La nueva legislación de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela desató hoy la polémica entre juristas y defensores de los derechos humanos, que consideran que no garantiza un proceso justo y promueve la delación anónima, y el gobierno del presidente Hugo Chávez, que la defendió como «necesaria». La nueva ley «nos acerca a lo que se […]
La nueva legislación de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela desató hoy la polémica entre juristas y defensores de los derechos humanos, que consideran que no garantiza un proceso justo y promueve la delación anónima, y el gobierno del presidente Hugo Chávez, que la defendió como «necesaria».
La nueva ley «nos acerca a lo que se conoce como Estado policía, al pretender convertir a todo ciudadano en un policía bajo el argumento del resguardo de la seguridad de la nación so pena de incurrir en un delito», afirmó Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos.
El texto, promulgado hace una semana para «proteger y garantizar la estabilidad, integridad y permanencia de la instituciones democráticas», crea cuatro entes de inteligencia y contrainteligencia civil y militar, y obliga a personas, empresas u organizaciones -privadas o públicas, nacionales o extranjeras- a colaborar con los servicios de inteligencia.
Además, estipula que la publicación de informaciones consideradas «confidenciales o secretas acarreará responsabilidades civiles, penales y administrativas», un supuesto que afectaría a la prensa.
Con esta ley, «cualquier actividad de la sociedad es o puede ser sospechosa de atentar contra la seguridad de la nación», afirmó a su vez Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El texto es «peligroso» porque «consagra la posibilidad de pruebas secretas» y permite a los cuerpos de inteligencia actuar sin orden judicial, además de que «le quita competencias al ministerio público para que tenga el monopolio de la acción y la investigación penal», apuntó.
Pero el ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, afirmó que la ley pretende, entre otra cosas, hacer frente a «hechos como la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país».
Chacín, quien fue uno de los redactores de la ley, la defendió como «necesaria» al argumentar que antes no existían normas para regular estos servicios y se cometían «atrocidades y atropellos», pero Nikken destacó que «una norma que pone a toda la sociedad al servicio de la inteligencia del Estado es una aberración».
Otro aspecto polémico es la forma en que fue aprobada, mediante decreto del presidente, gracias a los poderes extraordinarios que recibió del Parlamento para legislar en 2007.
Al respecto, Nikken recordó que los derechos humanos no pueden ser restringidos por decretos presidenciales sino por ley, y la ley, según la CIDH, significa norma emanada del Parlamento.
Chávez ha defendido la ley como «bien articulada y pensada» y garantizado que siempre se respetarán los derechos humanos. Asegura que servirá para articular los organismos de seguridad y defender la soberanía ante las «amenazas del imperio».
Pero el abogado constitucionalista Alberto Arteaga declaró a Globovisión que la ley es la expresión de un derecho penal de guerra y un instrumento poco inteligente que atenta contra el debido proceso, así como un paso más en el cerco que se ha tendidos a los derechos del ciudadano.
En otro asunto, los abogados del país marcharon hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia para expresar su rechazo a la decisión del máximo tribunal de anular la directiva del Colegio de Abogados de Caracas y nombrar una junta provisional «a dedo».