Movido por la curiosidad y mi afán de veracidad, he leído el informe que la ONG Human Rights Watch, ha hecho público el 18 de septiembre en Caracas, por medio de José Miguel Vivanco, su director y que, como consecuencia de ello, ha sido expulsado del país. La lectura, al menos para mí, parte de […]
Movido por la curiosidad y mi afán de veracidad, he leído el informe que la ONG Human Rights Watch, ha hecho público el 18 de septiembre en Caracas, por medio de José Miguel Vivanco, su director y que, como consecuencia de ello, ha sido expulsado del país.
La lectura, al menos para mí, parte de unos presupuestos que ponen bajo sospecha el enfoque y todo lo que dice el informe. El Informe admite como necesaria, positiva y válida la Constitución que, en 1999, el pueblo de Venezuela y el Gobierno Chávez aprobaron. Reconoce que los gobiernos anteriores -desde cuándo- estaban corruptos y habían echado raíces profundas en sectores de la sociedad, que ejercían dominio, monopolio y disfrutaban de privilegios inmorales.
El informe olvida, y es lo que condiciona todo su estudio posterior y lo hace carecer de credibilidad, que el gobierno de Chávez, elegido y apoyado mayoritariamente por el pueblo, comenzaba una nueva época de cambio, respaldado por esa Constitución, a favor precisamente de los más desfavorecidos y humillados. El informe desestima por completo lo que este cambio iba a suponer en determinados sectores de esa sociedad que vivían de espaldas al pueblo y la gobernaban con manipulación y ausencia de él.
El informe no valora lo que la oposición despiadada y agresiva de esos sectores iba a significar para llevar adelante el cambio y les da, de entrada y en todo, la razón. Para ella, todo son derechos, ningún fallo o corrupción y, por supuesto, ninguna obligación en la creación de la nueva revolución bolivariana. Como si la oposición fuera nueva o surgiera de la nada y no viniera marcada por los vicios de lo que siempre demostró ser y fuera a aceptar de buena gana el contenido real de la Constitución.
Es seguro que no todo lo hecho por Chávez y sus gobiernos ha sido bueno y correcto, pero ha hecho muchas, muchas cosas buenas en favor del pueblo, (de lo cual no dice absolutamente nada el Informe) que suponían mermar los privilegios y abusos de los que siempre mandaron. Y esos abusos y privilegios había que revisarlos, cercenarlos por imperativo de la Constitución. En el informe nada se atribuye al egoísmo, ambición o excesos de la oposición y cualquier intervención del gobierno, se la califica a priori vejatoria, represora y transgresora de los derechos humanos, sin que con objetividad se aduzcan datos y razones.
Pensar que la nueva situación de Venezuela -al igual que en Bolivia- nace de una voluntad democrática pura, en que todos comienzan a caminar desde cero, sin una historia de dominadores y opresores por delante, es una abstracción y una mentira deliberadamente callada, y que es la clave que explica los conflictos que están surgiendo. Los beneficiados y liberados por la nueva Democracia y Constitución la aplauden y aceptan gozosamente, pero para quienes ven en entredicho los «derechos» de su pasado, se sienten «agredidos y discriminados». Lógicamente, el informe de la HRW opta por imputar a Chávez todas estas «discriminaciones», sin analizar que es la nueva situación democrática con su nueva Constitución las que imponen el cambio y «discriminación» contra los que siempre e impunemente discriminaron.
No sé quiénes componen la ONG Human Rights Watch, cuál es su apadrinamiento ideológico, ni quiénes están detrás. Y quizás sea mejor así. Pero una simple lectura pone al descubierto el sesgado enfoque de todo el documento y su predeterminada voluntad de achacar todos los males a Chávez. Una cosa es clara: no hay análisis riguroso e imparcial, equilibrado, y sí una contraria posición hacia los más pobres, o mejor, empobrecidos. Por más que D. Jorge Castañeda escriba lo contrario. ¿Para qué quería Venezuela un nuevo Cambio y Constitución si todo debía seguir igual?
– Benjamín Forcano es sacerdote y teólogo.