El ex embajador de Venezuela en Washington Bernado Álvarez calificó como una «posición absurda» la decisión de Estados Unidos de no «certificar» la lucha antidroga del país suramericano, y aseguró que tras el anuncio estadounidense hay un trasfondo político.
En declaraciones exclusivas ofrecidas en el estudio de TeleSUR, Álvarez aseguró que el hecho de que EEUU coloque a Venezuela y Bolivia en su lista negra de países que han «fallado manifiestamente» en la lucha contra el narcotráfico en el último año, «es la muerte de una crónica anunciada»
Esto «refleja la falta de compromiso de las autoridades norteamericanas para resolver el problema de narcóticos y la utilización política (de la certificación) con aquellos gobiernos que, por una u otra razón, no están de acuerdo con ellos. Están tratando de deslegitimar y desprestigiar a esos gobiernos», dijo.
El diplomático venezolano aseguró que la medida, anunciada por el presidente George W. Bush en la tarde de este martes, «refleja una política absurda que, en lugar de resolver el problema de drogas en el mundo, lo ha incrementado».
Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo, mientras que Afganistán y Colombia, una nación invadida y la otra la principal aliada norteamericana en Sudamérica, que recibe millones de dólares de Washington, son los dos mayores productores del mundo.
El presidente George W. Bush notificó este martes al Congreso la «lista negra» de los países reprobados o «descertificados», que este año incluye a 20 naciones, de las cuales 14 son de Latinoamérica y el Caribe.
Bush dijo que Bolivia y Venezuela han «fallado manifiestamente» en la lucha contra el narcotráfico en los últimos doce meses, por lo que no recibirán la «certificación» del Congreso estadounidense.
Venezuela, líder en lucha antidroga
Bernardo Álvarez recordó que Venezuela, país que ha sido reconocido por Naciones Unidas como el cuarto mayor luchador contra las drogas en 2007, ayuda en materia de prevención de este delito a 37 países.
Venezuela «deporta como nadie a narcotraficantes. Proporcionalmente tiene a más detenidos que otros países, y realiza más decomiso que en otros naciones. Entonces, es más que obvio que se trata de una doble moral», dijo el diplomático.
Añadió que la decisión dada a conocer este martes por Bush no cayó de sorpresa, «porque sabíamos desde la semana pasada que eso venía, es algo preparado».
«Yo creo que lo bueno en esta oportunidad es que (la descertificación) se combina con toda esta situación de intervencionismo e injerencia en Venezuela y Bolivia, y se ve más obvio que nunca que esta determinación es puramente política», insistió Álvarez.
Agregó que Venezuela y otros países se dan cuenta que el camino para combatir la droga es alejarse de esos supuestos procesos de cooperación, como los de la DEA.
«Ese planteamiento de que nadie puede estar en la lucha contra la droga, y ellos tienen el modelo para luchar, eso no ha resuelto para nada el problema en el mundo, y hay una verdadera crítica que ese modelo no funciona», señaló.
Consideró que Estados Unidos, que primero condena e impone sanciones y luego mantiene su «ayuda para la defensa de la democracia», en realidad buscar dirigir ese dinero «para financiar actividades políticas ilegales y acciones desestabilizadoras».
Bolivia: Certificación es un pretexto
En contacto simultáneo en directo a TeleSUR, el ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, dijo por su parte que la decisión norteamericana es un pretexto porque «en el fondo está el mecanismo del control político».
No obstante, opinó que «este mecanismo de certificación unilateral, anacrónico, que no corresponde con los tiempos que vive América Latina, es un mecanismo ineficaz, porque a diferencia de otras épocas no constituye una forma de control político en nuestros países que puedan tener resultados».
Señaló que Estados Unidos no ha tenido éxito en su política para controlar la droga, porque «ahora los países han fortalecido su soberanía y tienen un sentido de defensa nacional».
Aseguró que en Bolivia, el Gobierno define el mecanismo antidrogas de manera soberana, racionalizando los cultivos de hoja de coca en consenso con los productores.
«El pueblo ve los resultados y está muy contento. Vamos a fortalecer los mecanismos para el control de los narcóticos, pero «no porque Estados Unidos lo dice, sino por el sentido de defensa nacional que tenemos», refirió Alfredo Rada.
Reunión histórica
Álvarez fue designado por el presidente Hugo Chávez, el representante por Venezuela para integrar la comisión de líderes de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, que prestará ayuda a Bolivia, y el primer paso que se dará es «prestar apoyo incondicional e incluso logístico para evitar la desestabilización».
Calificó la reunión extraordinaria de los líderes de la Unasur, realizada este lunes en Argentina, como » histórica que en el tiempo se verá su propia dimensión».
«Se dan los primeros pasos para abortar un golpe de estado en Bolivia. El camino ahora es un respaldo activo, el reconocimiento pleno de la democracia boliviana, el apoyo incondicional e incluso el apoyo logístico», señaló.
«Yo creo que con mi designación el mensaje es que no hay tiempo que perder, y lo que se espera que nombre los otros representantes de otros países para ponernos al servicio del gobierno boliviano», señaló.
Alfredo Rada también dijo que «necesitamos de Unasur una colaboración en cuanto al apoyo del transporte aéreo», para tener mayores resultados en la lucha contra el narcótico.
Vuelve la calma a Bolivia
Respecto a la situación interna boliviana, el ministro Rada aprovechó la oportunidad para anunciar que el golpe de estado cívico prefectural «ha fracasado, y que ya comenzaron a reestablecerse todas las condiciones de democracia en el país».
«Los prefectos deberán replegarse de todas las instituciones públicas que tomaron» durante acciones violentas protagonizadas en el departamento de Pando y otras regiones del país.
Dijo que la derecha extremista recibió un duro golpe, primero con la expulsión del país del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, luego el estado de sitio, y ahora los prefectos deberán garantizar el pleno funcionamiento de sus regiones, subrayó.