Algunos políticos cuestionan su propio sueldo y hablan de congelarlo, pero el problema de fondo de las retribuciones directas e indirectas y de las demás prerrogativas no se menciona y ni se toca. Qué difícil resulta saber dónde comienza la apuesta por el contenido social y democrático de cada político y en dónde terminan los […]
Algunos políticos cuestionan su propio sueldo y hablan de congelarlo, pero el problema de fondo de las retribuciones directas e indirectas y de las demás prerrogativas no se menciona y ni se toca. Qué difícil resulta saber dónde comienza la apuesta por el contenido social y democrático de cada político y en dónde terminan los intereses personales que algunos -o muchos- tienen montados. Aunque más difícil resulta aún preguntar a cualquier político qué hace y para qué trabaja o, incluso, para quién.
La prueba del nueve -la que se hacía cuando no había calculadoras- es muy simple, se trata de preguntar a cada uno ¿Qué hacía usted antes de ser concejal, alcalde, senador, diputado…?
En la promoción económica que alcanzaron -o no- al tocar la política está la respuesta, es decir, el salto cualitativo y cuantitativo que la mayoría de ellos dieron se convierte en juez y delator de su verdadero oficio en la política. Y no menos representativo y sorprendente es cómo y a dónde van cuando dejan la política, si es que la dejan.
Pero, no sólo hay que referirse al salario del escaño o cargo que resulta de unas elecciones sino, también, a los empleos fleco que se derivan del puesto político obtenido. Basta recordar la ola de privatizaciones de los Servicios Públicos que pasan directamente a manos privadas o a sociedades mercantiles constituidas con dinero público. En cualquiera de estas sociedades es necesario nombrar a todo el equipo de gobierno comenzando por el gerente, consejeros, directores y al resto de la plantilla necesaria para realizar el servicio ahora privatizado. Pero, aquí, los nombramientos son a puro dedo, ya no hay Concurso Oposición ni nada parecido y tampoco importa que la sociedad mercantil creada S.A. o S.L. sea y se constituya con dinero público porque la gestión de la Sociedad escapa al control del Pleno Municipal, del Congreso Autonómico o Nacional o del organismo público que la nombra quedando bajo la responsabilidad del político o políticos del área correspondiente, pero siempre, bajo una custodia personal, pero no institucional.
Poder, gestión, designaciones y nombramiento quedan así bajo una gran sombra y al margen de cualquier control público y de los órganos administrativos -funcionarios- que la Administración posee. Ahora se trata de una sociedad mercantil que de hecho se comporta como tal: maximizar beneficios y calidad la justa, cuando no bajo mínimos. Así es que en esta situación las cuentas no quedan claras ni para la Administración ni para los plenos municipales o parlamentos de quién, teóricamente, debieran depender.
En cada ayuntamiento o en cada comunidad regional o autonómica se pueden dar docenas de nombres de empresas constituidas con dinero público que tienen, de hecho, una gestión completamente privada y también se pueden dar centenas de nombres propios de políticos a techados en esas empresas de servicios públicos privatizadas o no. Y no vale decir que como todo es al servicio de la cosa pública ya es suficiente porque en ningún caso hay que dar nada por sobreentendido. Los cargos en estas empresas no son desinteresados y menos en sus consejos de administración.
Es decir, que la alarma y el mea culpa por los sueldos que reciben los políticos -tan elevados como injustificados- sólo son la punta del iceberg ya que al margen quedan los gastos, las dietas, las retribuciones indirectas y, sobre todo, la participación, de hecho, en estas empresas públicas o en las privatizadas a modo de consejeros, asesores o de cualquier otra forma incluida la de los parientes y amigos.
Tiempo de crisis, el paro supera el 11% pero en sus filas no se encontrará a político alguno, ni aunque el país vaya a la quiebra. Ni siquiera son responsables de la situación; la crisis les resulta ajena como si la política económica y fiscal y su regulación legislativa no les incumbiera. Pero, ahora sí, han de guardar las apariencias y se congelan el sueldo como si los demás, a los que dicen representar, no tuvieran ya congelado sueldo, empleo y hasta las expectativas.