enfrentamiento mediático entre dos modelos de desarrollo, el progresista de VTV y el neoliberal de Globovisión, en un escenario que puede considerarse como parte sustancial de la guerra de cuarta generación entre la comunicación muy incipientemente socialista y la comunicación afianzadamente capitalista.
Dicha decisión ministerial no parece haber sido la más adecuada debido a que restringir la reutilización de la producción audiovisual por medio de la imposición de un pago implicaría asumir la lógica del contendiente. Además, sea cual sea la cifra que los dueños de los medios privados hubieran tenido que pagar, que sería bastante barata, cualquier pago resultaría viable si políticamente fuese necesario para sus fines de perpetuar el discurso globalizador. En el otro lado de la balanza, el intercambio de tipo comercial con un canal resaltante pudiera hacer creer a los comunicadores emergentes que se les impediría a todos los canales alternativos o comunitarios el acceso a la señal del canal del Estado, fuente que les puede servir para completar una parrilla de programación que suele serles difícil de llenar. Aunque la medida destinada a Globovisión realmente no iba a afectar a los pequeños canales, la jugada sirvió para sugerir un supuesto ataque a la libertad de expresión. Detrás de este razonamiento está la tradicional doctrina restrictiva del derecho de autor o copyright, que otorga al ente creador de un programa la potestad de autorizar a terceros para que lo exhiban en otras frecuencias distintas a la de VTV, ya sea mediando un pago o por otro tipo de convenio. Esto quiere decir que bajo la dinámica del mercado aquel canal que deseara retransmitir contenidos elaborados por VTV debería tramitar una licencia bajo condiciones onerosas, generando ingresos para el Estado. Ello insertaría a los funcionarios gubernamentales en un papeleo aún más burocrático y comercial, que no debería mantenerse en la gestión de un canal público de televisión en un país petrolero donde los recursos se obtienen por otra fuente. Adicionalmente, si el Estado empezara a recibir cierto dinero de quienes mediáticamente intentan derrocarlo, el interés económico pudiera en el futuro desvirtuar las decisiones de los futuros gerentes, ya que el sector desestabilizador sería a la vez un cliente.
Para evitar dicha distorsión actualmente existen tendencias relativas a los derechos intelectuales que buscan el libre flujo de contenidos por medio de licencias alternas. Estas licencias facilitan a terceros el uso de materiales que usualmente se han manejado por medio de las leyes tradicionales del derecho de autor. Un ejemplo de las alternativas en el ámbito del software libre es la Licencia Pública General (GPL, según sus siglas en inglés), otro ejemplo alterno en el área literaria o artística son las licencias Creative Commons (que en ocasiones pueden mantener las restricciones o en otros casos pueden adoptar características bastante libertarias). Esta búsqueda de un mecanismo mas abierto también puede y debe aplicarse al ámbito televisivo. En ese caso se establecería que cualquiera podrá copiar y usar los videos transmitidos por VTV sin tener que tramitar alguna autorización, si esto se hace sin fines de lucro, lo que ahorrará muchas diligencias a sectores en desventaja como son los medios de comunicación alternativa. Así se eximiría a la mayor parte de los productores revolucionarios de atender los requisitos que existen en las negociaciones que si tienen fines comerciales. Haciendo un balance: desde hace siglos tanto los que deseaban utilizar una obra con fines de lucro (como es el caso de Globovisión que tiene accionistas que buscan un beneficio) así como los que lo hacían sin fines de lucro (por ejemplo para producir voluntariamente un material educativo), debían pedir permiso. Contrariamente a esto las licencias alternas hoy permiten que cualquiera use la obra si cumple con ciertos requisitos desinteresados (por ejemplo el caso de un cine-club universitario) y sólo los que tuvieren un ejercicio comercial deberían hacer los trámites ante VTV (por ejemplo una empresa productora que procesa noticias). Lo revolucionario de esto es que aquel que se beneficia mantiene sus obligaciones mediadas por documentos firmados, bajo el compromiso de pagos proporcionales al pietaje utilizado, mientras que el desinteresado ciudadano común y las ONG´s solidarias, incluso las que pudieran tener algún ejercicio financiero alejado del enriquecimiento, pueden prescindir de estas diligencias y bajarían el costo de la innecesaria autorización a cero.
Lo anterior resolvería el dilema de Izarra, de lograr cierto resguardo de los contenidos emitidos por la institucionalidad pública, es decir manteniendo en ciertas circunstancias un ‘valor de cambio’, que permita recuperar los costos y restringir un poco la sobreutilización tendenciosa de los mensajes gubernamentales. Es decir, el que desee aplicar por un uso comercial deberá negociar. Paralelamente, bajo circunstancias distintas se mantiene libre el ‘valor de uso’ que seguirá estando a la disposición de muchas pequeñas iniciativas audiovisuales nacionales o latinoamericanas (incluyendo la importante difusión de la televisora pluriestatal suramericana Telesur). Debemos reconocer que hoy día la señal de VTV es ampliamente criticada y utilizada por canales adversos como Globovisión de Venezuela, Foxnews de EE UU, RCN de Colombia, Grupo Prisa de España, Televisa de México, entre otros; mientras que por otro lado a VTV todavía le falta un mayor reflejo positivo entre las programaciones de los grandes canales latinomericanos, que deberían constituir un apoyo a una nueva visión endógena de nuestra realidad informativa regional.
Compitiendo bajo el sistema oligopólico de las comunicaciones internacionales corporativas no podremos remontar la cuesta, ni podremos superar las desventajas estructurales y culturales que someten a los canales progresistas a una eternización de las desventajas por medio del sistema tradicional del derecho de autor o copyright. Para que el cambio cultural avance se hace necesaria la aplicación de otra lógica comunicacional, ya que con las herramientas legislativas del sector opresor no podremos desmontar la maquinaria que fue construida por y para ellos. Aunque el uso gratuito de la programación de VTV, por parte de grandes o pequeños productores, pareciera que generaría pérdidas económicas en las cuentas del canal estatal venezolano, hay que considerar que el objetivo de la nueva gestión audiovisual debe mantenerse en la satisfacción de derechos humanos, sean individuales o colectivos, siendo la prestación del servicio un simple medio para ese fin. La verdadera ganancia de una distribución gratuita y masiva de la señal televisiva venezolana se logrará al facilitar la replicación masiva del discurso de la solidaridad en comunidades del país o del exterior donde el Ministerio de Comunicación e Información no tiene cobertura. De ello se ocuparía un enjambre de dispersas iniciativas autogestionadas por los mismos interesados en participar más allá de un rol de espectadores. Esta facilidad en la replicación del discurso es crucial para hacer efectivo un mensaje que es relevante para la supervivencia de una tendencia emancipadora. Es decir, la decisión debe ser política y no financiera, aspecto que seguramente Izarra tomó en consideración al evaluar la situación.
A continuación es pertinente emitir ciertas observaciones apreciativas, acotando que el autor de estas líneas no está familiarizado con detalles del entorno del Ministro y que la información disponible para este breve análisis corresponde a lo disponible en la prensa nacional. Independientemente de las fundamentadas razones que Andrés Izarra haya tenido para solicitar el pago a Globovisión, e independientemente de que el caso se haya manejado adecuadamente o no, hay que considerar que su actitud en el pasado ha sido acorde con los intereses de la mayoría y que el poner su cargo a la orden constituye un gesto en donde muestra que se responsabiliza por sus acciones. Aunque haya otras personas capacitadas en el gabinete para sustituirlo parece poco recomendable prescindir de la experiencia de personas como él, que bajo situaciones de presión y amenaza durante el golpe de Estado de 2002 no cedieron ni traicionaron a los televidentes. Seguramente el impasse reciente que ocupa estas páginas debe ser más complejo de lo que aparece en la prensa, ya que deben estar interviniendo factores muy diversos vinculados con sectores muy poderosos. El haber adoptado una medida que voluntaria o involuntariamente parece estar relacionada con el sistema internacional de la propiedad intelectual es algo más común de lo que parece, incluso en una gestión revolucionaria como la que se perfila en Venezuela. Esto ocurre debido a que este tema es difícil, muy poco conocido y las medias-verdades se han estado incrustando en el inconsciente colectivo desde hace siglos.
Más que emitir una apología a una persona en particular hay que reconocer que el tema de los derechos de autor alternativos es ampliamente desconocido en la mayoría de los ministerios. Por otro lado, si se aceptara la renuncia del este ministro también deberían poner sus cargos a la orden diversos directivos de organismos públicos que manejan asuntos directamente relacionados con las artes, la educación, la ciencia y cualquier otra manifestación que implique la creación o manejo de obras intangibles. Siendo el sistema de la propiedad un campo minado, no se debería recriminar a priori al conjunto de personas que actualmente encabezan los entes gubernamentales, aunque hoy mantengan la privatización de la información, simplemente porque sabemos que todos han heredado una administración fundamentada en las corrientes monopólicas de un caduco modelo cultural consumista. Pero, a pesar del desconocimiento generalizado, si se les deberá reclamar a cada uno de ellos si en su subsiguiente desempeño no reorientan la difusión de los mensajes por medio de las opciones como el copyleft, es decir la contracorriente normativa con la que se comparten contenidos. Para ello todavía falta que muchos más ideólogos y líderes se sumen a promover el cambio requerido en materia de derechos intelectuales. Mientras tanto, lo más recomendable parece ser resolver este asunto particular mencionado aquí, para que gente como Izarra continúe en sus funciones, siempre que demuestre que aprovecharán la oportunidad de cambiar hacia una doctrina más acorde, asumiendo un licenciamiento gratuito y masivo del copyright manejado por el Estado. Esto aportaría en el vuelco de pasar de una defensiva mediática a la ofensiva auténticamente democratizadora.
Un licenciamiento flexible que permita a los particulares y a los numerosos canales comunitarios el uso expedito de la señal de VTV bajo cláusulas pre-aprobadas no solo es urgente, sino que parece ser algo mucho más prioritario que frenar el abuso de un sector comunicacional que de todas formas hallará la manera de tergiversar el mensaje gubernamental. Obviamente otros medios estatales, como por ejemplo Radio Nacional de Venezuela (RNV), también deberían evaluar esta alternativa de comunicación solidaria basada en licencias alternas, estrategia que a pesar de que desafía la legislación en materia autoral es algo totalmente legal y legítimo sin que se generen perjuicios para los creadores. Vale la pena insistir: esto no solo es un tema que atañe a la gestión del mencionado ministro, sino que es un tema de interés público que debería debatirse tanto en plenaria del gabinete ministerial, así como entre las incontables comunidades que disfrutan o sufren ante cualquier género de la denominada industria cultural. Además debemos recordar que según el Convenio de Berna (el más influyente acuerdo internacional en materia de derecho de autor y copyright) las informaciones de actualidad pueden emitirse sin restricciones (2).
A pesar de la solicitud de pago, el choque entre la comunicación potencialmente revolucionaria multiplicable y la omnipresente comunicación unilateral de los canales de televisión privada no ha sido manejado por el Ministerio de Comunicación e Información como si fuera un simple asunto comercial limitado por la propiedad intelectual. La información disponible muestra que se tiene conciencia de que la decisión tiene que ver con un asunto ético, para proteger la gestión, fundamentado en los derechos intelectuales de todas y todos (3). Sin embargo, no está de más resolver de una vez por todas el asunto de la prolongada privatización del intelecto que desde la época post-independentista afecta todo el intercambio y que debería contrarrestarse al divulgar exponencialmente con una libertad informativa de carácter horizontal.
La cultura libre debe implementarse ahora, con nuevas leyes y nuevos procederes, sin esperar que la cuarta flota suelte sus anclas en nuestras costas para imponer el modelo perverso de CNN.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS:
1 – Entre los argumentos de Globovisión Teresa Maniglia menciona que los empresarios alegan que la tarifa es excesiva, sin embargo «Por un error de tipeo en la comunicación enviada, se colocó como tarifa 120 Bs. F. X segundo, cuando la tarifa acordada es 120 Bs. F x minuto. Esto se informó. Al ajustar a la tarifa real, el costo que está cobrando VTV por una hora (Bs. F 7.200) es casi equivalente al promedio de lo que cobra Globovisión por transmitir una cuña de 30 segundos (Bs. F 6.000). Expresado de otra manera, el cobro que plantea VTV es de 60 Bs. F por 30 segundos, lo que representa apenas el 1% de lo que cobra dicho canal por el mismo tiempo.» (…) «La decisión deja abierta la posibilidad de que VTV haga excepciones en casos de actos de notorio interés público.» (…) «Quien se lucra es Globovisión. Se lucra, además, de forma antiética, porque usa las imágenes de VTV y cobra a sus anunciantes por algo que no hace.» (Tomado de http://www.aporrea.org/medios
2- El `Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas´ es el tratado plurinacional más influyente, el cual en su artículo 2, numeral 8, reza lo siguiente: «La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa» (Véase: http://www.wipo.int/treaties
3- Por instrucciones del Ministerio de Comunicación e Información el 29 de mayo VTV deja sin efecto medida de cobro por retransmisión (Véase http://www.aporrea.org/medios